México: Los militares en comunidades significan violación, abuso sexual y tortura
México: Los militares en comunidades significan violación, abuso sexual y tortura
sara.lovera@ymail.com - México, enero (SEMlac).-
La presencia militar y policiaca en México ha producido heridas profundas para la vida y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista de casos documentados es enorme.
Los informes más recientes estiman que ocho de cada 10 mujeres bajo custodia de federales o militares son sexualmente torturadas. Hoy no tendríamos que pensar será distinta, advierten voces feministas y hechos documentados.
Los casos emblemáticos hablan de impunidad, indiferencia y olvido y el silencio lo rodea todo.
Donde hay fuerzas del orden, continúan las violaciones sexuales, desplazamientos forzados y asesinatos. Ahora los militares custodian ductos y estaciones de hidrocarburos, están en comunidades y carreteras. Más de 5.800.
A ellas las rodea el silencio. Hay sistemáticamente, desde 1956, siempre una razón. Un argumento. Se invoca la fuerza del Estado. Se justifica la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la guerrilla, una situación extraordinaria.
La presencia militar en pueblos y comunidades tiene, además, costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, dice la abogada chiapaneca Martha Figueroa Mier, quien en los últimos 25 años ha representado y litigado el caso de tres niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, Chiapas, en 1994. En las zonas indígenas, agrega "es mucho peor".
¿Casos? Históricos: Loxicha, Montes Azules, Sierra de Tezonapa, Atenco, Castaños, Chiapas, zona Triqui. Recientes, 15 estados: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Responsables: las autoridades castrenses, Sedena y Semar; civiles de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Prodh en el documento "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado", de noviembre 2018, habla de un patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin decirles por qué se las arresta. Luego son trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, abusadas sexualmente y con tocamientos durante un lapso de 12 horas a tres días.
Amnistía Internacional (AI) denuncia el "habitual" abuso sexual por parte de militares y policías mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 detenidas en cárceles federales denunciaron tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos se remontan a distintos años, a partir de 2011, según declaró Madeleine Penman, autora del informe de AI.
Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.
Niñas tzeltales: 25 años esperando justicia
Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., conocedora durante más de dos décadas del significado de la presencia militar en Chiapas, señaló una y otra vez violaciones cometidas por militares.
La periodista Soledad Jarquín, en un ensayo denominado "Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro", presentado en 2009 en un foro convocado por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), University of San Diego. EE.UU., afirma que las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo a manos de militares convertidos en policías, como ejemplo está el caso Acteal, donde 21 de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamiento forzado.
Figueroa Mier, en entrevista, informa que el asunto de las tres niñas Tzeltales, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y suma varias recomendaciones para el gobierno mexicano. Dijo que un día antes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, cuando México ya había ofrecido "pedirles perdón y reparar económicamente el daño", pero no se pudo llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.
Durante estos años un grupo de periodistas mujeres fueron descubriendo el significado de la presencia militar. Hicieron un recorrido, por el país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.
Las tres niñas Tzeltales fueron violadas por militares en un retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8.502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento correspondió a mujeres. Señaló que además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y, en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994, en Altamirano, Chiapas.
Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales), y con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas. En ese lapso de tiempo, las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas.
Las hermanas González, a finales de ese mismo mes y a partir de un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que "los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso". En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que el organismo regional declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos.
Han pasado más de 25 años y más de 15 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones, publicó Revolución 3.0.
Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás dice, en una carta al presidente López Obrador, no a la militarización y recuerdan el paradigmático caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió perdón público. También el de Ernestina Ascensio Rosario en la Sierra de Tezonapa, Veracruz.
Señalan que las investigaciones de la periodista Laura Castellanos para su libro "Crónica de un país embozado 1994-2018" encontró colusión del ejército con las bandas delincuenciales en Michoacán, Guerrero y Chihuahua.
Por ello, sostienen nos oponemos a la creación de la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz y Seguridad sin fecha límite para la actuación de las Fuerzas Armadas. Este 15 de enero el presidente de la República reafirmó que el mando de la guardia será militar y la administración civil.
La académica María Guadalupe Huacuz Elías escribió: "en la ley debería estipularse la transición a una guardia civil y una modificación a la ley castrense que permita que se juzgue a quienes torturen, desaparezcan o realicen cualquier tipo de violación a los derechos humanos en especial a mujeres y niñas".
Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad. Luego hace un recuento de los hechos ocurridos en México, de los que han sido documentados que se refleja bien en una frase que los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, "Luis Flores García" expuesto en 1982, durante el II Foro Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de los derechos humanos en México:
"El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como "gavilleros", "robavacas" y "delincuentes".
El resumen de las organizaciones defensoras de los Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo.
A lo largo de años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo investigaciones y formuló más de 95 recomendaciones. En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.
Casos históricos, recogidos por la periodista Soledad Jarquín, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo de militares en 2006, es autora del siguiente recuento de 19 casos, entre 1956 y 2008.
Triquis 1956
Los habitantes de la etnia Triqui, una de las 18 que hay en el sureño estado de Oaxaca, habitan en la parte más occidental de la entidad en la región de la mixteca, considerada la más pobre y marginada. Los triquis ocupan una extensión de 500 kilómetros cuadrados y sus comunidades se dispersan en los distritos de Putla, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Originalmente -relatan los historiadores- los triquis pertenecían a los mixtecos, pero se habría separado años atrás.
Las mujeres triquis visten huipiles hechos en telar de cintura, color rojo, elaborados en lana -cuando la lana se producía en la zona-y en algodón. La forma del traje depende de su estado civil, es decir, si son niñas, solteras, casadas o viudas, una situación que se repite en muchas otras etnias oaxaqueñas.
Desde la época postrevolucionaria, la población triqui ha sido marcada por una permanente violencia generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido los propios funcionarios de los gobiernos en turno quienes han creado la división y los conflictos entre la población. El número de víctimas que han dejado estas disputas han sido tantas que no son cuantificables ni por las mismas instancias de procuración de justicia.
