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LA HISTORIA DEL PLAN CONDOR continúa.

El veredicto definitivo contra 18 militares de América latina

Italia: se espera la sentencia de la Corte Suprema sobre el Plan Cóndor

El máximo tribunal podría marcar un hito si confirma las condenas a cadena perpetua que ya emitió la Corte de Apelaciones en 2019 por la desaparición de 43 ciudadanos sudamericanos de origen italiano. 

Desde Roma

El jueves 8 de julio se espera poder conocer en Roma un veredicto que podría pasar a la historia: la sentencia definitiva de la Corte Suprema italiana sobre el proceso contra 18 militares latinoamericanos (dos están muertos) del terrorífico Plan Cóndor, por los crímenes de secuestros, torturas y desaparición de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano. Y podría pasar a la historia sobre todo si confirma las condenas a cadena perpetua que ya emitió la Corte de Apelaciones en 2019, segunda instancia del recorrido procesal italiano.

43 desaparecidos

De las 43 víctimas, 4 fueron chilenos secuestrados en Chile, 13 uruguayos secuestrados en Argentina, 6 argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. A estos hay que agregar otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, Jorge Nestor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (FUSNA) y vive en Italia.

Durante el Plan Cóndor, un acuerdo entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú entre otras, los secuestrados o detenidos eran trasladados de un país al otro, torturados, asesinados y hechos desaparecer sin que el país al que pertenecían pudiera aparecer como responsable.

Entre los 43 desaparecidos, sólo por recordar algunos nombres aunque todos merecen el recordatorio, Daniel Banfi , uruguayo, militante de Tupamaros, secuestrado por la organización paramilitar Triple A en Haedo, provincia de Buenos Aires, en 1974. Armando Arnone, uruguayo, militante del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) secuestrado en 1976 en la ciudad de Buenos Aires y enviado al centro clandestino “Automotores Orletti”. Alfredo Moyano Santander, argentino, secuestrado en su casa de Berazategui junto a su mujer María Artigas que estaba embarazada. Su hija nace en el centro clandestino Pozo de Quilmes y recupera su identidad en 1987. 

Mafalda Corinaldesi, nacida en Bahía Blanca, madre de Luis Stamponi, dirigente del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de Bolivia, a quien su madre va a buscar a Bolivia luego que desaparece. Al retornar a la Argentina, ella es secuestrada en un hotel de Buenos Aires. Lorenzo Viñas, argentino, militante de Montoneros. Fue arrestado por la policía brasileña en Uruguay en 1980. Dora Marta Landi Gil, argentina militante de Montoneros, arrestada en Asunción del Paraguay. Presumiblemente fue llevada al campo del ESMA. Omar Venturelli, chileno, dirigente del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), un sacerdote que dejó los votos porque fue condenado “a divinis” (suspensión de todos sus derechos eclesiásticos) por el entonces obispo Bernardino Piñera (tío del actual presidente chileno Sebastián Piñera) por haber ayudado a los mapuches a re-ocupar sus tierras. Se presentó a la policía que lo buscaba en 1973 y no se supo más de él. Juan José Montiglio, chileno, militante del Partido Socialista y jefe de la Guardia del presidente Salvador Allende. Arrestado y fusilado en 1973.

La historia del Proceso Cóndor

En un primer momento eran 106 los militares latinoamericanos que fueron acusados a partir de las investigaciones comenzadas antes de 1999 por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, con la inmensa colaboración de los familiares de los desaparecidos y años después de la organización no gubernamental “24Marzo.it”. Unos 50 eran argentinos pero como Argentina estaba haciendo por su cuenta los procesos contra los militares, a diferencia de los demás países latinoamericanos, prefirió no participar de la causa italiana. Mientras tanto, varios de los acusados brasileños y paraguayos fallecieron.

El juicio se hizo en ausencia dado que, a diferencia de otros países, las leyes italianas permiten procesar a una persona aunque no esté presente. El único presente, porque vive en Italia a donde escapó gracias a su pasaporte italiano pese a haber recibido una condena en Uruguay, fue Troccoli que se presentó pocas veces en las audiencias del proceso.

Cuando en enero 2017 concluyó la primera de las tres instancias del proceso que prevé la justicia italiana, los familiares de las víctimas quedaron muy sorprendidos porque de los 33 militares acusados, 19 fueron absueltos, sólo 8 condenados y seis murieron mientras tanto. En ese entonces, las investigaciones eran mucho más complicadas que ahora. No existían las video conferencias que hoy se pueden usar incluso legalmente. Y los fiscales o sus enviados debían viajar a los distintos países para entrevistar a los eventuales testigos o bien éstos eran entrevistados por la justicia local que luego mandaba por escrito y de modo certificado sus declaraciones a la justicia italiana.

En cambio la segunda instancia del que fue bautizado como “Proceso Cóndor”, que concluyó en 2019, cambió completamente la decisión de la primera, condenando a cadena perpetua a 24 imputados, uno fue absuelto, y 8 murieron en el camino.

De los 24 condenados a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones (entre ellos Troccoli), al menos otros dos murieron, y cuatro no presentaron apelación ante la Corte Suprema, como sí en cambio lo hicieron los demás. Esto hizo que la condena de segundo grado fuera considerada definitiva para ellos. Se trató de cuatro chilenos, el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan y Hernán Ramírez Ramírez que al parecer ha fallecido. Para los sobrevivientes la justicia italiana ya pidió a Chile el arresto provisorio, a la espera del pedido de extradición que estaría preparando el fiscal Pietro Maria Catalani pero que algunos expertos consideran bastante difícil de concretar, dado que la extradición de otros militares chilenos, solicitada por la justicia de Francia que los había condenado, fue negada por la justicia chilena en 2013.

Para leer las sentencias, la Corte Suprema ha citado a su fiscal y otros miembros, así como a los abogados de los desaparecidos y de los acusados, el jueves a las 10 de la mañana hora italiana. Pero la presentación de las conclusiones no es inmediata, porque dará espacio para hablar al fiscal, que hará una síntesis de estos 22 años de batalla legal, y a los abogados. Después de lo cual, y pese a haber leído ya todo el material que ha sido elaborado durante los dos juicios precedentes, la Corte luego se reunirá a debatir. Se prevé, aunque no hay ninguna comunicación oficial al respecto, que la lectura final de las sentencias pueda ocurrir por la tarde o la noche del jueves. Hay quienes suponen que también podría ser postergada por algunos días.

En caso de que la condena de Troccoli sea confirmada, el ítalo-uruguayo debería ser arrestado inmediatamente, dado que todavía vive en libertad aunque no puede salir de Italia.

 Una vez conocidas las sentencias, la justicia italiana deberá decidir si pide la extradición de los condenados, cosa que será lenta y a veces difícil, sobre todo si los condenados ya están cumpliendo penas en sus propios países. También puede ser difícil si están en libertad, como es el caso de los tres chilenos que no apelaron a la Corte Suprema, Ahumada, Moreno y Vásquez. Sobre éstos Italia, aparte de pedir el arresto provisorio, ya habría dado información, o estaría por dar, a Interpol (policía internacional anticrimen) para mantener una alerta roja en distintos países ante la posibilidad de que alguno de ellos escape de Chile.

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