Contra la violencia contra la mujer
América Latina: Cuando la mujer no decide
por Marta Lamas
gentilmente enviado por Susana Klein,
Latin Amemrican Officer,
de Womankind Worldwide.
¿Por qué si desde 1893 se permitía el aborto terapéutico,
los legisladores nicaragüenses deciden hacer retrocederesa
ley? Por la presión de la Iglesia católica. De nada sirvió
el exhorto que diplomáticos de las Naciones Unidas y de la
Unión Europea hicieran a los congresistas en una carta dirigida
al presidente del Congreso. La misiva, firmada por la
embajadora de la Unión Europea, el representante del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las
embajadoras de Suecia y Finlandia y el jefe de la cooperación
de Canadá (entre otros), solicitaba a los diputados una
reunión para "dialogar y hacer reflexión profunda y no
apresurada sobre el aborto terapéutico, antes de la decisión
final que vayan a tomar".
La situación de los derechos sexuales y reproductivos en la
región ofrece un panorama preocupante. Anualmente en América
Latina se practican 3.800.000 abortos en condiciones de riesgo,
según la International Planned Parenthood Federation. Por eso,
más de 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones
relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al
21% de las muertes maternas a nivel mundial. La Organización
Mundial de la Salud indica que el aborto es la causa
primordial de mortalidad materna en la región, y la tragedia
no acaba ahí: entre el 10% y 50% de las mujeres que abortan de
modo inseguro necesitan atención médica para el tratamiento
de las complicaciones. Muertes, infecciones y cárcel son los
riesgos que corren las latinoamericanas al recurrir al aborto
clandestino.
La interrupción voluntaria del embarazo sólo está plenamente
garantizada en tres países -Cuba, Puerto Rico y Guyana- y en
cuatro -Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana-
está prohibido sea cual sea su causa, pese a que estos países
contaban con el aborto terapéutico desde principios del siglo XX.
América Latina ha sido un lugar privilegiado para la
intervención del Vaticano que, aliado con los conservadores
gobiernos republicanos de Estados Unidos en una "campaña a
favor de la vida", ha logrado hacer retroceder legislaciones.
Tal es el caso de Chile, que en 1989, durante las últimas
semanas de la dictadura de Pinochet, eliminó la excepción del
aborto terapéutico que había estado permitida por el Código
de Salud desde 1931. En 1997 ocurrió lo mismo en El Salvador,
cuya legislación permitía el aborto cuando el embarazo era
producto de una violación sexual,cuando la vida de la mujer
estaba en riesgo y cuando se detectaba una malformación grave
en el feto.
Ese mismo año en Honduras se derogaron por decreto los
artículos aprobados por el Parlamento que despenalizaban
el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas.
Sólo en dos países latinoamericanos ha habido avances en materia
legislativa. En Colombia, donde el concordato con el Vaticano
prohibía totalmente el aborto, la reforma constitucional de 1992
eliminó dicho acuerdo y en 2006 una acción de
inconstitucionalidad logró modificar la ley para que las mujeres
puedan abortar cuando un embarazo amenaza su vida o su salud,
en casos de violación, y/o cuando se presenten malformaciones
del feto. En México, en el 2000, el partido de izquierda PRD
amplió las causas de aborto no punible en la Ciudad de México
a la salud de la mujer y malformaciones del feto y agilizó
los procedimientos judiciales para el acceso al aborto legal.
El partido conservador PAN reaccionó con un recurso de
inconstitucionalidad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la
Nación legitimó la existencia de esas causas para interrumpir
un embarazo.
Lamentablemente, la influencia vaticana sobre los políticos
latinoamericanos es impresionante. Un claro ejemplo es la
celebración del Día del no nacido, fijada el 25 de marzo,
día de la Anunciación, que ha sido declarado oficial en
Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador,Guatemala,
Nicaragua y República Dominicana. Menem, siendo presidente de
Argentina, propuso a sus homólogos latinoamericanos firmar
una condena al aborto durante la IV Cumbre Iberoamericana,
en Cartagena. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el
Día del no nacido, por lo que recibió una carta de agradeci
miento del papa Karol Wojtyla.
Pero lo más desconcertante es que, incluso en una sociedad
con menos vínculos con la Iglesia católica, como es el caso
de Uruguay, un Gobierno democrático sigue la política del
avestruz. El triunfo de la izquierda en las elecciones
presidenciales de 2004 despertó esperanzas entre las uruguayas,
pues la mayoría de los diputados sostenía una postura a
favor de la despenalización. Sin embargo, cuál no sería la
sorpresa cuando el socialista Tabaré Vázquez anunció que
mientras él fuera presidente no pasaría dicha ley, y que si
el Parlamento la llegara a aprobar él la vetaría. Cuando en
marzo de 2006 se dio a conocer que la bancada femenina y
algunos legisladores varones insistirían, Tabaré Vázquez declaró
que no sólo mantendría su decisión de veto, sino que, si
el Parlamento levantara el veto presidencial, disolvería
las cámaras.
Ante la gravedad de la situación, las feministas se han
organizado e impulsan campañas por la despenalización del
aborto en América Latina y el Caribe. La más masiva, en la
que participan organizaciones de 21 países, tiene como lema:
Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Y como demanda: Las mujeres deciden, la sociedad respeta,
el Estado garantiza y la Iglesia no interviene.
* Marta Lamas es antropóloga mexicana
Fuente: El País, España.
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