MEXICO: MORENA INTENTA JUSTIFICAR LA MILITARIZACION.
Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)
México, septiembre (SEMlac).- Pasada la una de la mañana del pasado viernes y después de casi 13 horas de discusión, Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores aprobaron que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cambios a leyes que propuso el presidente mexicano.
La sesión se desarrolló en medio de escenarios apasionados, histriónicos -como cuando se despegaron las hojas de un libro de AMLO-, con presentación de testimonios, y con expresiones fuertes contra Andrés Manuel López Obrador, como las de Llily Téllez, quien llegó a decirle "dictador" y -con otras palabras- a las y los morenistas de Traidores y la denuncia de Dante Delgado de una campaña en su contra.
La decisión quedó ya en decreto camaral y podrá ser publicada para entrar en vigor antes del 16 de septiembre, como pidió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los archivos quedaron los testimonios de las mujeres zapatistas y su experiencia con el ejército; los de las mujeres triquis en Oaxaca, las de las trabajadoras de un bar en Monclova, violadas por un piquete de soldados. En los archivos está la violación a tres niñas indígenas en Altamirano, Chiapas, y que todavía no se resuelve.
También queda la violación y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario; las evaluaciones de Amnistía Internacional sobre el maltrato de policías y militares a las mujeres antes de ser llevadas a una cárcel. En los archivos están esos hechos, pasados por alto entre las y los legisladores de Morena que lo llevarán en su espalda.
Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen sobre la Guardia Nacional. El único disidente fue el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quién emitió la única abstención.
Los oficialistas votaron en bloque, apenas reaccionaron cuando el senador Emilio Álvarez Icaza les puso un video de Mario Delgado, actual dirigente nacional del partido oficial, dando los argumentos que ahora se hicieron: el sufrimiento que podrá tener la población con el ejército con todo el poder de la fuerza en las calles.
Las y los senadores del bloque opositor votaron también como una sola persona en contra del dictamen en lo general y en lo particular.
A la hora de aparecer en pantalla la votación, se pudo constatar que dos de los cinco votos ausentes fueron de los morenistas Cristóbal Arias Solís e Ifigenia Martínez. Otros que no votaron, que estuvieron ausentes, fueron del priista (Partido Revolucionario Institucional) Carlos Aceves del Olmo, la petista (Partido del Trabajo) Martha Celia Márquez y la emecista (Movimiento Ciudadano) Gloria Elizabeth Núñez.
Como se ha informado reiteradamente, los partidos aliados en el Congreso confirmaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los próximos 30 días, para que sea el Máximo Tribunal del país el que decida si las modificaciones a las cuatro leyes planteadas por Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por las dos cámaras del Congreso respetan los términos de la Constitución.
Lo que se aprobó fueron cambios a la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea. Antes, el pasado 3 de septiembre, la Cámara de Diputados lo hizo en "fast track", prácticamente sin discusión.
Más de 12 horas duró el debate senatorial: no hubo un solo cambio al proyecto
Tocó la presentación del documento sin cambios a la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que las reformas buscan encontrar claridad en la línea disciplinaria, facilitar el ejercicio del mando y afianzar el espíritu que el cuerpo policial requiere, a fin de dar respuesta al problema de seguridad.
Llamó la atención en su discurso, que leyó apasionada, la afirmación de que la aprobación del dictamen "en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos", pues el Senado debe analizar y aprobar la estrategia del cuerpo policial, así como darle seguimiento a su desempeño.
Ahí, vehemente, emocionado, alterado, indignado, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, dijo que la minuta a discusión es una traición a la memoria de Benito Juárez, quien quería una Guardia Nacional y un Ejército sin vicios, como también lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, según su libro "2018. La Salida". Y leyó:
"Aquí dice: Crear una Guardia Nacional con apoyo de 220.000 soldados y 30.000 marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo mandos oficiales del Ejército y la Marina. El señor Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán, dice que 'no está autorizado a cortar hojas de la Constitución'. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador", dijo y cortó hojas del libro, en medio de aplausos de la oposición.
"Ni siquiera Maximiliano, ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano, se atrevió a darle poder absoluto a los militares; dice que respetará y auxiliará a la autoridad civil el Estatuto Imperial de Maximiliano en el Artículo 48. Es lo que quería Benito Juárez, un poder del ciudadano, no un poder del emperador y por eso ordenó su muerte", agregó.
