La discusión sobre el aborto en Chile: perspectiva histórica

La discusión sobre el aborto en Chile: perspectiva histórica

por María Fernanda Lanfranco y Raúl Burgos 5 agosto 2015

El debate generado a raíz del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto bajo tres causales –inviabilidad fetal, riesgo de la vida de la madre y violación–, demuestra las múltiples aristas desde las que se puede analizar dicho tema. En este caso, los diversos argumentos se han centrado en puntos de vista éticos, jurídicos o políticos. Sin embargo, la discusión ha presentado escasa o nula atención a la dimensión histórica del problema, aspecto que resulta fundamental para comprender su importancia e implicación para las mujeres chilenas.
En el devenir nacional la valoración y las prácticas asociadas a la interrupción del embarazo se han transformado a lo largo del tiempo.  Ya desde los años 30 del siglo pasado se observa la discusión en torno a esta iniciativa, sin embargo, desde una perspectiva de la salubridad pública (reflejo de ello es la legalización del aborto terapéutico establecida en el Código Sanitario de 1931). En tal escenario, se considera la necesidad de controlar las tasas de mortalidad asociada a los abortos realizados en el país, cuestión que continúa dominando la discusión pública hasta la década del sesenta (Pieper, 2009; Zárate, 2012).
Asimismo, desde los años 50, en un contexto caracterizado por la preocupación por el desarrollo social y económico del país, junto al surgimiento del Servicio Nacional de Salud en 1952, el aborto era una práctica común usada como control de natalidad para la planificación familiar, antes de la masificación de otros medios anticonceptivos. Esto no significa que el acto de interrumpir un embarazo no fuese juzgado a nivel social, sin embargo, la difusión de esta práctica hacía que la condena resultara menos radical que en la actualidad (González, Ibáñez y Trabucco, 2009). Por otro lado, los fundamentos del rechazo al aborto se vinculaban a una valoración de la moral sexual (la sexualidad sin fines reproductivos) antes que en la protección de la vida del feto (Ibíd.).
Dicha perspectiva para comprender el aborto comienza a cambiar desde la década del setenta con el auge del movimiento feminista internacional reflejado, por ejemplo, en la organización de la primera Conferencia Mundial del año Internacional sobre la Mujer en 1975 y la declaración en esta instancia de la Década de las Mujeres de las Naciones Unidas (1975-1985). Sin embargo, mientras las mujeres en general adquirían nuevos derechos, en Chile fueron sujetas a nuevas regulaciones que comprometieron su salud y derechos reproductivos a través de la criminalización del aborto en cualquier circunstancia (Pieper, 2009). El contexto de dictadura militar y su política sistemática de violación de derechos humanos, generalmente asociada a la represión, tortura y asesinatos de miles de opositores al régimen, es el factor que permite que la nueva legislación omita cualquier marco de referencia que introduzca la perspectiva de los derechos de las mujeres ampliamente discutidos internacionalmente.

 Resulta incompleto un debate que no recoja el devenir histórico del aborto en la sociedad y las instituciones chilenas, y en especial en el sistema público de salud, como también indispensable detenerse en la justificación última de este: seremos capaces de concordar que estamos frente a un derecho humano de la mujer, en los términos en que lo ampara el derecho y la comunidad internacional o buscaremos una vez más, y como ha sucedido en tantos otros ámbitos de la vida nacional, una solución parcial y transaccional que al final de cuentas no resolverá uno de los problemas más importantes que afecta a la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestro país.

