“Ante la falta de reacción de nuestros respectivos gobiernos, queremos expresar nuestro profundo repudio a la acción represiva ejecutada durante las jornadas del 13 y 14 de diciembre en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires” denunciaron hoy en un comunicado las integrantes de la Red de Feministas Políticas de Latinoamérica y el Caribe. Así, voces feministas del todo el continente sentaron posición frente a la descomunal represión desplegada durante el miércoles y el jueves pasado contra quienes se oponían a la sanción en la Cámara de Diputados de la reforma previsional, que busca ajustar los haberes de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
La Red de Feministas Políticas de Latinoamérica y el Caribe es una versión renovada de la organización con el mismo nombre nacida en Vº Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en San Bernardo, en noviembre de 1990. La Red, nacida ese año, fue muy activa en las discusiones de cupos femeninos y planes de igualdad en Latinoamérica durante esa década y se disolvió en 2001.

En noviembre pasado, por impulso de María José Lubertino (ex presidenta del INADI y Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires) durante el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Montevideo, las antiguas miembros de la red volvieron a reunirse. Entre ellas estuvieron Liliana Soto (ex candidata a la presidencia de Paraguay) y la senadora Carmen Beramendi del Frente Grande de Uruguay. A partir de ese reencuentro se sumaron jóvenes feministas uruguayas, chilenas, venezolanas, brasileras, peruanas, argentinas. “Como la idea es que haya un intercambio constante de lo que sucede en cada país en términos de género y políticos, las integrantes de la Red decidieron dejar sentada una posición con respecto a lo que pasó la semana pasada en nuestro país y enviar un mensaje de solidaridad de cara la gran manifestación de mañana”, relata María José Lubertino.

El comunicado, que se dio a conocer hoy, y que constituye una “declaración contra el avance represivo de los gobiernos neoliberales” de la región sitúa la feroz represión en el Congreso y las posteriores detenciones arbitrarias en contexto con otros hechos de violencia institucional como “la brutal represión del día 25 de noviembre en Río Negro contra manifestantes del pueblo mapuche, en que tuvimos que lamentar la muerte de Rafael Nahuel”, “la desaparición y muerte hasta hoy no esclarecida de Santiago Maldonado” y las “las irregularidades del enjuiciamiento de la militante indígena de Jujuy, Milagro Sala”.