ARGENTINA: presa por un aborto espontaneoLBRUTALIDAD INSTITUCIONALIZADA
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|Martes, 19 de julio de 2016
|Martes, 19 de julio de 2016
Un número inédito de ong presentaron amicus curiae ante la Corte tucumana
Belén tiene quien la acompañe
Una decena de organizaciones de derechos humanos se presentaron para acompañar a la joven Belén, presa en Tucumán por un aborto espontáneo. La Corte provincial debe decidir sobre la libertad de la joven y la anulación del proceso.
Por Mariana Carbajal
De izquierda a derecha: Chillier, Gherardi, Barbagelata, García Rey, Páramo y Naddeo.
“Estuve mucho tiempo sola, muy sola y ahora siento la
fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe de que pronto se va a
hacer justicia por mí. Hace dos años y cuatro meses que no puedo estar
con mi familia, eso es lo que más lamento; que me hayan separado de
ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes”, escribió Belén, desde la
Unidad Penitenciaria N° 4 de Tucumán, donde está presa hace ya casi 900
días, tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. Sus
palabras fueron leídas ayer en el marco de la conferencia de prensa que
brindaron referentes de una decena de organizaciones comprometidas con
los derechos humanos, donde informaron sobre los fundamentos de los
amicus curiae que presentaron ante la Corte Suprema de Tucumán, para
pedir por la liberación de la joven, y la anulación de la “arbitraria” e
“injusta” condena en su contra a 8 años de cárcel por el delito de
homicidio agravado por el vínculo. “Es un hecho inédito que en un caso
de aborto se presenten esta cantidad de amicus”, destacó la ex diputada
María Elena Barbagelata, en representación de la Asociación de Abogados
de Buenos Aires (AABA).
El alto tribunal tucumano tiene que resolver la apelación presentada
por la abogada de Belén, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a
Decidir. Deza asumió la defensa después de que se conociera la condena.
El cuestionado fallo fue dictado el 19 de abril por la Cámara Penal III
de Tucumán. A Belén se le imputó haber matado a un supuesto bebé que
habría dado a luz en un baño del Hospital Avellaneda, al arrojarlo
intencionalmente por una cañería. No hay ninguna prueba que la vincule
con ese hecho, destacan los distintos amicus curiae.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, subrayó que la causa
contra la joven se originó con la violación del secreto profesional de
parte de médicos que la atendieron “y eso es suficiente para que la
Corte revierta la condena y la anule”. Natalia Gherardi, titular del
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, advirtió que “hay que mirar
el caso estructuralmente: lo que muestra es la violencia institucional
del sistema de salud”. Para las ONG, el caso de Belén es un botón de
muestra y esperan que signifique un punto de inflexión para desarmar una
cultura patriarcal enquistada en el sistema de salud y judicial que
atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El
viernes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidió al Estado
argentino que se revise el “caso de Belén”, a la luz de los estándares
internacionales en la materia, y se la libere.
Las ONG advirtieron que “el Estado, a través de los servicios médicos
y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y
humillación. De esa forma incumplió su deber de prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres”. En particular, los médicos la sometieron a
violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la
confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión
preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el
principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio. “Si se
mantiene su condena, la Argentina va a tener que responder
internacionalmente”, señaló Milena Páramo, del Comité de América Latina y
el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
“Belén no gozó de una defensa efectiva y eficaz. Según surge de su
propia declaración la joven sostuvo su inocencia en todo momento. Sin
embargo, la defensora oficial Norma Susana Bulacios, contradiciendo los
dichos de Belén, centró su defensa en la hipótesis de que era
inimputable por haberse encontrado en estado de inconsciencia y sin
dominio del acto, lo que el Tribunal interpretó como un tácito
reconocimiento de la materialidad del hecho”, indicó a Página/12 Celeste
Braga, de Innocence Project Argentina. En la conferencia de prensa
estuvo también el presidente de la entidad, el diputado radical Manuel
Garrido.
Los amicus curiae fueron presentados por Abogados y Abogadas del NOA
en DDHH y Estudios Sociales (Andhes), la APDH, la AABA, la Asociación
Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), CELS, Cladem, ELA,
IP Argentina y la diputada nacional Soledad Sosa, del bloque Frente de
Izquierda, en representación de referentes políticos, sindicales y de
los derechos humanos.También la Defensoría General de la Nación por su
parte y el Consejo Nacional de las Mujeres, se presentaron como
amicuscurie para reclamar la liberación de Belén.
La tragedia de Belén comenzó en la madrugada del 21 de marzo de 2014,
cuando llegó a la guardia del Hospital Avellaneda en busca de atención
médica por dolores abdominales. En un primer momento le suministraron un
calmante. Mientras se encontraba en la guardia, fue a uno de los baños
en dos oportunidades. Como en la segunda vez, regresó con una hemorragia
vaginal, la derivan al Servicio de Ginecología, donde el médico José
Daniel Martín, le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo de un
feto de aproximadamente 22 semanas. Así quedó asentado en su historia
clínica. Belén le dijo al médico que desconocía estar embarazada. Luego,
la jefa de Parteras, Marta Monje, por orden de Martín, fue con la
guardia policial del mismo hospital a los baños del hospital “a la
búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. Esa información debió
ser resguardada en función del secreto profesional. En un baño –existen
contradicciones acerca de cuál de ellos y hay varios– encontraron un
feto y automáticamente fue nombrado por los médicos, policías y
operadores de la justicia, como “hijo” de la joven, sin realizar en
ningún momento un análisis de ADN. Ese estudio nunca se hizo. Sobre la
edad gestacional del feto, la investigación penal también tiene serias
contradicciones que lo llevan desde menos de 15 semanas hasta 32. Ningún
profesional justificó en qué criterio basa sus apreciaciones. Belén fue
objeto de todo tipo de ofensas y malos tratos. Desde que despertó del
legrado, fue fuertemente coaccionada por parte de los funcionarios del
Hospital para que declare haber asesinado a su supuesto bebé. Se dio
intervención a la médica de la Policía, Marcela Sueldo, que desde un
inicio identificó a Belén como “homicida”: así lo consigna en el acta
policial suscripta entre las 6.45 a. y 7.05 am del 21 de marzo de 2014.
Incluso, a modo de escarmiento moral, el personal del Hospital dispuso
la internación de Belén en la sala de nacimientos, destinada a madres y
sus recién nacidos, donde se le puso una consigna policial, a pesar de
que dos profesionales del mismo hospital –la psicóloga Patricia Daniela
Bravo y la psiquiatra y Gladys Viviana Hansen de Tabuenca–, dieron
recomendaciones precisas orientadas a garantizar la contención emocional
de Belén durante la internación, y destacaron que tenía una “evidente
crisis de angustia” (conforme surge del informe suscripto por las
profesionales al director del hospital). Estando convaleciente fue
requerida para declarar como imputada. Y del hospital fue trasladada
detenida a la cárcel, donde todavía permanece.
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