En 1956 mueren, en el barrio Cruz Chiquita, el teniente Patos y varios integrantes del pelotón que lo acompañan. Patos fue asesinado por indígenas triquis casados de la extorsión de la que eran objeto. Entonces el gobierno federal ordenó la invasión del barrio Cruz Chiquita por los militares, y estos arrasaron por tierra con todo lo que encontraron a su paso apoyados por la aviación militar.
Todos los que pudieron se refugiaron en la sierra, los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos) fueron fusilados y ahorcados.
Triquis, 1978
María Marcelina Ramírez, se dirige al gobernador del Estado de Oaxaca, en ella explica que el 31 de julio de 1978, llegó a su casa el presidente municipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y una partida militar, "rodearon mi casa, donde estaba mi esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días después como resultado de las heridas).
El Rastrojo, 1979
Un grupo de 14 mujeres de Rastrojo denuncian ante el gobernador del Estado que el 19 de enero militares de San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero en efectivo y otros objetos como huipiles y animales. Se llevan a las señoras atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no hablan castellano, hablan triqui, entonces nadie sabe qué confesaron.
Santa Cruz Chiquita, 1979
El 21 de enero, nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa denuncian ante el procurador agresiones por parte de militares, queman 12 casas y les roban sus propiedades.
El Rastrojo 1979
El 29 de octubre de 1979, María Agustina Josefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan Copala, y Mateo Francisco, comandante, disfrazados de soldados asesinan a Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María señalan que también fueron saqueadas sus casas.
Santa Cruz Tilapa, 1980
Son violadas las señoras María Elena y María Cristina Martínez, en tanto que la niña Francisca Zenaida Martínez, de ocho años fue secuestrada. También destruyen el interior de la casa de las señoras.
Un grupo de seis mujeres y un hombre denuncian los atropellos de Pablo Martínez López, cometidos los días 17 y 18 agosto de 1980. Una de ellas, María Agustina Lorencia, expone que su esposo Emiliano Jesús Flores fue asesinado, el resto relata que son destruidas sus viviendas y robadas sus pertenencias y dinero.
Cuyuche, El Rastrojo y Santa Cruz Chiquita, 1981
El 11 de noviembre llegaron los militares al barrio de Cuyuche, Copala, donde torturan a un integrante del Comité de la escuela y disparan contra las viviendas. En Rastrojo roban pertenencias de las personas. En Santa Cruz Chiquita siguen las balaceras y roban. Se llevan por la fuerza.
En julio de 1982 se denunció el asesinato de María Camila García y de sus hijos Cayetano y Juan Ramírez García, por parte de un grupo de pistoleros que fueron identificados.
San Juan Copala, 1982
El 6 de septiembre de 1982 en el centro de San Juan Copala, el agente municipal Juan García López, Antonio Ramírez Flores y el comandante de la policía amarraron a Celestino Flores Pérez y en su presencia violaron a su esposa Dominga Ramírez. Si denunciaba los hechos, le dijeron, serían asesinados.
El 24 de diciembre Margarita Ita, originaria de Santa Cruz Chiquita, fue atacada cuando se dirigía a Putla con sus hijos, los agresores fueron José Mejía, Ramón Celestino y Vicente, quienes al último la secuestraron.
Los conflictos políticos de la zona Triqui se generan por la disputa del poder entre los grupos antagónicos del MULT, MULTI y UBISORT, quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.
Un recuento hecho por MULT señala que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada por presuntos integrantes del MULTI y cuyos captores y violadores nunca fueron detenidos ni molestados por la autoridades judiciales, en tanto las hermanas Daniela y Virginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde el 5 de julio cuando salieron de Rastrojo para ir a otra población. El caso nunca fue investigado y el Procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez concluyó la investigación el 18 de enero de 2008.
Antes, en una declaración señaló que no podía arriesgar a los agentes judiciales, pues los triquis son muy conflictivos y podrían asesinarlos.
A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala. Los hechos ocurrieron mientras ella esperaba a su tía afuera de su casa. La menor presenta hoy una parálisis facial, camina con dificultad e intenta hablar pero no tiene dinero para ser trasladada cada mes a una terapia de rehabilitación.
También el 7 abril de 2008 fueron asesinadas las dos locutoras de Radio, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala. Las dos jóvenes fueron asesinadas durante una emboscada en la que se utilizaron armas de alto poder, por lo que el caso fue atraído por la PGR, no hay resultados.
Altamirano, Chiapas 1994
Después del 1 de enero de 1994 cualquier duda en relación con la situación de violación a derechos humanos, en especial de los grupos indígenas en Chiapas, ha quedado totalmente despejada. En Chiapas, al igual que en el resto del país, las mujeres viven subordinadas a los varones en su grupo familiar o comunitario, por ello aunque no están directamente involucradas en la toma de decisiones referentes al conflicto, son ellas las más vulnerables y por tanto quienes más sufren las consecuencias del conflicto armado y la militarización, apunta el documento Derechos de las Mujeres, discriminación y violencia elaborado con motivo de la visita oficial del relator para los derechos y libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia (González Pérez) y su madre (Delia Pérez) fueron detenidas por un grupo de militares en un retén militar "para interrogarlas", así como ilegalmente privadas de su libertad, violadas y amenazadas, con la complicidad de más de 30 elementos del Ejército de un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas, cerca de la zona conocida como Las Cañadas.
En 2001, el Estado mexicano dijo que "decidió archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a pericias ginecológicas". (Sara Lovera, Cimacnoticias 26 abril 2001).
En julio la SEDENA "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones" en un boletín. A 25 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada.
El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de enero de 1996, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., alegando responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por los hechos sucedidos en 1994, el Estado asegura que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos, que los representes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar y que no se configuró la violación de los derechos humanos.
Las violaciones, se informó el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres. (Gladis Torres, Cimacnoticias 11 de septiembre de 2008).
San Cristobalito, municipio de San Andrés Larrainzar, 1995
El 4 de octubre de 1995, son violadas tres enfermeras de la brigada de vacunación de la Secretaría de Salud y Asistencia, por un grupo de 25 hombres armados y encapuchados.
