ARGENTINA: La persecución a docentes y estudiantes de Bahía Blanca durante la dictadura
Policías y militares retirados, ex jueces y fiscales, así como empresarios, fueron imputados por delitos de lesa humanidad
La persecución a docentes y estudiantes de Bahía Blanca durante la dictadura
La Fiscalía Federal de Bahía Blanca imputó y requirió que se investigue a un civiles y militares por “el secuestro, el cautiverio y el sometimiento a torturas” de treinta profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Sur.
La Fiscalía Federal de Bahía Blanca impulsó la investigación contra un grupo de policías federales y militares retirados, exfuncionarios judiciales y empresarios de esa ciudad por “el secuestro, el cautiverio y el sometimiento a torturas” de treinta docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura cívico militar. Entre los acusados, a quienes el fiscal Miguel Angel Palazzani imputó y solicitó indagar, figura Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia, un bastión del genocidio.
“El requerimiento demuestra detalladamente la coordinación entre las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Poder Judicial federal y los medios de comunicación contra la Universidad del Sur como objetivo estratégico”, destacó Palazzani como el esqueleto de la presentación realizada ante el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Walter López Da Silva. Para Palazzani, “los impulsores y ejecutores del genocidio sostenían que además de la subversión armada había una guerra cultural que debía ser librada abiertamente en los claustros universitarios, el germen de la subversión”.
Palazzani, que tiene a cargo la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, imputó al exjefe de División del Departamento de Operaciones del V Cuerpo del Ejército Osvaldo Páez; a los exmiembros de Inteligencia del Ejército Osvaldo Sierra, Enrique Del Pino, Jorge Granada, Carlos Taffarel, Norberto Condal y Víctor Aguirre; a Antonio Seghighi, Roberto Brunello, Raúl Andrés, Alejandro Lawless, del Batallón de Comunicaciones del Comando 181; al exintegrante de la Delegación Viedma de la Policía Federal Héctor Selaya; al exsecretario judicial Hugo Sierra y a Massot por “el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de torturas, como parte de la empresa de persecución política” en perjuicio de 30 personas cuyas violaciones a los derechos humanos sufridas en Bahía Blanca durante el genocidio no habían sido hasta ahora procesadas en el marco de ninguna causa judicial.
Se trata de 30 docentes y estudiantes la Universidad Nacional del Sur y colegios vinculados con esa casa de altos estudios, dedicados en su mayoría a los departamentos de Economía y Humanidades. “La universidad era el último bastión de resistencia cultural a la instalación del discurso aliado del genocidio que escribía La Nueva Provincia en sus páginas”, indicó Palazzani.
Los claustros fueron objetivo de ataques desde antes del golpe de Estado de 1976, cuando la intervención de Remus Tetu y la patota de la Triple A que le respondía barría a pura amenaza, golpe y bala los pasillos universitarios. Entonces, el estudiante David Cilleruelo fue asesinado y muches de les docentes cuyos secuestros, detenciones y torturas la Fiscalía pide ahora investigar, cesanteades. “Pero a la dictadura no le alcanzaba y buscó ejemplificar, frenar los brotes que venían detrás de ellos”, apuntó el fiscal federal.
La cobertura judicial
Las víctimas comenzaron a “caer” a mediados de 1976 bajo el manto de protección judicial de dos causas. Una que nació en una denuncia contra el hijo de una asistente social vinculada a la UNS por supuesta tenencia de drogas y que culmina, tras una línea de allanamientos, secuestro de “bibliografía marxista” y operativos en una imprenta, en docentes del Departamento de Ciencias Económicas. Y otra que hace foco en miembros del área de Humanidades de la UNS, cuyas víctimas son profesores de Historia, Filosofía y Sociología.
El juez federal Guillermo Federico Madueño iba “blanqueando” los secuestros, que sucedieron entre junio y noviembre del 76, con “aportes relevantes y necesarios” de sus secretarios Gloria Girotti –intervino en un solo caso– y Hugo Sierra y la participación de la fiscal María del Carmen Valdunciel. Sierra fue docente de la UNS hasta no hace mucho. Madueño y Valdunciel fallecieron. Las víctimas pasaron por delegaciones policiales donde fueron interrogados bajo tortura. En algunos pocos casos liberados a la brevedad. Pero en otros transitaron largos períodos de encierro en unidades penitenciarias de la zona y de otras partes del país.
El guión
En 1976, el general del Ejército Acdel Edgardo Vilas asumió el mando de la Subzona 51, división represiva que cubría las ciudades del sur bonaerense. Vilas había comandado el Operativo Independencia en Tucumán y su llegada a Bahía Blanca significó, plantea el requerimiento fiscal, la sistematización del “programa de genocidio ejecutado por la dictadura cívico-militar” en territorio bahiense con una misión específica: la implementación de una “limpieza ideológica, consistente en la eliminación de lo que Vilas definía como el reducto de la subversión cultural en el país, al que ubicaba precisamente en la ciudad de Bahía Blanca”. Más precisamente, en la UNS. “La necesidad impostergable no sólo de erradicar el cáncer cultural de la Universidad del Sur”, planteó Vilas durante el discurso con el que asumió funciones.
En el plan de Vilas, el monopolio comunicacional que dirigía Massot junto al clan familiar, con el diario progenocida La Nueva Provincia a la cabeza, encaja como un “aporte fundamental”, plantea el fiscal. Y así como fundamental, el fiscal lo define como “voluntario, libre e intencionado, no sólo con conocimiento de la existencia del plan criminal y del rol desarrollado para su cumplimiento, sino además con la finalidad de que el mismo se concretara exitosamente”, describe el requerimiento fiscal.
La imputación de Massot que figura en el dictamen es nueva, advierte Palazzani, y diferente a la que continúa como eje de discusión en los circuitos judiciales, en la que se lo acusa de instigación a delitos de lesa humanidad y que la semana pasada tuvo nuevas presentaciones. Sin embargo, a pesar de que “no recae sobre los mismos hechos” por los cuales el empresario ya se encuentra vinculado a causas que investigan hechos genocidas, fueron material de acompañamiento en el presente requerimiento pues se relaciona.
Desde sus tapas, sus editoriales y artículos, La Nueva Provincia “escribió el guión para que las fuerzas de seguridad desplegaran luego la cacería y el ataque feroz a profesores y estudiantes que tenían ideas diferentes a las que buscaba imponer el poder detrás del genocidio”, aportó el fiscal en diálogo con PáginaI12. Hay decenas de citas textuales que lo ejemplifican en el documento fiscal. Respecto de la UNS, las notas del diario se sucedían todas las semanas: denunciaban “penetración marxista” del claustro, celebraban “detenciones” de docentes y estudiantes con fotos de cada une, llamaban a los "padres" a “controlar dónde estudia su hijo” o les preguntaban: “¿leyó los libros que le piden a su hijo en el colegio?” .
“La tarea de acción psicológica y propaganda y de presión fue extensa y efectivamente cumplida por La Nueva Provincia, al punto de que la amplia mayoría de su producción editorial y de opinión estuvo dedicada estrictamente a legitimar e instigar al accionar genocida antisubversivo’”, indicó el fiscal, además de indicar que “la parte central de esa producción ‘periodística’ estuvo dirigida al llamado de limpieza ideológica sobre la UNS y al exterminio de la subversión ideológica”.
Comentarios
Publicar un comentario