ARGENTINA: sobre detención de siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi,
"La Justicia actuó con absoluto desprecio por esas vidas"
A cuentagotas, con enorme esfuerzo, tratando de perforar el silencio que desde la Justicia y las fuerzas de seguridad rodea el allanamiento, represión y posterior detención de siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, el 4 de octubre, comienza a revelarse la catarata de irregularidades de un proceso judicial y un operativo comando a todas luces violatorios de derechos humanos. Dos de las mujeres liberadas esta semana, Débora Vera y Florencia Melo, en huelga de hambre desde veinte días atrás en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sufrieron el agravamiento de sus condiciones de detención y el seguimiento de las visitas, con requisas severas, mientras que a las cuatro que les confirmaron prisión preventiva les corre un encierro domiciliario junto a sus niñes, bajo control estricto de cada movimiento, de quiénes y de cuántxs pueden verlas cada día. Recuperan sus pertenencias a los ponchazos, cuando las que ordenaron las detenciones se avienen a entregarles algo. No les devolvieron los víveres ni otros elementos de subsistencia, y cuando los reclaman les dicen que fueron distribuidos en comedores comunitarios. Sus prendas, incluidas las de les niñes, están en depósito judicial. Las criaturas, que llegan a ser una docena, comenzaron a enfermarse, y sus madres, mujeres mapuche, pobres y presas, también se anoticiaron de que la jueza Silvina Domínguez unificó diferentes causas y trabó embargo sobre su dinero y/o bienes por cifras que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos al considerarlas, junto con otros compañeros, “coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo”. La Gremial de Abogades, organización que las representa y apelará el fallo, hace responsable de este andamiaje de violencia a la jueza, pero sobre todo a la fiscala María Cándida Etchepare, que pidió todas las medidas represivas, de despojo y de encierro, y que según el abogado Eduardo Soares, de La Gremial, “responde a grupos racistas supremacistas de Bariloche”.
Consultado sobre quién es Etchepare, el abogado detalló que la fiscala federal interina era mano derecha de la anterior fiscala federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, quien en 2021 renunció al cargo. “Little fue la que comandó las tropas que asesinaron a Rafael Nahuel en 2017, en un contexto de estigmatización y persecución", aseguró Soares. "Hoy Etchepare continúa esa tarea y es la que pide todas las medidas gravosas que criminalizan al pueblo mapuche.”
Laura Taffetani asiente a cada una de las afirmaciones, agrega que en el papeleo de las detenciones y la incomunicación, ingresaron a una de las mujeres que permanecen en prisión, Betiana Ayelen Colhuan, como “alias La Machi”, desconociendo el significado cultural y espiritual que implica la entidad de Colhuan. “No dejaron nada sin pisotear y lo que se ve siempre es ese desprecio”, lamenta esta abogada de La Gremial que representa a las mujeres y habla con ellas a diario. Taffetani, referente histórica en defensa de las niñeces e integrante de la Fundación Pelota de Trapo, planteará la restitución del territorio, que las mujeres vuelvan al lugar del que fueron desalojadas y la nulidad total del proceso, “donde lo último que hubo fue un proceso de mediación. En las causas anteriores, la fiscalía de Etchepare era la que boicoteaba todo, y sabíamos que venía con esa actitud, pero nunca imaginamos que iba a hacerlo de una forma tan tremenda”, lamenta con preocupación.
“Uno de nuestros colegas radicó una denuncia contra Diego Frutos, de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, porque mientras nosotros no podíamos ingresar al predio allanado, que debía resguardarse para preservar las pruebas, aparece un video de él de lo más campante adentro del territorio, diciendo estupideces y señalando una vivienda como ´la casa donde vivía Facundo Jones Huala´, cuando Jones Huala nunca estuvo en ese lugar”, reclama Taffetani. “Como se trata de Frutos, la fiscala tiene un parámetro; si se trata de la comunidad, tiene otro muy diferente.”
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