Lagos de Montebello, 1995
El 26 de octubre de 1995, Cecilia Rodríguez, ciudadana norteamericana y coordinadora de la Comisión Nacional por la Democracia en México, que opera en EE.UU., fue violada por varios hombres fuertemente armados.
Para noviembre de 1995, el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, organismo no gubernamental con sede en Chiapas, "cuenta con una lista de casos debidamente documentados, ocurridos durante año y medio, es decir, desde que estalló el conflicto armado en esa entidad y que se recrudecieron durante las negociaciones de pacificación entre el EZLN y el gobierno federal. (Archivo de Notas, 2 Nov. 1995).
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, 1997
El 3 de diciembre de 1997 Delfina Flores, de 28 años de edad, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
Loxicha, Oaxaca, 1997
La historia comienza la madrugada del 29 de agosto de 1996, cuando un supuesto comando del Ejército Popular Revolucionario interrumpe la paz en La Crucecita, Santa Cruz Huatulco, agencia municipal del emporio turístico que desde la década de los ochenta construye el gobierno federal en el litoral pacífico oaxaqueño, conocido como Bahías de Huatulco.
Los guerrilleros atacan la Partida de Infantería de Marina, de la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial de Oaxaca, la Policía Preventiva y la municipal, así como de Fonatur; el resultado, 13 muertes: cuatro infantes de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y cuatro personas no identificadas. Entre esos muertos estaba Fidel Martínez, exregidor del Ayuntamiento de San Agustín Loxicha.
Esta situación trajo consigo la militarización y paramilitarización de las comunidades Loxicha, asentadas estas en la Sierra Sur, lo que provocó el encarcelamiento de unos 100 pobladores (12 hombres continúan detenidos, en tanto que Isabel Almaraz, la única mujer detenida obtuvo su libertad el 17 de junio de 2008, tras seis años de prisión por un delito que no cometió), así como asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
En Los Loxichas se ubican entonces cuatro Bases de Operaciones Mixtas: en El Portillo de las Flores, Magdalena Loxicha, La Sirena Miramar, Loxicha y Agustín Loxicha. Se acondicionó un helipuerto doble en La Cruz para facilitar el desplazamiento de tropa a la región. Con modernas camionetas realizan patrullajes, se desplazan en camionetas último modelo y su armamento incluye Ak-47, M1 y M2. Sus prácticas eran despiadadas y sanguinarias. Tienen como papel principal delatar, pero también torturan, asesinan, violan a mujeres y participan en detenciones arbitrarias.
En enero de 1998, 15 meses después de haber iniciado la búsqueda de supuestos insurgentes y acusar a Los Loxichas de ser el bastión del grupo guerrillero, se dio a conocer la violación de 21 mujeres por parte de guardias blancas, agentes judiciales y militares en Magdalena Loxicha.
Según un reporte periodístico de la época, los violadores entregaban dinero a las mujeres para que no denunciaran. El caso fue tomado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), entonces presidida por Angélica Ayala Ortiz. Ella sostiene -años después que no fueron 21 sino 36 las mujeres zapotecas víctimas de los ataques sexuales de policías, judiciales y militares, así como los llamados "guardias blancas".
Se presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por el actual procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, pero nunca hubo intención alguna de actuar para castigar a los responsables, por el contrario, según testimonio de Angélica Ayala Ortiz, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH, pues las mujeres fueron advertidas que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrario irían a la cárcel.
Del caso sólo existen en la CEDH un "cuaderno de antecedentes" donde se da cuenta del inicio de una queja de oficio por la nota periodística titulada Guardias blancas, violan a mujeres en M Loxicha, que el diario El Gráfico publicó en su página 17, bajo el número: CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998.
Incluso en febrero de 1998, la oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado negó que esa dependencia haya recibido alguna denuncia o queja por violación a mujeres en la región Loxicha, pero que hicieron una investigación y encontraron "casos de convivencia y relación libre entre mujeres y miembros de una corporación policiaca, pero por propia voluntad" (febrero 1998).
Ciudad Lerdo, Durango 1997
En Cuidad Lerdo, Durango, dos menores de 11 y 14 años fueron violadas por elementos de la VI Zona militar, con sede en Saltillo, Coahuila. Del caso nada se supo. Ningún elemento militar fue detenido y ni siquiera sus nombres fueron dados a conocer por la VI Zona Militar. La violación se cometió el último día de 1997 en un cuartel establecido junto al poblado de León Guzmán. Las niñas habían sido llevadas a ese lugar con engaños por parte de una mujer. (La Jornada/Jorge Torres/ 13 de enero de 1998).
Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, 1999
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, y pertenecientes a la etnia mixteca ubicada en el estado de Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas.
Barranca Bejuco, Acatepec, 2002
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, el 16 de febrero de 2002 mientras lavaba ropa cerca de su casa.
Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, 2002
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados. Estos hechos también fueron analizados por la CIDH. Son sólo tres los casos evaluados por la CIDH.
Sobre las violaciones a mujeres guerrerenses, Amnistía Internacional refiere en un comunicado del 23 de noviembre de 2003, cuando dio a conocer el Informe Violencia Contra las Mujeres Indígenas e Injusticia Militar, que "la impunidad que rodea estos casos afecta directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias".
Efectivamente, el 9 de febrero de 2008 fue secuestrado y asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en Ayutla de Los Libres, municipio donde trabajaba como albañil. Como su hermana, violada en marzo de 2002, Lorenzo había sido integrante de la organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), el cual también había hecho una campaña por las 14 indígenas que denunciaron haber sido esterilizadas por la fuerza en 1998.
AI se mostró preocupada en febrero pasado por la seguridad de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y de la traductora Obtilia Eugenio Manuel, también integrantes de la OPIM que han sido amenazados e intimidados a partir del 9 de febrero de 2008, fecha en que desapareció Lorenzo.
Como en el caso de Chiapas, AI reconoce las graves fallas de las prácticas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, que ponen claramente de manifiesto la falta de imparcialidad.
El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medidas para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Castaños, Coahuila, 2006
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 14 mujeres, entre bailarinas y trabajadoras del sexo, golpearon y robaron a algunos clientes, sometieron a policías municipales y trabajadores de los bares Las Playas y El Pérsico.
