POLONIA: ¿es un estado de derecho?
18 de marzo de 2018
Una Corte irlandesa cuestiona si todavía existe el estado de derecho en Polonia
La bomba atómica que tiró Dublín
La
desconfianza hacia el gobierno polaco, que trata de censurar a
PáginaI12, llevó a una jueza a negar una extradición de un
narcotraficante por falta de garantías. El caso fue enviado a la Corte
Europea.
El ex presidente de la Corte constitucional polaca Andrzej Rzeplinski, muy crítico con su actual gobierno.
Polonia
acaba de recibir lo que un juez llamó “una bomba atómica” desde un
lugar inesperado, el tribunal de apelaciones de Dublín, Irlanda. El
lunes, la juez Aileen Donnelly determinó que no podía aceptar la
extradición de un polaco, Artur Celmer, de vuelta a su tierra porque no
está segura de que Polonia siga siendo un estado de derecho. Para más
detalle, los cargos contra Celmer no son políticos sino penales, ya que
se lo acusa de ser un narcotraficante. Pero la jueza irlandesa le
refirió el tema a la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo para que le
aconseje qué hacer.
El lunes pasado, el Tribunal Superior de Dublín falló sobre el pedido de extradición contra Celmer, un ciudadano polaco detenido en Irlanda bajo cargos de ser un importante narcotraficante en su país. El Tribunal Superior es, en el sistema legal irlandés, la segunda instancia y la encargada de pedidos europeos de extradición. La jueza Donnelly negó el pedido de Polonia porque teme que la recientes y profundas reformas al sistema judicial en ese país “minaron la independencia de las cortes” y por eso “amenazan el estado de derecho”.
Estos cambios, dijo la jueza en su fallo, fueron “inmensos” y le hicieron cuestionar “si todavía existe la confianza mutua” que es la base del sistema europeo de extradiciones. “Parece que Polonia ya no acepta que existen valores comunes europeos que deben ser respetados”, escribió Donnelly, que hasta citó las críticas que le hizo a ese país la Comisión Europea en diciembre del año pasado. Por eso, la jueza le envió el caso a la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, pidiendo una opinión.
En Polonia, las reacciones se alinearon a favor y en contra del actual gobierno del partido de derecha Ley y Justicia. Los medios afines al gobierno y los sitios polacos de ultraderecha desataron una fuerte campaña contra la jueza, señalando en particular que es lesbiana. El nivel de insultos fue tal que la Asociación Irlandesa de Jueces y su contraparte europea respaldaron a Donnelly y repudiaron el nivel de insultos que recibió.
El ex presidente del Tribunal Constitucional polaco, el más alto del país, Andrzej Rzeplinski, aplaudió el fallo por ser “muy significativo por su contenido y por ser el primero de su tipo en la historia de la Unión Europea. La Corte Europea es la única que puede decidir una cuestión tan importante y resolver esta situación trágica que vivimos”. Otro ex juez constitucional, que pidió reserva de su identidad, le dijo al periódico irlandés The Irish Times que “el fallo es una bomba atómica y un buen día para el estado de derecho”. El ombudsman Adam Bodnar, un fuerte crítico de las reformas judiciales, dijo que “es una vergüenza que la pregunta que hace Irlanda exista, que un miembro de la Unión Europea tenga que preguntar algo así”.
Las reformas que la juez Donnelly mencionó en su fallo y que despertaron las críticas de la Comisión Europea concentraron mucho poder en el Ejecutivo a costa de la independencia del Judicial. El actual gobierno jubiló a jueces y funcionarios judiciales opositores, o que no fueran de su confianza, y bajó la edad jubilatoria de las juezas para poder librarse de varias en las que no confiaban. También cambió el sistema de nombramiento de magistrados, dándole más influencia al gobierno. Más crítico todavía, cambió la estructura interna judicial, aboliendo efectivamente el puesto de Fiscal General, que pasó a ser ejercido por el ministro de Justicia de turno.
El gobierno defiende estas reformas señalando que el sistema judicial no había sido cambiado desde la caída del comunismo. Pero críticos como el ex juez Rzeplinki dicen que la intención es “crear un cuerpo de jueces obedientes en lo político”. El mismo tipo de reformas fue realizado en la policía, el servicio civil, la oficina del ombudsman y el sistema de medios públicos, que perdió su autonomía.
Para la jueza irlandesa, las decisiones del partido Ley y Justicia “dañan sistemáticamente” la administración de justicia en Polonia porque introducen un fuerte elemento político en la cuestión. El premier polaco Mateusz Morawiecki defendió las reformas diciendo que sus críticos tienen “información parcial y fragmentaria” sobre lo que se hizo en su país. Morawiecki rechazó siempre las críticas de la Comisión Europea con el argumento de que son una intromisión en los asuntos soberanos de su país, y varias veces señaló a Alemania como la organizadora de estos cuestionamientos. Esta semana, el premier mostró un tono más moderado ante el inesperado problema venido de Dublín. Es que por un lado es difícil acusar de manipulación a un miembro de la Unión Europea que no es una potencia. Y por otro lado, Morawiecki tiene una relación especial con Irlanda y hasta fue Cónsul Honorario de ese país en Poznan.
