Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo La marea verde se extiende en Latinoamérica
Entre avances y retrocesos, en Latinoamérica se encuentran algunos de los países con las legislaciones más conservadoras del mundo respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. El debate en Argentina en torno al proyecto de ley para despenalizar y regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) avivó la esperanza de movimientos feministas y que luchan por la igualdad en el acceso a los derechos humanos en todo el continente. Sin embargo, todavía son mayoría los países en los que el Estado da un paso al costado y los abortos siguen ocurriendo en el silencio y la clandestinidad. Referentes de organizaciones latinoamericanas que acompañan a mujeres y personas gestantes en el acceso al aborto opinaron sobre el impacto que tiene en la región el debate en torno a la Ley IVE.
“Esperamos que esto se pueda replicar en otros países porque la situación de las mujeres y personas gestantes en la región es muy mala. La pandemia ha profundizado muchísimo la violencia y la peor de las violencias, que es el abuso sexual, sobre todo contra las más jóvenes, las niñas”, señaló Sandra Castañeda, directora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y añadió que “los sectores fundamentalistas y conservadores han actuado con más violencia que otros años”. A pesar de que en Colombia el aborto por causales --cuando el embarazo es producto de violación, cuando existe un riesgo para la vida, la salud física y mental de la mujer, y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la supervivencia fuera del útero-- está permitido desde el 2006, y hasta los 14 años se presume que el embarazo fue producto de violación, en el departamento de Quindío, donde actualmente vive Castañeda, “cada mes 2 niñas menores de 14 años se convierten en madres”.
“Las niñas en Colombia son obligadas a parir. Es una consecuencia que tiene la misma sentencia que ha despenalizado el aborto. Acá una niña como Lucía hubiera sido obligada a parir”, advirtió Sara Rodas Chingaté, integrante del colectivo colombiano feminista Yukaza, haciendo referencia a la niña tucumana que tuvo que luchar para lograr la interrupción de su embarazo, producto del abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su abuela, y agregó que “la principal barrera en el acceso al aborto es que permanezca penalizado”. Al no ser una ley, el enfoque no está en la salud de las personas gestantes, y tampoco se establecen políticas complementarias, como la Educación Sexual Integral (ESI). En octubre de este año la Corte Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad impulsada por el movimiento Causa Justa, que propone eliminar el artículo 122 del Código Penal colombiano que penaliza el aborto --con penas de hasta 4 años de prisión-- cuando no se enmarque en alguna de las tres causales.
“Lo que pase en Argentina puede impactar en la decisión de la Corte porque en materia legislativa y judicial se mira con mucha atención lo que sucede en Argentina y en Brasil. Sin dudas hay presiones del gobierno y de los sectores conservadores para fallar en contra, pero el movimiento social puede cambiar las cosas”, señaló Rodas Chingaté. La Corte ya recibió argumentos en contra y a favor de la inconstitucionalidad del artículo 122, y se prevé que en mayo se expida sobre la petición. Además, desde el movimiento y en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones, están trabajando en un proyecto de ley para presentar ante el Congreso.
Según la ONG Ipas, que acompaña el acceso al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en México y Centroamérica, el 97 por ciento de las mujeres latinoamericanas viven en países donde el aborto está restringido o prohibido. En todo el continente, sólo Uruguay y Cuba tienen leyes que habilitan el aborto voluntario a petición de la persona gestante. Otros países, como Chile, aprobaron leyes para despenalizarlo en ciertas situaciones --cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, si el embarazo es producto de una violación, o bien si existe riesgo de vida para la gestante-- pero el aborto sigue tipificado como un delito. En Brasil las causales para acceder al aborto seguro --permitido hasta la semana 12 de gestación-- son similares (en casos de violación, si corre riesgo la vida de la persona gestante o cuando el feto presenta anencefalia), pero la presión de los grupos antiderechos sobre el sistema médico y político incide en el acceso a la interrupción legal del embarazo.
“Hemos visto grandes retrocesos en el acceso al aborto en los últimos años, en países como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana”, señaló Castañeda. En Nicaragua, la Asamblea Legislativa aprobó en 2007 un Código Penal que incluye como delito el aborto en cualquier tipo de situación. De la misma forma lo considera la legislación de El Salvador --modificada en 1988--, de Honduras, Haiti, Surinam y República Dominicana, donde existen penas tanto para las mujeres o niñas que soliciten la interrupción del embarazo como para los profesionales de la salud que realicen la práctica, penalizada en el artículo 317 del Código Penal, que incluye penas de hasta dos años para quien ponga en contacto a la persona gestante “con otra persona para que le produzca el aborto”.
“Hace al menos cuatro años se está debatiendo en el Congreso la reforma al Código dominicano, en la que podría incluirse la despenalización parcial del aborto por causales”, advirtió María Antonieta Alcalde, directora de Ipas, y recordó el caso de Rosaura Almonte --conocida como Esperancita--, una mujer que murió en 2016 luego de interrumpir su tratamiento contra la leucemia, porque estaba contraindicado para su embarazo. A principios de diciembre, organizaciones feministas y de derechos humanos se manifestaron para exigirle al gobierno nacional que no deje que el Congreso apruebe un nuevo Código Penal sin causales, es decir, cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando se trate de una violación o bien cuando el feto no tenga viabilidad fuera del útero.
Para Alcalde, el debate que se dio en 2018 en Argentina tuvo repercusiones a largo plazo. En Costa Rica, el Ministerio de Salud aprobó a fines del año pasado una guía técnica, normativa similar al Protocolo ILE de Argentina, para que los profesionales de la salud sepan cómo abordar la interrupción del embarazo, que es legal cuando existe riesgo para la vida o salud de la madre, y cuando el riesgo “no se puede evitar por otros medios”. Según Alcalde, “si no se garantiza el acceso, toda ley es letra muerta”. En esto coinciden las activistas colombianas, que remarcaron con énfasis la falta de capacitación de los profesionales de la salud, y la utilización de la objeción de conciencia para negar la práctica en el sistema público, lo que tiene consecuencias, en especial, sobre la población más vulnerable. “En Quindío son todos objetores, hay que irse a otras provincias para abortar. Lo mismo pasa en otros sitios del país, alejados de las ciudades”, explicó Rodas Chingaté.
En el marco del Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina, la Campaña 28 de Septiembre organizó distintas acciones en todo el continente para visibilizar la problemática de los abortos inseguros. En el conversatorio que organizó la Red, los temas principales fueron la criminalización hacia las mujeres que solicitan la interrupción de embarazos, el avance y la presión política de grupos antiderechos, y la participación de las nuevas generaciones en la lucha por el aborto legal, cuestiones que se vieron reflejadas durante los debates en las comisiones de diputados y senadores sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que se tratará el 29 de diciembre en el Senado.
Alcalde es optimista respecto del debate que se está dando en Argentina. “Sin duda después del 2018, incluso en la derrota, había esa sensación en toda Latinoamérica de que algo había cambiado. La marea verde, los símbolos, nos han dado una identidad, una expresión que demuestra que la legalización del aborto es un reclamo conjunto”, señaló la activista. En México, donde el aborto voluntario es legal en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, también hay proyectos de ley en debate. “Los más candentes son los presentados en Quintana Roo y Puebla. También en Aguascalientes hay iniciativas, y hay una propuesta a nivel nacional para reformar la Ley General de Salud, para que incluya al aborto como uno de los servicios que el sistema público debe brindar”, explicó Alcalde y remarcó que “el proyecto de Argentina y el debate en el Congreso son fuente de inspiración para todas estas luchas que se vienen dando en Latinoamérica”.
Informe: Lorena Bermejo,Pag 12
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