Días antes, el pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, estaba asignado a cuidar las boletas de la elección presidencial en las oficinas del Instituto Federal Electoral en la ciudad de Monclova, ubicada a unos 14 kilómetros de Castaños, ambos en la zona central de Coahuila, en el norte de México.
Un grupo de siete militares habían estado tomando en Las Playas, pero escenificaron un pleito con otros, debido al exceso de alcohol que habían tomado. Álvaro Flores iba a ser detenido en una "celda" que utilizan los policías para calmar a los parroquianos rijosos, sus compañeros de juerga intervienen, prometen llevárselo. Cómo eran soldados los policías aceptan.
Sin embargo, 40 minutos más tarde, cuando apenas rebasaba la media noche, regresaron vestidos con uniformes, utilizando armas de uso exclusivo del ejército y en un vehículo de la misma institución castrense, el argumento es que hacían una revisión.
En el lugar resultaron abusadas dos de las tres mujeres que estaban en Las Playas. Ambas fueron llevadas a la parte de atrás, contra la pared y obligadas a desvestirse mientras los soldados les apuntaban con sus armas largas. Las dos jóvenes fueron sometidas a vejaciones y humillaciones verbales. En tanto, el cantinero y los policías, golpeados.
Los soldados se retiran del lugar. Se dirigen al Pérsico, donde cierran el lugar, someten a los policías y trabajadores. Un grupo de mujeres corre a esconderse en la cocina. Desde el lugar hacen llamadas a los cuerpos de seguridad pidiendo auxilio pues escuchan cómo son golpeados los trabajadores y los insultos a sus compañeras.
Los 20 soldados permanecen en el lugar unas cuatro horas, nunca llega la ayuda. Después se sabrá que no llega porque "piensan que se trata de los zetas", brazo paramilitar que emplea el crimen organizado.
La agresión fue denunciada por las trabajadoras ante el Ministerio Público, 12 soldados fueron identificados por las mujeres. Al finalizar agosto, fueron detenidos ocho soldados, el gobierno del Estado, organizaciones civiles y de la iglesia, demandaron que fueran juzgados por la vía del fuero común.
A diferencia de las ocasiones anteriores, en Castaños se alegó que no deberían ser juzgados por la justicia militar pues los soldados no se encontraban cumpliendo ninguna orden cuando cometieron la violación, incluso se encontraban fuera del municipio donde se les había asignado para cuidar las boletas electorales. Finalmente fueron juzgados por el fuero común.
Como resultado de la agresión sexual una de las mujeres tuvo un aborto y otra resultó embarazada. Ninguna de ellas recibió anticoncepción de emergencia por parte de los servicios de salud.
Durante el juicio hubo careos entre las víctimas y los victimarios, se realizó una inspección en el lugar de los hechos. En tanto las mujeres agredidas fueron amenazadas por familiares de los militares, les ofrecieron dinero en varias ocasiones, lo que provocó que al menos dos se retractaran de sus dichos, lo que afectaría la sentencia.
De los 20 soldados que participaron, 12 fueron denunciados por las trabajadoras. Ocho detenidos, uno más fue puesto en libertad en sólo una semana gracias a la declaración de un superior jerárquico, se trataba de Héctor Méndez de la Cruz, liberado en sólo ocho días y sin escuchar el testimonio de la mujer a la que agredió. Tres más permanecen prófugos: Ricardo Hernández, quien habría dirigido el ataque, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez.
El juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, finalmente dio a conocer la sentencia el 1 de octubre de 2007. El resultado sorprendió a las mujeres y a la sociedad que había estado pendiente del largo proceso:
Omar Alejandro Rangel Fuentes, señalado como el soldado que agredió sexualmente a cinco trabajadoras la noche del 11 de julio de 2006, fue condenado a 41 años, cuatro meses.
Juan José Gaytán Santiago, acusado inicialmente por seis mujeres, una de las cuales se retractó, fue condenado a 21 años de prisión, lloró al escuchar el fallo.
Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión.
Ángel Antonio Hernández Niño, quien habría sido acusado de violación a una de las mujeres de Castaños, fue condenado por lesiones a policías, a tres años nueve meses de prisión, lo cual libró al pagar una multa por 20.843 pesos, lo que equivale a 1.929 dólares aproximadamente.
Los militares absueltos fueron Norberto Francisco González, quien violó a una de las mujeres, la misma que se retractó ocho meses después de los hechos, se le acreditó el delito de lesiones y el pago de 482.10 pesos, unos 38 dólares.
Rosendo García Jiménez también obtuvo su libertad por el fuero común, luego de que la parte acusadora se retractara de sus dichos.
Los otros dos liberados fueron Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendría que pagar 482.10 pesos, y Norberto González Estrada, liberado y quién pagará la misma multa por "lesiones leves a preventivos".
La Procuraduría General de la República nunca inició investigación alguna por el uso indebido de armas, uniformes y vehículo propiedad de la nación.
Actualmente se espera la resolución de la apelación que tendrá que dar a conocer en breve el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que se puede decir que en el caso de Castaños lo que hubo fue justicia a medias.
Villa Cloete, 30 de octubre 2007
Hubo una nueva "incursión militar" sucedió la noche del martes 30 de octubre en la villa Cloete, municipio de Sabina, como lo hicieron en Castaños el 11 de julio de 2006, seis militares estaban uniformados, armados y utilizaron vehículos del Ejército y eran, como en Castaños, elementos del 14 Regimiento de Caballería.
Pero esta vez fue quizá la inmediata intervención policiaca lo que impidió que los militares llegaran a más. Podría pensarse que ya aprendieron la lección las corporaciones policiacas quienes se sabe intervinieron casi de inmediato y trataron de detenerlos. Pero lograron llegar a su base militar.
Cuatro Ciénegas, mayo 2008
En el municipio de Cuatro Ciénegas, las autoridades policiacas decidieron ocultar el asalto con armas en la mano y portando uniformes de un grupo de militares a la zona de tolerancia, donde "se divirtieron con mujeres" y bebieron en el Salón Cruz Blanca, minutos antes otro grupo hizo disparos contra la pared del antro, nadie hizo ninguna denuncia.
