22 de diciembre de 2021 - 00:27
No es la primera vez que Ana María Caracoche ejercita la memoria ante un Tribunal Oral Federal argentino. La primera vez fue en La Plata, hace siete años, cuando se sentó en el estrado a hablar sobre lo sufrido en el centro clandestino La Cacha. Ahora lo hizo vía teleconferencia para hacer foco en sus recuerdos en el Pozo de Banfield, el segundo centro clandestino donde los represores la tuvieron encerrada: describió como pudo el lugar, enumeró con nombre y apellido a un grupo de mujeres embarazadas o “recién paridas” que cruzó en esos calabozos al sur del Conurbano bonaerense, uno de los ejes del juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo desde hace poco más de un año sobre los crímenes de esa Brigada de investigaciones de la Bonaerense, de la de Quilmes y la de Lanús. También relató la búsqueda que emprendió junto a su compañero Oscar Gatica y Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus dos primeres hijes, que los represores quisieron arrebatarle para siempre.
“La historia de vida que yo conté aquí es una historia rescatada de la memoria, es muy difícil hacerlo y aunque para la historia de Latinoamerica sea solo un punto, para mí es toda mi vida. La verdad no es venganza, es justicia”, concluyó la mujer desde su casa en Brasil, donde reconstruyó su vida post secuestro, post tortura, post exilio; desde donde buscó a María Eugenia y Felipe, desde donde los encontró.
Ana María militaba en “la docencia y la cultura desde la Juventud Peronista” y tenía dos hijes chiquites con su pareja, Oscar Gatica, integrante de Montoneros. Vivían en La Plata. Un día de marzo de 1977, Oscar salió a trabajar y ella viajó a la Capital. Se llevó a Felipe, de 4 meses; dejaron a María Eugenia, de un año y medio, en la casa de unes vecines, en Hornos, que fue “reventada” horas más tarde. Se habían llevado a la nena también. Días más tarde cayó Oscar. El 19 de abril le tocó a ella. Se había refugiado junto a su bebé en la casa de la familia Amerise, en Berisso.
“Lo abracé fuerte hasta que me lo arrancaron antes de secuestrarme. Me quebraron un brazo”, contó. El bebé quedó en lo de una familia del barrio.
Fueron llevades a La Cacha. “Las condiciones de detención nadie se imagina como son de terribles. Solo quien lo pasa lo conoce y lo que significa”, aportó, pero no revolvió detalles sobre eso. Dijo que la torturaron, sí. Y que luego fue depositada en un “espacio donde había muchas otras personas, un sótano”. De La Cacha fue llevada a la “comisaría de Banfield”, cree que fue “en una ambulancia, estábamos todos tabicados (encapuchados) así que era difícil darse cuenta”. Era el centro clandestino que funcionó en lo que entonces fue la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense allí, a cuadras de Camino Negro, a un kilómetro de Puente La Noria.
En el grupo trasladado estaba Cristina Marroco, quien “había sufrido un aborto espontáneo”, que había sido secuestrada el 18 de abril y que aún permanece desaparecida. En el Pozo de Banfield, Ana María y Cristina estuvieron juntas en una celda. Cuando salía de allí conversaban “con otras mujeres que tenían como característica la gravidez o de parto ya efectivado”, contó. Y las mencionó: “Adriana Calvo de Laborde, estaba con su hija Teresita, Silvia Mabel Valenzi, María Eloisa Castellini, Manuela Santucho, Cristina Navajas, Alicia D’ambra, Silvia Muñoz y Mari Garín”. Tras Ana María declararon los hermanos de D’ambra, quienes si bien no tienen la certeza de que Alicia hubiera estado embarazada al momento de su secuestro, por las dudas dejaron muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Liberación y exilio
A los días, Ana María fue regresada a La Cacha y luego liberada. “Me llevaron junto con un estudiante que se llamaba Gastón, de medicina. Lo dejaron a él en una calle y a mí me dejaron en otra. Me dijeron ‘caminá sin mirar para atrás’, creí que me mataban pero el auto se fue. Entonces empecé a ubicarme”.
Cuando regresó le faltaban sus hijes. “Seguíamos clandestinos, no teníamos opción de denunciar. Quienes iban eran mi suegra, mi cuñada, pasaron por todos los hospitales, casas cuna, juzgados, buscando”, recordó. Sin poder hallarlos partieron a Brasil, en 1980, donde se contactaron con Acnur y Clamor, una organización que trabajó con Abuelas de Plaza de Mayo la restitución de nietos robados desde el país vecino.
A Felipe lo recuperaron el 21 de septiembre de 1984. La vecina a la que se lo habían dejado contó, años después, que lo había dado a una monja, ésta a una médica y de allí fue a parar a una familia que, cuando Ana María y Oscar lo reclamaron como propio, cedieron. Felipe tenía 8 años, pero hubo algo de vínculo con su mamá que creció con él. “Felipe venía y me abrazaba fuerte, me apretujaba, pasaba su cabeza por mi pecho. Eso es la identidad. A los que todavía no la conocen les digo que no tengan miedo de conocerla”, aprovechó su testimonio Ana María para insistir en la búsqueda de les nietes que faltan identificar.
La restitución de María Eugenia, en cambio, fue más compleja. Había sido adoptada falsamente por un policía, Ricardo Silva, quien cuando fue citado por la Justicia por el caso, intentó nuevamente fugarse. Las Abuelas de Plaza de Mayo, entonces, acudieron al presidente Raúl Alfonsín y finalmente el estudio genético entre la niña, de ya 10 años, Ana María, oscar y los dos hijos que tuvieron en Brasil se realizó: “El examen dio 99.8 y quedó demostrado que María Eugenia era nuestra hija”.
Pedido para acelerar el proceso
Al cierre de la audiencia, la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires solicitó al Tribunal que el próximo año sume más audiencias semanales al juicio oral. A un año y tres meses de debate, declararon 125 testigos en un ritmo de un encuentro semanal. “De seguir así, aproximadamente 300 personas más. Nos llevaría tres años más de juicio”, expresó Luisina Gallo, integrante del área. La abogada mencionó que, en el medio, fallecen sobrevivientes y familiares de víctimas “que se ven provados del derecho a obtener una sentencia definitiva” por los crímenes que sufrieron. Del mismo modo, también fallecen acusados sin condena, como es el caso de Miguel Angel Ferreyro, que debía responder en el juicio por crímenes de lesa humanidad –entre ellos de índole sexual– en el centro clandestino El Infierno.
El pedido obtuvo el respaldo de la Fiscalía y de otras querellas, como la de Justicia Ya y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Su representante, Guadalupe Godoy, recordó que lo mismo se había solicitado en las audiencias preliminares que se desarrollaron antes de que el debate comience: “Pedimos dos o tres audiencias semanales”, recordó.
No habrá más jornadas en este debate en lo que resta de 2021. El presidente del tribunal, Ricardo Basilico, fijó para el 2 de febrero de 2022 el reencuentro post feria estival, que llegará con una inspección ocupar en lo que fue la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó El Infierno.
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