CHILE: 6 altos oficiales militares culpables del CASO PRATS condenados por terroristas
Cierran el caso Prats: seis altos mandos, condenados
Por primera vez, la Corte de Chile dijo que hubo asociación ilícita para reprimir.PorMónica González
Santiago De Chile. Corresponsalde Clarín
Santiago De Chile. Corresponsalde Clarín
CRITICA. ACTUAL JEFE MILITAR, FUENTE-ALBA, REPUDIO AYER EL CRUEL CRIMEN.
Fue un día histórico. Así lo registrará la bitácora del ejército. Así también lo vivieron miles de soldados y las hijas del general Carlos Prats y su esposa Sofía, asesinados en septiembre de 1974 en Buenos Aires. Porque ayer la bomba que hizo estallar los cuerpos del ex jefe del ejército chileno y su esposa, terminó de explotar en Chile con el fallo definitivo de la Corte Suprema que condenó a sus autores. Todos ligados al ejército y a Pinochet.
“Se hizo justicia”, fue lo primero que dijeron las tres hijas del general que renunció a la jefatura del ejército 18 días antes del Golpe de Estado de 1973. Un último intento para evitar la masacre. Fue inútil. Intentaron matarlo y lo obligaron a salir del país. Viajó a Buenos Aires. Pinochet sabía que era testigo de su permanente obsecuencia hacia Salvador Allende, de su nula participación en la conjura golpista. De su oportunismo. Y que Prats era ejemplo del honor militar violentado. El respeto de Perón en Argentina, en contraste con la indiferencia que le evidenciaba, colmaron la paciencia del dictador.
Ayer la Corte Suprema condenó a 17 años de prisión al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, mandos de la DINA, la policía secreta de Pinochet, como autores del doble crimen. Y a 15 años de prisión a otros cuatro altos oficiales. A Mariana Callejas, agente y ex esposa de Michael Townley, que activó la bomba, le rebajaron la pena a 5 años. Lo relevante: por primera vez la Corte Suprema dictaminó que la DINA fue una asociación ilícita de carácter terrorista “con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas enemigas del régimen militar chileno”. Y condenó a los 6 oficiales a penas adicionales por ese delito.
No habría habido fallo de no mediar la acción de la Justicia argentina. Porque si bien al año del asesinato ya el juicio estaba cerrado en Buenos Aires, la tenacidad de las hijas de Prats logró reabrirlo, que Townley confesara, y así se condenó a Enrique Arancibia Clavel y se pidió la extradición de Pinochet. La Corte lo rechazó, pero en diciembre de 2002 dictaminó que debía abrirse –por primera vez- un proceso en Chile. Fue el fin del secreto de Pinochet. El actual jefe del ejército repudió ayer a los participantes del “cruel asesinato”. Ahora se espera la expulsión de los seis oficiales por violar el honor militar. Y no será fácil.
“Se hizo justicia”, fue lo primero que dijeron las tres hijas del general que renunció a la jefatura del ejército 18 días antes del Golpe de Estado de 1973. Un último intento para evitar la masacre. Fue inútil. Intentaron matarlo y lo obligaron a salir del país. Viajó a Buenos Aires. Pinochet sabía que era testigo de su permanente obsecuencia hacia Salvador Allende, de su nula participación en la conjura golpista. De su oportunismo. Y que Prats era ejemplo del honor militar violentado. El respeto de Perón en Argentina, en contraste con la indiferencia que le evidenciaba, colmaron la paciencia del dictador.
Ayer la Corte Suprema condenó a 17 años de prisión al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, mandos de la DINA, la policía secreta de Pinochet, como autores del doble crimen. Y a 15 años de prisión a otros cuatro altos oficiales. A Mariana Callejas, agente y ex esposa de Michael Townley, que activó la bomba, le rebajaron la pena a 5 años. Lo relevante: por primera vez la Corte Suprema dictaminó que la DINA fue una asociación ilícita de carácter terrorista “con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas enemigas del régimen militar chileno”. Y condenó a los 6 oficiales a penas adicionales por ese delito.
No habría habido fallo de no mediar la acción de la Justicia argentina. Porque si bien al año del asesinato ya el juicio estaba cerrado en Buenos Aires, la tenacidad de las hijas de Prats logró reabrirlo, que Townley confesara, y así se condenó a Enrique Arancibia Clavel y se pidió la extradición de Pinochet. La Corte lo rechazó, pero en diciembre de 2002 dictaminó que debía abrirse –por primera vez- un proceso en Chile. Fue el fin del secreto de Pinochet. El actual jefe del ejército repudió ayer a los participantes del “cruel asesinato”. Ahora se espera la expulsión de los seis oficiales por violar el honor militar. Y no será fácil.
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