Soledad Atzompa, Veracruz. 2007
En la comunidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, en la sierra de Zongolica, una de las más pobres del país, Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue violada por elementos castrenses al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del día domingo 25 de febrero de 2007.
En testimonio dado a sus familiares afirmó que "los militares se le vinieron encima", dato que obtuvieron pues fue la última declaración de la mujer antes de morir. Más tarde, debido a su crítico estado de salud, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco en donde el día domingo 4 de marzo falleció.
El caso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación en un principio y fue atraído por autoridades federales para su investigación. El cadáver se exhumó para su investigación. Hubo presiones para la familia. El entonces presidente Felipe Calderón, quien era criticado por la presencia militar en el país, dijo que la señora había muerto de gastritis y debido a una anemia, incluso días antes de que oficialmente las autoridades dieran a conocer los resultados de sus investigaciones. La versión fue ratificada el 3 de septiembre de 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para los organismos sociales hubo irregularidades en el caso, uno de ellos, la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de Ministerio Público.
Nocupétaro, Michoacán 2007
Cuatro jóvenes que trabajan en el restaurante La Estrellita de Nocupétaro, Michoacán, fueron víctimas de violación y abuso sexual por parte de elementos de ejército mexicano, el 2 de mayo de 2007, supuestamente los militares estaban investigando los vínculos de la dueña del restaurante, Carmela, con Los Zetas.
En su relato las cuatro jóvenes cuentan que fueron detenidas con violencia en el restaurante. Llevadas en helicóptero hasta Michoacán, les dijeron que la tirarían al mar. El caso fue tomado por la CNDH, relata que también fueron abusadas sexualmente por los soldados, quienes las llevaron a un cuartel y ahí dormidas habrían sido violadas.
Después de varios días fueron entregadas a la Agencia Federal de Investigaciones, ahí denunciaron las agresiones de que fueron víctimas.
Los retos, la impunidad carta abierta para los soldados
El reto más importante para el gobierno mexicano es su voluntad política para no permitir más impunidad por parte de elementos que tendrían que resguardar la seguridad e integridad de la población mexicana.
Otra idea importante es la presentada por la diputada Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, en una iniciativa a fin de que cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles, los soldados deben ser juzgados por la vía civil.
La propuesta es realmente importante, pues como está visto, los soldados están en las calles del país para combatir el crimen organizado. Eso parece bueno, pero sus efectos colaterales tienen ya varias víctimas civiles, muchas de ellas mujeres, quienes han sido sometidas a todo tipo de vejaciones.
Voces internacionales como la de Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, insiste en que los hechos de violación de derechos humanos, deben ser investigados por una jurisdicción ordinaria y no militar.
De esta forma sostiene sería la única forma de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación, ya que la jurisdicción militar no es el órgano competente para investigar casos de violaciones cometidas por elementos del ejército", señala Long en entrevista.
México no es distinto a otros países pese a su "tradición pacifista". Igual que en otras naciones del mundo, cuando estallan los conflictos, el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla.
Los cuerpos de coerción se distinguen porque muchos violadores pertenecen a ellos, el Ejército y las distintas policías. Al privilegio genérico se suman el privilegio y la supremacía del poder militar y policiaco sobre los civiles y la sociedad, sostiene la especialista.
sara.lovera@ymail.com - México, enero (SEMlac).-
La presencia militar y policiaca en México ha producido heridas profundas para la vida y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista de casos documentados es enorme.
Los informes más recientes estiman que ocho de cada 10 mujeres bajo custodia de federales o militares son sexualmente torturadas. Hoy no tendríamos que pensar será distinta, advierten voces feministas y hechos documentados.
Los casos emblemáticos hablan de impunidad, indiferencia y olvido y el silencio lo rodea todo.
Donde hay fuerzas del orden, continúan las violaciones sexuales, desplazamientos forzados y asesinatos. Ahora los militares custodian ductos y estaciones de hidrocarburos, están en comunidades y carreteras. Más de 5.800.
A ellas las rodea el silencio. Hay sistemáticamente, desde 1956, siempre una razón. Un argumento. Se invoca la fuerza del Estado. Se justifica la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la guerrilla, una situación extraordinaria.
La presencia militar en pueblos y comunidades tiene, además, costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, dice la abogada chiapaneca Martha Figueroa Mier, quien en los últimos 25 años ha representado y litigado el caso de tres niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, Chiapas, en 1994. En las zonas indígenas, agrega "es mucho peor".
¿Casos? Históricos: Loxicha, Montes Azules, Sierra de Tezonapa, Atenco, Castaños, Chiapas, zona Triqui. Recientes, 15 estados: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Responsables: las autoridades castrenses, Sedena y Semar; civiles de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Prodh en el documento "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado", de noviembre 2018, habla de un patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin decirles por qué se las arresta. Luego son trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, abusadas sexualmente y con tocamientos durante un lapso de 12 horas a tres días.
Amnistía Internacional (AI) denuncia el "habitual" abuso sexual por parte de militares y policías mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 detenidas en cárceles federales denunciaron tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos se remontan a distintos años, a partir de 2011, según declaró Madeleine Penman, autora del informe de AI.
Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.
Niñas tzeltales: 25 años esperando justicia
Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., conocedora durante más de dos décadas del significado de la presencia militar en Chiapas, señaló una y otra vez violaciones cometidas por militares.
La periodista Soledad Jarquín, en un ensayo denominado "Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro", presentado en 2009 en un foro convocado por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), University of San Diego. EE.UU., afirma que las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo a manos de militares convertidos en policías, como ejemplo está el caso Acteal, donde 21 de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamiento forzado.
Figueroa Mier, en entrevista, informa que el asunto de las tres niñas Tzeltales, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y suma varias recomendaciones para el gobierno mexicano. Dijo que un día antes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, cuando México ya había ofrecido "pedirles perdón y reparar económicamente el daño", pero no se pudo llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.