Las y los integrantes de las distintas fuerzas políticas, representadas en el Senado de la República, fijaron su postura sobre el proyecto para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Al inicio del debate, el senador Julen Rementería del Puerto, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una moción para retirar el dictamen y discutir la propuesta de manera profunda, en un Parlamento Abierto; sin embargo, dicha petición fue rechazada con 65 votos en contra y 49 a favor
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, indicó que las reformas forman parte de las acciones concretas que se deben adoptar como Estado, para combatir y abatir los altos índices de inseguridad del país, pues están encaminadas a salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas.
Transferir el control administrativo y operativo, agregó, actualmente adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Defensa Nacional, constituye un reconocimiento del Ejecutivo federal para ajustar la estrategia de la seguridad pública.
Luego se presentaron siete votos particulares, por parte de las y los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Claudia Ruiz Massieu Salinas, PRI; Manuel Añorve Baños, del PRI; German Martínez Cázares, del Grupo Plural; dos del senador Noé Castañón y uno de la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.
Las y los senadores que plantearon estas propuestas advirtieron que las reformas "caerán como fichas de dominó" cuando se les realice "la prueba constitucional"; y que cancelan la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional fuerte y confiable, pues "la militarización no es la respuesta".
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Navor Alberto Rojas Mancera aseguró que el espíritu del proyecto es profesionalizar a la Guardia Nacional, ya que actualmente no hay infraestructura, armas, ni gente preparada en las policías estatales y municipales, para hacer frente al crimen organizado.
Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, señaló que la militarización no dio resultados durante las administraciones anteriores, por lo cual es incomprensible que este gobierno tenga el doble de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en territorio nacional: "no, señor Presidente, no le vamos a permitir que militarice este país", sentenció.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, afirmó que el proyecto es inconstitucional y desvirtúa el propósito fundacional de la Guardia Nacional. "Con este cambio de paradigma -sostuvo-, no sólo están traicionando los acuerdos del Senado de la República, sino también su supuesta lucha histórica".
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que "es una reforma inútil", que no sirve a la sociedad, no fortalece a la corporación ni a las policías locales, al contrario, "se está desnaturalizando y debilitando".
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Manuel Velasco Coello afirmó que gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos apoyan a la Guardia Nacional, porque su labor es indispensable para garantizar la seguridad en sus estados, "por lo que sería preocupante que no la dotáramos de mayores instrumentos para que puedan proteger a la ciudadanía".
De Encuentro Social, la senadora Sasil de León Villard hizo un llamado a sus compañeros y compañeras a no negar la historia ni a ignorar las políticas fallidas de seguridad: "convoco a todos los grupos parlamentarios a consolidar una política de seguridad, que garantice la protección a la vida y un Estado que cuide y defienda a su pueblo".
El senador Alejandro González Yáñez dijo que el PT votará por la pacificación de México, por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, y por la estrategia de seguridad pública del Presidente, "porque no es verdad que se esté militarizando al país, pues en el México de hoy no se violan los derechos humanos".
Juan Manuel Fócil Pérez, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que es fundamental respetar la Constitución Política y mantener a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, "por lo que hago votos por la congruencia política de la mayoría legislativa y evitar la militarización de los cuerpos de seguridad pública".
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que "la prisa" por aprobar las reformas es porque al Presidente "le urge" que, para el 16 de septiembre, la Guardia Nacional esté en el Ejército para que participe en un desfile.
Luego de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, para fijar su postura en torno al dictamen, las y los senadores dieron paso a la discusión, en lo general, de las reformas.
En el Senado, por la experiencia de las protestas ciudadanas, surgidas la pasada semana, se instaló un fuerte operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para "proteger" al recinto legislativo de Insurgentes y Reforma.
Los uniformados esperaban una protesta convocada a las 8 de la mañana para clausurar el lugar; pero sólo hubo un pequeño grupo. Y no se intentó en todo el día la clausura.
La discusión del dictamen inició oficialmente a las 13:15 horas de la tarde, el dictamen tuvo seis votos particulares de la senadora Claudia Ruiz Massieu y de los legisladores de oposición Miguel Ángel Mancera, Manuel Añorve y Germán Martínez, quienes habían votado en contra del proyecto desde comisiones.
Términos de las reformas
El dictamen establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tendrá el control operativo y administrativo de la corporación y que el general secretario de la Defensa estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando.
Además, da al titular de la SEDENA la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
También, lo faculta para que proponga al titular de la comandancia al Presidente de la República.
Asimismo, asigna a la SEDENA la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional y la elaboración de los programas operativos y de estrategia.
En unos de sus artículos indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional "continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad".
En los transitorios, dispone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la SEDENA en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.
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