MEXICO: CIPRIANA JURADO amenazada
En riesgo defensores de derechos humanos
Por Sara Lovera
Cipriana Jurado Herrera no atisba un sólo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, "Eso sería ponerme en sus manos para que me maten", dice.
Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha visto caer a civiles, casi a la puerta de su casa; no ha dejado de denunciar la impunidad por los asesinatos de mujeres; desde 1993 lleva la cuenta de las desapariciones constantes y levanta su voz, una y otra vez, contra la militarización que criminaliza la lucha social en todo México.
Entrevistada por SEMlac, la noche del 21 de enero, cuando Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en la ciudad de México pidiendo medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, entre todos ella como caso principal, sostuvo que no quiere esas medidas porque "son una simulación" y denunció a los funcionarios del gobierno estatal por presionarla a dejar su lucha y salir de Ciudad Juárez.
Las medidas cautelares solicitadas por AI, tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar -el 3 de enero de 2010- y luego de identificar a 16 defensores de derechos humanos en riesgo, implican que el Estado Mexicano, mediante sus policías, deban "garantizar la vida de estos luchadores". Pero lo cierto es que esa sería, agrega Cipriana, una forma de "entregarnos, porque vigilarían nuestra vida, en todos sentidos".
La defensora de derechos humanos explica que acompaña, desde su responsabilidad como directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, los casos de al menos 15 desapariciones, dos asesinatos y los abusos de militares a civiles.
Según informes de la Comisión de Derechos humanos de Chihuahua, las denuncias de abusos militares llegan a 150 desde que se puso en marcha el Operativo Chihuahua en marzo de 2008, cuando se desplegaron más de 2.000 militares y 425 policías federales en la lucha antinarco y para evitar la ola de violencia.
En Ciudad Juárez, sin embargo, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios, y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales. "¿Entonces por qué detienen, torturan, secuestran y hasta asesinan a cualquier persona?", se pregunta Cipriana.
Militante del Frente Nacional contra la Represión (FENSER), esta mujer recibió de su abuela las primeras enseñanzas sobre lo que es la justicia y los derechos. Le duele el sufrimiento de madres, esposas y familiares en Ciudad Juárez.
Relata cuidadosamente: "en noviembre de 2008, los hermanos Guzmán, de 29 y 30 años, fueron detenidos arbitrariamente; acompañé a los papás y se documentó que fueron detenidos por integrantes del ejército. Luego, el 28 de diciembre, acompañé a Brenda Balderas, esposa de Saúl Becerra, golpeado por el ejército, desaparecido y luego encontrado asesinado; su cuerpo fue hallado en marzo de 2009 y durante todas las audiencias con la procuraduría de justicia militar, no me callé, expliqué cómo los testigos vieron a los militares llevárselo, con otros jóvenes. Esos otros jóvenes fueron liberados el 26 de octubre siguiente", explica.
"Quienes se llevaron a Saúl eran militares. Se lo llevaron del mero centro de la ciudad, muchos lo vieron. Dicen que investigan, pero son los mismos que se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron", asegura.
Dar seguimiento a hechos como estos y denunciar a los militares, es lo que hace de Cipriana un caso especial y en riesgo. Ella no se amedrenta: "alguien tiene que ser los ojos de estas arbitrariedades", dice.
Por Sara Lovera
Cipriana Jurado Herrera no atisba un sólo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, "Eso sería ponerme en sus manos para que me maten", dice.
Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha visto caer a civiles, casi a la puerta de su casa; no ha dejado de denunciar la impunidad por los asesinatos de mujeres; desde 1993 lleva la cuenta de las desapariciones constantes y levanta su voz, una y otra vez, contra la militarización que criminaliza la lucha social en todo México.
Entrevistada por SEMlac, la noche del 21 de enero, cuando Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en la ciudad de México pidiendo medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, entre todos ella como caso principal, sostuvo que no quiere esas medidas porque "son una simulación" y denunció a los funcionarios del gobierno estatal por presionarla a dejar su lucha y salir de Ciudad Juárez.
Las medidas cautelares solicitadas por AI, tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar -el 3 de enero de 2010- y luego de identificar a 16 defensores de derechos humanos en riesgo, implican que el Estado Mexicano, mediante sus policías, deban "garantizar la vida de estos luchadores". Pero lo cierto es que esa sería, agrega Cipriana, una forma de "entregarnos, porque vigilarían nuestra vida, en todos sentidos".
La defensora de derechos humanos explica que acompaña, desde su responsabilidad como directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, los casos de al menos 15 desapariciones, dos asesinatos y los abusos de militares a civiles.
Según informes de la Comisión de Derechos humanos de Chihuahua, las denuncias de abusos militares llegan a 150 desde que se puso en marcha el Operativo Chihuahua en marzo de 2008, cuando se desplegaron más de 2.000 militares y 425 policías federales en la lucha antinarco y para evitar la ola de violencia.
En Ciudad Juárez, sin embargo, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios, y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales. "¿Entonces por qué detienen, torturan, secuestran y hasta asesinan a cualquier persona?", se pregunta Cipriana.
Militante del Frente Nacional contra la Represión (FENSER), esta mujer recibió de su abuela las primeras enseñanzas sobre lo que es la justicia y los derechos. Le duele el sufrimiento de madres, esposas y familiares en Ciudad Juárez.
Relata cuidadosamente: "en noviembre de 2008, los hermanos Guzmán, de 29 y 30 años, fueron detenidos arbitrariamente; acompañé a los papás y se documentó que fueron detenidos por integrantes del ejército. Luego, el 28 de diciembre, acompañé a Brenda Balderas, esposa de Saúl Becerra, golpeado por el ejército, desaparecido y luego encontrado asesinado; su cuerpo fue hallado en marzo de 2009 y durante todas las audiencias con la procuraduría de justicia militar, no me callé, expliqué cómo los testigos vieron a los militares llevárselo, con otros jóvenes. Esos otros jóvenes fueron liberados el 26 de octubre siguiente", explica.
"Quienes se llevaron a Saúl eran militares. Se lo llevaron del mero centro de la ciudad, muchos lo vieron. Dicen que investigan, pero son los mismos que se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron", asegura.
Dar seguimiento a hechos como estos y denunciar a los militares, es lo que hace de Cipriana un caso especial y en riesgo. Ella no se amedrenta: "alguien tiene que ser los ojos de estas arbitrariedades", dice.
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