Durante estos años un grupo de periodistas mujeres fueron descubriendo el significado de la presencia militar. Hicieron un recorrido, por el país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.
Las tres niñas Tzeltales fueron violadas por militares en un retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8.502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento correspondió a mujeres. Señaló que además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y, en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994, en Altamirano, Chiapas.
Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales), y con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas. En ese lapso de tiempo, las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas.
Las hermanas González, a finales de ese mismo mes y a partir de un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que "los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso". En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que el organismo regional declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos.
Han pasado más de 25 años y más de 15 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones, publicó Revolución 3.0.
Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás dice, en una carta al presidente López Obrador, no a la militarización y recuerdan el paradigmático caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió perdón público. También el de Ernestina Ascensio Rosario en la Sierra de Tezonapa, Veracruz.
Señalan que las investigaciones de la periodista Laura Castellanos para su libro "Crónica de un país embozado 1994-2018" encontró colusión del ejército con las bandas delincuenciales en Michoacán, Guerrero y Chihuahua.
Por ello, sostienen nos oponemos a la creación de la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz y Seguridad sin fecha límite para la actuación de las Fuerzas Armadas. Este 15 de enero el presidente de la República reafirmó que el mando de la guardia será militar y la administración civil.
La académica María Guadalupe Huacuz Elías escribió: "en la ley debería estipularse la transición a una guardia civil y una modificación a la ley castrense que permita que se juzgue a quienes torturen, desaparezcan o realicen cualquier tipo de violación a los derechos humanos en especial a mujeres y niñas".
Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad. Luego hace un recuento de los hechos ocurridos en México, de los que han sido documentados que se refleja bien en una frase que los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, "Luis Flores García" expuesto en 1982, durante el II Foro Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de los derechos humanos en México:
"El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como "gavilleros", "robavacas" y "delincuentes".
El resumen de las organizaciones defensoras de los Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo.
A lo largo de años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo investigaciones y formuló más de 95 recomendaciones. En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.
Casos históricos, recogidos por la periodista Soledad Jarquín, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo de militares en 2006, es autora del siguiente recuento de 19 casos, entre 1956 y 2008.
Triquis 1956
Los habitantes de la etnia Triqui, una de las 18 que hay en el sureño estado de Oaxaca, habitan en la parte más occidental de la entidad en la región de la mixteca, considerada la más pobre y marginada. Los triquis ocupan una extensión de 500 kilómetros cuadrados y sus comunidades se dispersan en los distritos de Putla, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Originalmente -relatan los historiadores- los triquis pertenecían a los mixtecos, pero se habría separado años atrás.
Las mujeres triquis visten huipiles hechos en telar de cintura, color rojo, elaborados en lana -cuando la lana se producía en la zona-y en algodón. La forma del traje depende de su estado civil, es decir, si son niñas, solteras, casadas o viudas, una situación que se repite en muchas otras etnias oaxaqueñas.
Desde la época postrevolucionaria, la población triqui ha sido marcada por una permanente violencia generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido los propios funcionarios de los gobiernos en turno quienes han creado la división y los conflictos entre la población. El número de víctimas que han dejado estas disputas han sido tantas que no son cuantificables ni por las mismas instancias de procuración de justicia.
En 1956 mueren, en el barrio Cruz Chiquita, el teniente Patos y varios integrantes del pelotón que lo acompañan. Patos fue asesinado por indígenas triquis casados de la extorsión de la que eran objeto. Entonces el gobierno federal ordenó la invasión del barrio Cruz Chiquita por los militares, y estos arrasaron por tierra con todo lo que encontraron a su paso apoyados por la aviación militar.
Todos los que pudieron se refugiaron en la sierra, los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos) fueron fusilados y ahorcados.
Triquis, 1978
María Marcelina Ramírez, se dirige al gobernador del Estado de Oaxaca, en ella explica que el 31 de julio de 1978, llegó a su casa el presidente municipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y una partida militar, "rodearon mi casa, donde estaba mi esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días después como resultado de las heridas).
El Rastrojo, 1979
Un grupo de 14 mujeres de Rastrojo denuncian ante el gobernador del Estado que el 19 de enero militares de San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero en efectivo y otros objetos como huipiles y animales. Se llevan a las señoras atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no hablan castellano, hablan triqui, entonces nadie sabe qué confesaron.
Santa Cruz Chiquita, 1979
El 21 de enero, nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa denuncian ante el procurador agresiones por parte de militares, queman 12 casas y les roban sus propiedades.
El Rastrojo 1979
El 29 de octubre de 1979, María Agustina Josefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan Copala, y Mateo Francisco, comandante, disfrazados de soldados asesinan a Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María señalan que también fueron saqueadas sus casas.
Santa Cruz Tilapa, 1980
Son violadas las señoras María Elena y María Cristina Martínez, en tanto que la niña Francisca Zenaida Martínez, de ocho años fue secuestrada. También destruyen el interior de la casa de las señoras.
Un grupo de seis mujeres y un hombre denuncian los atropellos de Pablo Martínez López, cometidos los días 17 y 18 agosto de 1980. Una de ellas, María Agustina Lorencia, expone que su esposo Emiliano Jesús Flores fue asesinado, el resto relata que son destruidas sus viviendas y robadas sus pertenencias y dinero.
Cuyuche, El Rastrojo y Santa Cruz Chiquita, 1981
El 11 de noviembre llegaron los militares al barrio de Cuyuche, Copala, donde torturan a un integrante del Comité de la escuela y disparan contra las viviendas. En Rastrojo roban pertenencias de las personas. En Santa Cruz Chiquita siguen las balaceras y roban. Se llevan por la fuerza.
En julio de 1982 se denunció el asesinato de María Camila García y de sus hijos Cayetano y Juan Ramírez García, por parte de un grupo de pistoleros que fueron identificados.
San Juan Copala, 1982
El 6 de septiembre de 1982 en el centro de San Juan Copala, el agente municipal Juan García López, Antonio Ramírez Flores y el comandante de la policía amarraron a Celestino Flores Pérez y en su presencia violaron a su esposa Dominga Ramírez. Si denunciaba los hechos, le dijeron, serían asesinados.
