ARGENTINA y el ABORTO LEGAL, SANITARIO Y GRATUITO
01 de septiembre de 2020,Pag 12
En videoconferencia presentó una investigación sobre el aborto en Argentina
Aborto: Human Rights Watch exhortó al Gobierno a presentar el proyecto
Imagen: HRW
La
organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch
exhortó este lunes al presidente Alberto Fernández a que presente el
proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso. El pedido lo hizo el director para las Américas de la entidad, José Miguel Vivanco, al presentar una investigación
sobre el aborto en la Argentina. El relevamiento, que hizo la ONG en
varias provincias y en la Ciudad de Buenos Aires documenta casos de
mujeres y niñas que enfrentaron una serie de trabas al intentar acceder a
un aborto legal, por ejemplo, cuando el embarazo proviene de una
violación o si la vida o la salud de la mujer está en riesgo,
situaciones contempladas en el Código Penal desde 1921. “La pandemia de
Covid-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han
exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud
reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente
que nunca”, consideró Vivanco.
“Algunos de los obstáculos que documentamos incluyen la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido, particularmente en casos en que corre peligro la salud; barreras ilegales impuestas por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil autoricen el acceso al aborto o la anticoncepción, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder con un aborto en caso de violación; o períodos de espera arbitrarios impuestos por los centros de salud”, señaló Vivanco a Página|12. La invocación de la objeción de conciencia por profesionales de la salud también fue otra de las barreras detectadas en el relevamiento y que ha generado graves dificultades o demoras en el acceso al aborto, advirtió Vivanco.
“Nuestra investigación muestra que criminalizar el aborto no evita que las personas gestantes pongan fin a embarazos no deseados, sino que simplemente las obliga a acceder al aborto por fuera del sistema de salud. Muchos de estos abortos ocurren en condiciones inseguras, lo cual las expone a sufrir consecuencias médicas, o incluso a la muerte. Basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso”, indicó Vivanco. El documento también incluye recomendaciones detalladas para que las autoridades nacionales, provinciales y municipales aseguren que se pueda acceder al aborto legal en el corto plazo.
El informe de 86 páginas, titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley que se discutió en el Congreso en 2018 y que habría despenalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. “Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”, expresó Vivanco, director para las Américas de HRW.
Para su investigación, HRW entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, entre ellas a mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Además, la entidad hizo entrevistas de seguimiento, solicitó información al gobierno argentino y analizó leyes y políticas, informes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, datos oficiales sobre salud y estudios en salud pública, así como publicaciones médicas y notas periodísticas.
“Mujeres, profesionales de la salud y activistas señalaron que la estigmatización y el temor a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales —y a los profesionales de la salud de brindarlos—, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal”, señaló Vivanco. También denunció que mujeres y niñas entrevistadas contaron que enfrentaron abusos y maltratos, incluyendo actos crueles y humillantes, por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud. “El acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica”, concluye el informe. “La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el país, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos”, dice la ONG. A su vez considera que el aislamiento social dispuesto para evitar la propagación de covid-19 hizo más difícil obtener servicios de salud reproductiva. “La necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto también multiplica el riesgo de contagio. La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura”, señaló Vivanco.
Muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo, señala la ONG. Y advierte que los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Gobierno reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 por ciento de las muertes maternas. “Muchas de estas muertes podrían evitarse”, consideró la entidad. Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 por ciento tenía entre 10 y 19 años. “Es muy probable que esta sea apenas una fracción del número total de personas gestantes cuya salud se ve afectada a consecuencia de abortos ilegales, puesto que la estigmatización y el temor a la persecución penal suelen disuadir a las mujeres con complicaciones de acudir al sistema de salud. Diversas interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra varios derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante. Mientras se penalice el aborto en Argentina, las personas gestantes enfrentarán barreras injustas al intentar ejercer sus derechos, sobre todo aquellas que recurren al sistema de salud público y viven en provincias donde no hay reglamentaciones sobre el aborto o estas no son implementadas adecuadamente”, indicó la ONG.
En el informe, considera que Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes, y asegurar que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan acceso al aborto legal conforme a la legislación vigente. “Los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal”, alertó.
Durante la campaña presidencial, el presidente Alberto Fernández se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto. Desde su asunción en diciembre de 2019, Fernández se ha manifestado públicamente a favor de despenalizar y legalizar el aborto. Una de las primeras medidas que adoptó su ministro de Salud, Ginés González García, fue actualizar y mejorar el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir el Embarazo”. HRW considera que si ese protocolo fuera implementado de manera adecuada y uniforme en todo el país, contribuiría a mejorar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Aunque la presentación del proyecto de ley se demoró debido a la pandemia de covid-19, el Gobierno ha manifestado públicamente que espera poder presentarlo en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan y no descartó que sea este año.
