ARGENTINA: Milagro Sala lleva detenida seis años sin condena firme

El domingo se cumple un nuevo aniversario de la privación de su libertad

Organismos de derechos humanos denuncian que Milagro Sala lleva detenida seis años sin condena firme

El CELS y Andhes manifestaron que "la prisión preventiva que pesa sobre ella es violatoria de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia".

15 de enero de 2022 - 00:14

En la previa del sexto aniversario de la detención de Milagro Sala, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) recordaron que la dirigente social y líder de la organización barrial Tupac Amaru “sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme” en Jujuy, donde desde la asunción de Gerardo Morales, flamante presidente de la UCR, enfrenta un aluvión de acusaciones penales.

“A seis años de su privación de libertad, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. La prisión preventiva que pesa sobre ella es violatoria de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia”, expresaron los organismos que el año pasado denunciaron el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una sumatoria de violaciones a derechos y garantías básicas protagonizadas por el poder judicial jujeño y convalidadas por acción u omisión por la Corte Suprema de Justicia.

La detención de Sala se produjo el 16 de enero de 2016, un mes después de la asunción de Mauricio Macri como presidente y de Morales como gobernador. Morales había anunciado su intención de obligar a las organizaciones sociales a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas y la Red de Organizaciones Sociales (RES), de la que Sala formaba parte como representante de la Tupac, encabezó un pedido de reuniones al gobernador para interiorizarse sobre las nuevas medidas. “La negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a que en diciembre de 2015 las organizaciones sociales iniciaran un acampe como protesta”, rememoraron. Días después, dictó un decreto que “suspendía la personería jurídica de aquellas que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran”.

Producto de ese apriete algunas organizaciones abandonaron el acampe, pero la Tupac Amaru lo mantuvo. “Sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro Sala”, repasaron. El 29 de enero de 2016 un juez ordenó su excarcelación pero “el mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa. En esta nueva investigación se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita cuya revisión se encuentra, desde marzo del 2020, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ese caso que aún hoy cumple una prisión preventiva en su casa”, señalaron.

Junto el comunicado, el CELS y Andhes difundieron fragmentos de una entrevista a Sala en la que explica cómo “la Justicia atropella, pasa por arriba de las leyes”, recuerda que permanece detenida pese a que “no hay condena firme” y desataca que el hostigamiento en Jujuy “le pasa no sólo a Milagro sino a todo el mundo”.

“La campaña de estigmatización y desprestigio que Morales había iniciado –incluso antes de ser elegido gobernador– se amplió al instrumentalizar al sistema judicial provincial para sus objetivos políticos. De esa forma, el gobierno provincial desató una persecución contra Milagro Sala: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos e incluso se reabrieron otros en los que se la había desvinculado por completo. Todo eso con la finalidad de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo”, destacaron Andhes y el CELS, que desde su nacimiento durante la última dictadura ha recurrido al sistema interamericano para intentar garantizar derechos avasallados por el Estado.