El 24 de diciembre Margarita Ita, originaria de Santa Cruz Chiquita, fue atacada cuando se dirigía a Putla con sus hijos, los agresores fueron José Mejía, Ramón Celestino y Vicente, quienes al último la secuestraron.
Los conflictos políticos de la zona Triqui se generan por la disputa del poder entre los grupos antagónicos del MULT, MULTI y UBISORT, quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.
Un recuento hecho por MULT señala que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada por presuntos integrantes del MULTI y cuyos captores y violadores nunca fueron detenidos ni molestados por la autoridades judiciales, en tanto las hermanas Daniela y Virginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde el 5 de julio cuando salieron de Rastrojo para ir a otra población. El caso nunca fue investigado y el Procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez concluyó la investigación el 18 de enero de 2008.
Antes, en una declaración señaló que no podía arriesgar a los agentes judiciales, pues los triquis son muy conflictivos y podrían asesinarlos.
A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala. Los hechos ocurrieron mientras ella esperaba a su tía afuera de su casa. La menor presenta hoy una parálisis facial, camina con dificultad e intenta hablar pero no tiene dinero para ser trasladada cada mes a una terapia de rehabilitación.
También el 7 abril de 2008 fueron asesinadas las dos locutoras de Radio, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala. Las dos jóvenes fueron asesinadas durante una emboscada en la que se utilizaron armas de alto poder, por lo que el caso fue atraído por la PGR, no hay resultados.
Altamirano, Chiapas 1994
Después del 1 de enero de 1994 cualquier duda en relación con la situación de violación a derechos humanos, en especial de los grupos indígenas en Chiapas, ha quedado totalmente despejada. En Chiapas, al igual que en el resto del país, las mujeres viven subordinadas a los varones en su grupo familiar o comunitario, por ello aunque no están directamente involucradas en la toma de decisiones referentes al conflicto, son ellas las más vulnerables y por tanto quienes más sufren las consecuencias del conflicto armado y la militarización, apunta el documento Derechos de las Mujeres, discriminación y violencia elaborado con motivo de la visita oficial del relator para los derechos y libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia (González Pérez) y su madre (Delia Pérez) fueron detenidas por un grupo de militares en un retén militar "para interrogarlas", así como ilegalmente privadas de su libertad, violadas y amenazadas, con la complicidad de más de 30 elementos del Ejército de un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas, cerca de la zona conocida como Las Cañadas.
En 2001, el Estado mexicano dijo que "decidió archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a pericias ginecológicas". (Sara Lovera, Cimacnoticias 26 abril 2001).
En julio la SEDENA "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones" en un boletín. A 25 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada.
El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de enero de 1996, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., alegando responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por los hechos sucedidos en 1994, el Estado asegura que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos, que los representes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar y que no se configuró la violación de los derechos humanos.
Las violaciones, se informó el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres. (Gladis Torres, Cimacnoticias 11 de septiembre de 2008).
San Cristobalito, municipio de San Andrés Larrainzar, 1995
El 4 de octubre de 1995, son violadas tres enfermeras de la brigada de vacunación de la Secretaría de Salud y Asistencia, por un grupo de 25 hombres armados y encapuchados.
Lagos de Montebello, 1995
El 26 de octubre de 1995, Cecilia Rodríguez, ciudadana norteamericana y coordinadora de la Comisión Nacional por la Democracia en México, que opera en EE.UU., fue violada por varios hombres fuertemente armados.
Para noviembre de 1995, el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, organismo no gubernamental con sede en Chiapas, "cuenta con una lista de casos debidamente documentados, ocurridos durante año y medio, es decir, desde que estalló el conflicto armado en esa entidad y que se recrudecieron durante las negociaciones de pacificación entre el EZLN y el gobierno federal. (Archivo de Notas, 2 Nov. 1995).
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, 1997
El 3 de diciembre de 1997 Delfina Flores, de 28 años de edad, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
Loxicha, Oaxaca, 1997
La historia comienza la madrugada del 29 de agosto de 1996, cuando un supuesto comando del Ejército Popular Revolucionario interrumpe la paz en La Crucecita, Santa Cruz Huatulco, agencia municipal del emporio turístico que desde la década de los ochenta construye el gobierno federal en el litoral pacífico oaxaqueño, conocido como Bahías de Huatulco.
Los guerrilleros atacan la Partida de Infantería de Marina, de la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial de Oaxaca, la Policía Preventiva y la municipal, así como de Fonatur; el resultado, 13 muertes: cuatro infantes de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y cuatro personas no identificadas. Entre esos muertos estaba Fidel Martínez, exregidor del Ayuntamiento de San Agustín Loxicha.
Esta situación trajo consigo la militarización y paramilitarización de las comunidades Loxicha, asentadas estas en la Sierra Sur, lo que provocó el encarcelamiento de unos 100 pobladores (12 hombres continúan detenidos, en tanto que Isabel Almaraz, la única mujer detenida obtuvo su libertad el 17 de junio de 2008, tras seis años de prisión por un delito que no cometió), así como asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
En Los Loxichas se ubican entonces cuatro Bases de Operaciones Mixtas: en El Portillo de las Flores, Magdalena Loxicha, La Sirena Miramar, Loxicha y Agustín Loxicha. Se acondicionó un helipuerto doble en La Cruz para facilitar el desplazamiento de tropa a la región. Con modernas camionetas realizan patrullajes, se desplazan en camionetas último modelo y su armamento incluye Ak-47, M1 y M2. Sus prácticas eran despiadadas y sanguinarias. Tienen como papel principal delatar, pero también torturan, asesinan, violan a mujeres y participan en detenciones arbitrarias.
En enero de 1998, 15 meses después de haber iniciado la búsqueda de supuestos insurgentes y acusar a Los Loxichas de ser el bastión del grupo guerrillero, se dio a conocer la violación de 21 mujeres por parte de guardias blancas, agentes judiciales y militares en Magdalena Loxicha.
