CHILE y los DDHH, vistos desde Argentina
La Corte Suprema de Chile excarceló a condenados por delitos de lesa humanidad
Liberan a siete represores de Pinochet
La
resolución del máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por
organismos defensores de los derechos humanos, quienes se manifestaron
la tarde de ayer junto a familiares de víctimas de la dictadura de
Pinochet.
Activistas y familiares con carteles de desaparecidos protestaban ayer en la Corte Suprema.
La
Corte Suprema de Chile ordenó la libertad condicional a siete ex
agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los
beneficiarios de esta medida cumplían condena por delitos de lesa
humanidad en los penales de Punta Peuco y colina 1, al norte de Santiago
de Chile. La Corte de ese país concedió una primera medida este martes
que benefició a cinco condenados, y una segunda ayer que favoreció a
otros dos ex agentes de los aparatos represores del régimen castrense.
El reciente dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La II Sala Penal de la Corte Suprema de Chile tomó esta medida luego de acoger los recursos de amparo presentados por los abogados de los detenidos. Los magistrados de la sala argumentaron su decisión alegando que las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no representan un impedimento para la reincorporación de los condenados a la sociedad. Por su parte Hugo Dolmestch, ex presidente de la Corte y actual ministro e integrante de la Sala Penal que dio el visto bueno a la mencionada medida, defendió su repudiado accionar ante las críticas. “Siempre hay alguien que no queda conforme. El hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil y cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es”, sostuvo el magistrado en la radio chilena Cooperativa.
Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas. Los últimos liberados fueron Moisés Retamal, quien estaba condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973; y el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años por complicidad y encubrimiento en el asesinato de opositores de la dictadura. Estos se suman al suboficial de Carabineros Gamaliel Soto Segura; el coronel Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda y Felipe Luis González Astorga, beneficiados de libertad condicional este martes.
La resolución del máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos, quienes se manifestaron la tarde de ayer junto a familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet. “Esta decisión pone a la Corte Suprema al mismo nivel en el que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar”, dijo Lorenza Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Por este motivo Pizarro sostuvo que la organización evalúa recurrir a instancias internacionales.
En contrapartida, Raúl Meza, abogado defensor de varios de los encarcelados en Punta Peuco, calificó de “histórico” el fallo y consideró que la Corte Suprema dio una potente señal a todos los reos chilenos, que cumpliendo con los requisitos que establece la ley, podrían acceder a iguales medidas concedidas a los perpetradores.
En la movilización de ayer por la tarde los organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la ultima dictadura repudiaron la medida de la justicia chilena y se manifestaron fuera del edificio de la Corte Suprema en Santiago, acusando a la autoridad judicial de haber favorecido la impunidad tras otorgar la libertad condicional a los siete condenados.
“Violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más”, indicó un comunicado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, difundido en medio de la protesta. Los activistas calificaron de errada la decisión de los jueces y afirmaron que la legislación internacional, a diferencia de lo que afirma el fallo judicial, sí fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio anticipado para la liberación de reos por crímenes de lesa humanidad.
El abogado que representa a gran parte de los presos del Penal Peuco, confirmó que hay otros cuatro reclusos que esperan la resolución sobre el indulto presidencial, sumándose así a los siete que ya se otorgó el beneficio sólo en esta semana. Además indicó que en marzo se presentaron 74 solicitudes para que el mismo número de internos cumpla su pena en arresto domiciliario. La mayoría de estas peticiones se basan en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos.
Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos. Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir los procesamientos en su contra, conseguir la libertad provisional o acusar de inconstitucionalidad sus causas, según afirma el Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.
Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno tuvo cuatro comisiones para reconocer a las víctimas de delitos de lesa humanidad y otorgarles una reparación. En aquellos años, la Comisión Valech, dedicada a clarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas en el régimen de Pinochet, declaró que el número de víctimas de la dictadura supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El reciente dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La II Sala Penal de la Corte Suprema de Chile tomó esta medida luego de acoger los recursos de amparo presentados por los abogados de los detenidos. Los magistrados de la sala argumentaron su decisión alegando que las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no representan un impedimento para la reincorporación de los condenados a la sociedad. Por su parte Hugo Dolmestch, ex presidente de la Corte y actual ministro e integrante de la Sala Penal que dio el visto bueno a la mencionada medida, defendió su repudiado accionar ante las críticas. “Siempre hay alguien que no queda conforme. El hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil y cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es”, sostuvo el magistrado en la radio chilena Cooperativa.
Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas. Los últimos liberados fueron Moisés Retamal, quien estaba condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973; y el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años por complicidad y encubrimiento en el asesinato de opositores de la dictadura. Estos se suman al suboficial de Carabineros Gamaliel Soto Segura; el coronel Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda y Felipe Luis González Astorga, beneficiados de libertad condicional este martes.
La resolución del máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos, quienes se manifestaron la tarde de ayer junto a familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet. “Esta decisión pone a la Corte Suprema al mismo nivel en el que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar”, dijo Lorenza Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Por este motivo Pizarro sostuvo que la organización evalúa recurrir a instancias internacionales.
En contrapartida, Raúl Meza, abogado defensor de varios de los encarcelados en Punta Peuco, calificó de “histórico” el fallo y consideró que la Corte Suprema dio una potente señal a todos los reos chilenos, que cumpliendo con los requisitos que establece la ley, podrían acceder a iguales medidas concedidas a los perpetradores.
En la movilización de ayer por la tarde los organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la ultima dictadura repudiaron la medida de la justicia chilena y se manifestaron fuera del edificio de la Corte Suprema en Santiago, acusando a la autoridad judicial de haber favorecido la impunidad tras otorgar la libertad condicional a los siete condenados.
“Violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más”, indicó un comunicado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, difundido en medio de la protesta. Los activistas calificaron de errada la decisión de los jueces y afirmaron que la legislación internacional, a diferencia de lo que afirma el fallo judicial, sí fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio anticipado para la liberación de reos por crímenes de lesa humanidad.
El abogado que representa a gran parte de los presos del Penal Peuco, confirmó que hay otros cuatro reclusos que esperan la resolución sobre el indulto presidencial, sumándose así a los siete que ya se otorgó el beneficio sólo en esta semana. Además indicó que en marzo se presentaron 74 solicitudes para que el mismo número de internos cumpla su pena en arresto domiciliario. La mayoría de estas peticiones se basan en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos.
Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos. Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir los procesamientos en su contra, conseguir la libertad provisional o acusar de inconstitucionalidad sus causas, según afirma el Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.
Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno tuvo cuatro comisiones para reconocer a las víctimas de delitos de lesa humanidad y otorgarles una reparación. En aquellos años, la Comisión Valech, dedicada a clarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas en el régimen de Pinochet, declaró que el número de víctimas de la dictadura supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
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