ARGENTINA: Juicio por los VUELOS de la MUERTE
Se tratan los casos de cuatro víctimas en este debate oral
Comenzó el juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo
Con algunos inconvenientes de conectividad comenzó el lunes el juicio para revisar las responsabilidades del condenado por múltiples delitos de lesa humanidad Santiago Riveros y otros cuatro exmilitares que enfrentan a la Justicia por primera vez, en los vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita, secuestros, torturas, allanamientos ilegales y homicidios. Aunque las víctimas se calculan por decenas, son sólo cuatro los casos que se tratarán en este debate oral: los de Rosa Novillo Corvalán, Roberto Arancibia, Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, cuyos cuerpos aparecieron en las costas del Río de la Plata y el mar argentino, fueron enterrados como NN en cementerios de la zona y, años después, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Bajo la dirección del presidente del Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín, Walter Venditti, la jornada comenzó por al vía remota, pero con más de una hora de demora por inconvenientes de conectividad de las partes. Se vieron acusados que se iban de cámara, interrupciones de servicios de internet que provocaban desconexiones a defensores y querellantes, intentos “caseros” de asegurar presencias para habilitar el comienzo del debate.
“Si quiere, señor presidente, puedo llamarlo y acercar mi teléfono a un parlante para que escuche, es casero pero la única solución que se me ocurre”, propuso en un momento el abogado Alejo Pisani, defensor de Delsis Malacalza, cuya conexión a la transmisión remota del debate fue y vino varias veces a lo largo de la jornada. Las interrupciones se sucedieron a lo largo del día, dedicado a repasar mediante lectura los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, las querellas representadas por Pablo Llonto, la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Ciro Annicchiarico, y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, por Verónica Bogliano. Así también la resolución final de la jueza de primera instancia Alicia Vence, quien clausuró la primera etapa de la instrucción que aún continúa sobre los hechos.
Luego, el TOF integrado por Venditi y los magistrados Esteban Rodríguez Eggers y Eduardo Farah, indagó a los acusados Riveros y los ex aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Ninguno de los últimos cuatro recibió alguna vez condena por delitos de lesa humanidad y, a excepción de Arce, el resto tampoco fue juzgado antes. Antes, el abogado Eduardo San Emeterio, defensor de Lance, conocido en los procesos orales de lesa humanidad por hacer grandes esfuerzos dilatorios e interrumpir el curso de los actos, intentó desviar la jornada en una lista interminable de cuestiones preliminares que intentó expresar. El presidente del TOF lo limitó a 15 minutos, que terminó por extenderse casi una hora al producirse interrupciones en la comunicación.
Entre las alternativas para intentar desligar a su defendido del juicio, San Emeterio esgrimió prescripción de los hechos, cosa juzgada y hasta violación a las garantías. No hubo una querella que no se opusiera a todas y cada una: los vuelos de la muerte en Campo de Mayo no se han juzgado nunca, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Más garantías que un juicio en el que tengan posibilidad de defenderse, imposible, coincidieron las partes. Venditti informó que resolvería al cierre del debate.
Las acusaciones
Riveros, Arce, Malacalza, Lance y Conditi fueron acusados por todas las partes de delitos de lesa humanidad. Las lecturas de los resumen de los requerimientos incluyeron la descripción de los hechos que conforman esos crímenes, las personas contra las que fueron cometidos y el contexto en el que sucedieron.
La primera lectura, y la más general, correspondió a las conclusiones a las que llegó Marcelo García Berro, fiscal en el debate acompañado por la auxiliar Mercedes Soiza Really. El representante del Ministerio Público acusó a todos de conformar una asociación ilícita “destinada a la eliminación física de una porción importante de las víctimas del terrorismo de Estado, privadas ilegítimamente de su libertad en ‘El Campito’ y/o otros centros clandestinos de detención, cuyo destino final fue la muerte”.
Según García Berro, “el accionar consistía en organizar, planificar y materializar los denominados ‘vuelos de la muerte’ o ‘vuelos fantasmas’”. Los acusados “recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas, a los aviones y/o helicópteros del Batallón que luego despegaban y durante el vuelo eran arrojadas a las aguas del Río de la Plata y/o al océano Atlántico para que no fueran encontradas”.
Los acusados oyeron los hechos que se les imputan. También los familiares de algunas de las víctimas, como los hermanos de Adrián Rosace, Ana Luisa y Daniel, el hermano de Rosa Novillo Corvalán, Rodolfo; o el hijo de Roberto Arancibia. Riveros, Arce, Malacalza y Lance fueron acusados por la Fiscalía de haber secuestrado a Adrián Rosace, a quien trasladaron al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo; de haberlo torturado allí y luego haberlo asesinado a través de un vuelo de la muerte. El cuerpo del estudiante secundario apareció en las costas del Río de la Plata, entre Magdalena y Punta Indio. También por haber sometido a los mismos delitos a Adrián Accrescimbeni, que era compañero de militancia de Rosace, en la escuela secundaria que compartían.
García Berro les endilgó haber secuestrado, torturado y asesinado a Rosa Novillo Corvalán. A la “Tota”, como la conocía su familia, la secuestraron en mayo de 1976 en Zárate, la trasladaron a Campo de Mayo y la asesinaron entre octubre y noviembre de ese año. “Posiblemente porque estaba embarazada”, apuntaron desde su entorno. Su cuerpo apareció en las costas de Magdalena, con impactos de bala en la axila, la cabeza y una pierna. Fue enterrada como NN e identificada por el EAAF en 1998.
Finalmente, el requerimiento fiscal acusó a Riveros, Malacalza, Lance y Conditi por el secuestro, las torturas y el asesinato, arrojándolo a las aguas del mar, de Roberto Arancibia, quien fue secuestrado junto a su esposa en 1977. En el departamento de donde se los llevaron, en la ciudad de Buenos Aires, estaban los hijos del matrimonio, que tuvieron que esperar seis meses encerrados en una institución hasta poder reencontrarse con integrantes de su familia. El cuerpo de Roberto apareció en Las Toninas en febrero de 1978. Su esposa, María Eugenia Zago, continúa desaparecida.
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