Más allá de las reacciones del gobierno, el martes se vence el plazo para que Polonia conteste por escrito los cuestionamientos a su reforma judicial y sus ataques a la libertad de prensa ante la Comisión Europea. La Comisión, de hecho, le demandó a Polonia que demuestre que no existe “un claro riesgo de que haya una seria violación del estado de derecho”.
El lunes pasado, el Tribunal Superior de Dublín falló sobre el pedido de extradición contra Celmer, un ciudadano polaco detenido en Irlanda bajo cargos de ser un importante narcotraficante en su país. El Tribunal Superior es, en el sistema legal irlandés, la segunda instancia y la encargada de pedidos europeos de extradición. La jueza Donnelly negó el pedido de Polonia porque teme que la recientes y profundas reformas al sistema judicial en ese país “minaron la independencia de las cortes” y por eso “amenazan el estado de derecho”.
Estos cambios, dijo la jueza en su fallo, fueron “inmensos” y le hicieron cuestionar “si todavía existe la confianza mutua” que es la base del sistema europeo de extradiciones. “Parece que Polonia ya no acepta que existen valores comunes europeos que deben ser respetados”, escribió Donnelly, que hasta citó las críticas que le hizo a ese país la Comisión Europea en diciembre del año pasado. Por eso, la jueza le envió el caso a la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, pidiendo una opinión.
En Polonia, las reacciones se alinearon a favor y en contra del actual gobierno del partido de derecha Ley y Justicia. Los medios afines al gobierno y los sitios polacos de ultraderecha desataron una fuerte campaña contra la jueza, señalando en particular que es lesbiana. El nivel de insultos fue tal que la Asociación Irlandesa de Jueces y su contraparte europea respaldaron a Donnelly y repudiaron el nivel de insultos que recibió.
El ex presidente del Tribunal Constitucional polaco, el más alto del país, Andrzej Rzeplinski, aplaudió el fallo por ser “muy significativo por su contenido y por ser el primero de su tipo en la historia de la Unión Europea. La Corte Europea es la única que puede decidir una cuestión tan importante y resolver esta situación trágica que vivimos”. Otro ex juez constitucional, que pidió reserva de su identidad, le dijo al periódico irlandés The Irish Times que “el fallo es una bomba atómica y un buen día para el estado de derecho”. El ombudsman Adam Bodnar, un fuerte crítico de las reformas judiciales, dijo que “es una vergüenza que la pregunta que hace Irlanda exista, que un miembro de la Unión Europea tenga que preguntar algo así”.
Las reformas que la juez Donnelly mencionó en su fallo y que despertaron las críticas de la Comisión Europea concentraron mucho poder en el Ejecutivo a costa de la independencia del Judicial. El actual gobierno jubiló a jueces y funcionarios judiciales opositores, o que no fueran de su confianza, y bajó la edad jubilatoria de las juezas para poder librarse de varias en las que no confiaban. También cambió el sistema de nombramiento de magistrados, dándole más influencia al gobierno. Más crítico todavía, cambió la estructura interna judicial, aboliendo efectivamente el puesto de Fiscal General, que pasó a ser ejercido por el ministro de Justicia de turno.
El gobierno defiende estas reformas señalando que el sistema judicial no había sido cambiado desde la caída del comunismo. Pero críticos como el ex juez Rzeplinki dicen que la intención es “crear un cuerpo de jueces obedientes en lo político”. El mismo tipo de reformas fue realizado en la policía, el servicio civil, la oficina del ombudsman y el sistema de medios públicos, que perdió su autonomía.
Para la jueza irlandesa, las decisiones del partido Ley y Justicia “dañan sistemáticamente” la administración de justicia en Polonia porque introducen un fuerte elemento político en la cuestión. El premier polaco Mateusz Morawiecki defendió las reformas diciendo que sus críticos tienen “información parcial y fragmentaria” sobre lo que se hizo en su país. Morawiecki rechazó siempre las críticas de la Comisión Europea con el argumento de que son una intromisión en los asuntos soberanos de su país, y varias veces señaló a Alemania como la organizadora de estos cuestionamientos. Esta semana, el premier mostró un tono más moderado ante el inesperado problema venido de Dublín. Es que por un lado es difícil acusar de manipulación a un miembro de la Unión Europea que no es una potencia. Y por otro lado, Morawiecki tiene una relación especial con Irlanda y hasta fue Cónsul Honorario de ese país en Poznan.
Más allá de las reacciones del gobierno, el martes se vence el plazo para que Polonia conteste por escrito los cuestionamientos a su reforma judicial y sus ataques a la libertad de prensa ante la Comisión Europea. La Comisión, de hecho, le demandó a Polonia que demuestre que no existe “un claro riesgo de que haya una seria violación del estado de derecho”.
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