¿Qué provincias tienen protocolos de atención de abortos legales?
Adhirieron al Protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación actualizado en 2019: las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA (aunque en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta lo reglamentó con algunas restricciones). Tienen protocolo o normativa que requiere actualización diez jurisdicciones: Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa cruz, Catamarca, Chubut, Córdoba, Mendoza y Río Negro. No tienen protocolo ni adhieren, cinco jurisdicciones: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, de acuerdo con información de la dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Si llegaste hasta a“Algunos de los obstáculos que documentamos incluyen la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido, particularmente en casos en que corre peligro la salud; barreras ilegales impuestas por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil autoricen el acceso al aborto o la anticoncepción, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder con un aborto en caso de violación; o períodos de espera arbitrarios impuestos por los centros de salud”, señaló Vivanco a Página|12. La invocación de la objeción de conciencia por profesionales de la salud también fue otra de las barreras detectadas en el relevamiento y que ha generado graves dificultades o demoras en el acceso al aborto, advirtió Vivanco.
“Nuestra investigación muestra que criminalizar el aborto no evita que las personas gestantes pongan fin a embarazos no deseados, sino que simplemente las obliga a acceder al aborto por fuera del sistema de salud. Muchos de estos abortos ocurren en condiciones inseguras, lo cual las expone a sufrir consecuencias médicas, o incluso a la muerte. Basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso”, indicó Vivanco. El documento también incluye recomendaciones detalladas para que las autoridades nacionales, provinciales y municipales aseguren que se pueda acceder al aborto legal en el corto plazo.
El informe de 86 páginas, titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley que se discutió en el Congreso en 2018 y que habría despenalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. “Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”, expresó Vivanco, director para las Américas de HRW.
Para su investigación, HRW entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, entre ellas a mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Además, la entidad hizo entrevistas de seguimiento, solicitó información al gobierno argentino y analizó leyes y políticas, informes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, datos oficiales sobre salud y estudios en salud pública, así como publicaciones médicas y notas periodísticas.
“Mujeres, profesionales de la salud y activistas señalaron que la estigmatización y el temor a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales —y a los profesionales de la salud de brindarlos—, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal”, señaló Vivanco. También denunció que mujeres y niñas entrevistadas contaron que enfrentaron abusos y maltratos, incluyendo actos crueles y humillantes, por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud. “El acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica”, concluye el informe. “La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el país, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos”, dice la ONG. A su vez considera que el aislamiento social dispuesto para evitar la propagación de covid-19 hizo más difícil obtener servicios de salud reproductiva. “La necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto también multiplica el riesgo de contagio. La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura”, señaló Vivanco.
Muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo, señala la ONG. Y advierte que los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Gobierno reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 por ciento de las muertes maternas. “Muchas de estas muertes podrían evitarse”, consideró la entidad. Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 por ciento tenía entre 10 y 19 años. “Es muy probable que esta sea apenas una fracción del número total de personas gestantes cuya salud se ve afectada a consecuencia de abortos ilegales, puesto que la estigmatización y el temor a la persecución penal suelen disuadir a las mujeres con complicaciones de acudir al sistema de salud. Diversas interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra varios derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante. Mientras se penalice el aborto en Argentina, las personas gestantes enfrentarán barreras injustas al intentar ejercer sus derechos, sobre todo aquellas que recurren al sistema de salud público y viven en provincias donde no hay reglamentaciones sobre el aborto o estas no son implementadas adecuadamente”, indicó la ONG.
En el informe, considera que Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes, y asegurar que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan acceso al aborto legal conforme a la legislación vigente. “Los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal”, alertó.
Durante la campaña presidencial, el presidente Alberto Fernández se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto. Desde su asunción en diciembre de 2019, Fernández se ha manifestado públicamente a favor de despenalizar y legalizar el aborto. Una de las primeras medidas que adoptó su ministro de Salud, Ginés González García, fue actualizar y mejorar el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir el Embarazo”. HRW considera que si ese protocolo fuera implementado de manera adecuada y uniforme en todo el país, contribuiría a mejorar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Aunque la presentación del proyecto de ley se demoró debido a la pandemia de covid-19, el Gobierno ha manifestado públicamente que espera poder presentarlo en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan y no descartó que sea este año.
¿Qué provincias tienen protocolos de atención de abortos legales?
Adhirieron al Protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación actualizado en 2019: las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA (aunque en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta lo reglamentó con algunas restricciones). Tienen protocolo o normativa que requiere actualización diez jurisdicciones: Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa cruz, Catamarca, Chubut, Córdoba, Mendoza y Río Negro. No tienen protocolo ni adhieren, cinco jurisdicciones: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, de acuerdo con información de la dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
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