En este sentido, interesa destacar que el marco de la discusión actual sobre la interrupción del embarazo en Chile, reflejado en el carácter moderado de la propuesta del gobierno, no sólo es restrictivo en relación con los planteamientos consensuados internacionalmente respecto a los derechos humanos, sino también responde a una lógica argumentativa que posee historicidad y que, de ninguna manera, puede extenderse como una visión preponderante durante todo el siglo XX.
El fin de la dictadura y la profundización del orden democrático ha permitido que la participación e inclusión de los ciudadanos y ciudadanas, aún parcial e incompleta, sean propósitos compartidos por amplios sectores de la sociedad. Por tal motivo, el debate sobre el aborto abre la puerta a la “(…) discusión pública que no fue posible realizar en Chile durante la década de 1970 y de 1980, porque no había clase política y parlamentaria que la condujera: (…) al debate internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos que precisamente surgió en esas décadas” (Zárate, 2012).
De lo anterior se desprenden dos elementos importantes. En primer lugar, como sociedad, estamos desarrollando una discusión tardía en relación a los avances presentados en otros contextos. El correlato claro de esta situación se encuentra en lo restrictiva que resulta ser la legislación chilena en relación a otros países, aunque también es preciso reconocer que América latina como región, posee una de las políticas de salud reproductiva más restrictivas del mundo (Abortion and Reproductive Rights in Latin America: Implications for democracy, 2015).
En segundo lugar, se debe abordar la discusión desde la relación entre democracia y derechos humanos. La sociedad chilena y sus representantes políticos deben hacerse cargo de la necesidad de una política pública coherente que asegure la libertad, autonomía y dignidad de las mujeres a través del ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. Ello supone considerar como un elemento central la idea de que la salud y vida de las mujeres son un pilar fundamental de la democracia, y que la penalización actual del aborto somete a miles de mujeres a situaciones de riesgo que vulneran sus derechos y su dignidad como seres humanos (Albagly, 2009). Esto sin contar el hecho de que la evidencia rechaza la idea de que una legislación que penaliza el aborto tiene como resultado una disminución en su número (Daguerre, 2009; Abortion and Reproductive Rights in Latin America: Implications for democracy, 2015; Albagly, 2009).
De este modo, los planteamientos respecto a los derechos sexuales y reproductivos han sido validados por el sistema internacional de derechos humanos, en gran parte, gracias a los propios esfuerzos de las mujeres (Matamala, 2014). Desde una perspectiva histórica, destacar que la obtención de los derechos de las mujeres, y de cualquier otro colectivo social, siempre han sido conquistas fruto de la movilización social y política. Por ello, en nuestro caso, es importante visibilizar y valorar las acciones del movimiento feminista chileno, que busca posicionar en el debate público el discurso sobre los derechos sexuales y reproductivos como un elemento fundamental para alcanzar la justicia social desde la perspectiva de género, y reivindica una propuesta de aborto sin restricciones, seguro y gratuito.
Dicho interés no es particularmente novedoso y se alinea con las demandas de los movimientos feministas en otros lugares del mundo. Los feminismos desarrollados desde fines desde los años 70 bajo el poderoso eslogan “lo personal es político” situaron el aborto como una demanda central. Es más, los movimientos de liberación de la mujer se cohesionaron a escala nacional en diversos países a través de las campañas relacionadas con el aborto, las cuales permitían unir a través del género las experiencias diversas de mujeres de distintos orígenes, edades y clases sociales (Eley, 2002).
En este contexto, un aspecto relevante, y que puede resultar valioso para comprender la situación de nuestro país, es que las campañas por los derechos reproductivos siempre se vincularon con otros aspectos de la vida social como la economía, los derechos sociales, la familia y la igualdad doméstica. Bajo esta premisa, el problema del aborto no refiere exclusivamente al derecho individual a elegir la maternidad, a pesar de la importancia que presenta para derribar los estereotipos de género tradicionales. También comprende la cuestión de la reproducción y la crianza de las niñas y niños como un asunto de interés y responsabilidad colectiva.
Es, al menos problemático, que en una sociedad que envejece aceleradamente, la maternidad sea considerada como exclusiva responsabilidad de las mujeres y que esta tenga costos importantes en sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Por tal motivo, incluso en sociedades con legislaciones permisivas sobre el aborto, este no impide que la maternidad sea vista como un “castigo” en contextos laborales y que las mujeres sin hijos tengan más probabilidades de ser exitosas (Lewis, 2015). Así, la discusión sobre el aborto no solo implica luchar por el derecho a la interrupción del embarazo; también implica discutir las condiciones sociales y culturales bajo las que se ejerce la maternidad y la paternidad.
Finalmente, resulta incompleto un debate que no recoja el devenir histórico del aborto en la sociedad y las instituciones chilenas, y en especial en el sistema público de salud, como también indispensable detenerse en la justificación última de este: seremos capaces de concordar que estamos frente a un derecho humano de la mujer, en los términos en que lo ampara el derecho y la comunidad internacional o buscaremos una vez más, y como ha sucedido en tantos otros ámbitos de la vida nacional, una solución parcial y transaccional que al final de cuentas no resolverá uno de los problemas más importantes que afecta a la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestro país.