Según un reporte periodístico de la época, los violadores entregaban dinero a las mujeres para que no denunciaran. El caso fue tomado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), entonces presidida por Angélica Ayala Ortiz. Ella sostiene -años después que no fueron 21 sino 36 las mujeres zapotecas víctimas de los ataques sexuales de policías, judiciales y militares, así como los llamados "guardias blancas".
Se presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por el actual procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, pero nunca hubo intención alguna de actuar para castigar a los responsables, por el contrario, según testimonio de Angélica Ayala Ortiz, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH, pues las mujeres fueron advertidas que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrario irían a la cárcel.
Del caso sólo existen en la CEDH un "cuaderno de antecedentes" donde se da cuenta del inicio de una queja de oficio por la nota periodística titulada Guardias blancas, violan a mujeres en M Loxicha, que el diario El Gráfico publicó en su página 17, bajo el número: CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998.
Incluso en febrero de 1998, la oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado negó que esa dependencia haya recibido alguna denuncia o queja por violación a mujeres en la región Loxicha, pero que hicieron una investigación y encontraron "casos de convivencia y relación libre entre mujeres y miembros de una corporación policiaca, pero por propia voluntad" (febrero 1998).
Ciudad Lerdo, Durango 1997
En Cuidad Lerdo, Durango, dos menores de 11 y 14 años fueron violadas por elementos de la VI Zona militar, con sede en Saltillo, Coahuila. Del caso nada se supo. Ningún elemento militar fue detenido y ni siquiera sus nombres fueron dados a conocer por la VI Zona Militar. La violación se cometió el último día de 1997 en un cuartel establecido junto al poblado de León Guzmán. Las niñas habían sido llevadas a ese lugar con engaños por parte de una mujer. (La Jornada/Jorge Torres/ 13 de enero de 1998).
Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, 1999
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, y pertenecientes a la etnia mixteca ubicada en el estado de Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas.
Barranca Bejuco, Acatepec, 2002
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, el 16 de febrero de 2002 mientras lavaba ropa cerca de su casa.
Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, 2002
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados. Estos hechos también fueron analizados por la CIDH. Son sólo tres los casos evaluados por la CIDH.
Sobre las violaciones a mujeres guerrerenses, Amnistía Internacional refiere en un comunicado del 23 de noviembre de 2003, cuando dio a conocer el Informe Violencia Contra las Mujeres Indígenas e Injusticia Militar, que "la impunidad que rodea estos casos afecta directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias".
Efectivamente, el 9 de febrero de 2008 fue secuestrado y asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en Ayutla de Los Libres, municipio donde trabajaba como albañil. Como su hermana, violada en marzo de 2002, Lorenzo había sido integrante de la organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), el cual también había hecho una campaña por las 14 indígenas que denunciaron haber sido esterilizadas por la fuerza en 1998.
AI se mostró preocupada en febrero pasado por la seguridad de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y de la traductora Obtilia Eugenio Manuel, también integrantes de la OPIM que han sido amenazados e intimidados a partir del 9 de febrero de 2008, fecha en que desapareció Lorenzo.
Como en el caso de Chiapas, AI reconoce las graves fallas de las prácticas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, que ponen claramente de manifiesto la falta de imparcialidad.
El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medidas para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Castaños, Coahuila, 2006
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 14 mujeres, entre bailarinas y trabajadoras del sexo, golpearon y robaron a algunos clientes, sometieron a policías municipales y trabajadores de los bares Las Playas y El Pérsico.
Días antes, el pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, estaba asignado a cuidar las boletas de la elección presidencial en las oficinas del Instituto Federal Electoral en la ciudad de Monclova, ubicada a unos 14 kilómetros de Castaños, ambos en la zona central de Coahuila, en el norte de México.
Un grupo de siete militares habían estado tomando en Las Playas, pero escenificaron un pleito con otros, debido al exceso de alcohol que habían tomado. Álvaro Flores iba a ser detenido en una "celda" que utilizan los policías para calmar a los parroquianos rijosos, sus compañeros de juerga intervienen, prometen llevárselo. Cómo eran soldados los policías aceptan.
Sin embargo, 40 minutos más tarde, cuando apenas rebasaba la media noche, regresaron vestidos con uniformes, utilizando armas de uso exclusivo del ejército y en un vehículo de la misma institución castrense, el argumento es que hacían una revisión.
En el lugar resultaron abusadas dos de las tres mujeres que estaban en Las Playas. Ambas fueron llevadas a la parte de atrás, contra la pared y obligadas a desvestirse mientras los soldados les apuntaban con sus armas largas. Las dos jóvenes fueron sometidas a vejaciones y humillaciones verbales. En tanto, el cantinero y los policías, golpeados.
Los soldados se retiran del lugar. Se dirigen al Pérsico, donde cierran el lugar, someten a los policías y trabajadores. Un grupo de mujeres corre a esconderse en la cocina. Desde el lugar hacen llamadas a los cuerpos de seguridad pidiendo auxilio pues escuchan cómo son golpeados los trabajadores y los insultos a sus compañeras.
Los 20 soldados permanecen en el lugar unas cuatro horas, nunca llega la ayuda. Después se sabrá que no llega porque "piensan que se trata de los zetas", brazo paramilitar que emplea el crimen organizado.
La agresión fue denunciada por las trabajadoras ante el Ministerio Público, 12 soldados fueron identificados por las mujeres. Al finalizar agosto, fueron detenidos ocho soldados, el gobierno del Estado, organizaciones civiles y de la iglesia, demandaron que fueran juzgados por la vía del fuero común.
A diferencia de las ocasiones anteriores, en Castaños se alegó que no deberían ser juzgados por la justicia militar pues los soldados no se encontraban cumpliendo ninguna orden cuando cometieron la violación, incluso se encontraban fuera del municipio donde se les había asignado para cuidar las boletas electorales. Finalmente fueron juzgados por el fuero común.
Como resultado de la agresión sexual una de las mujeres tuvo un aborto y otra resultó embarazada. Ninguna de ellas recibió anticoncepción de emergencia por parte de los servicios de salud.
Durante el juicio hubo careos entre las víctimas y los victimarios, se realizó una inspección en el lugar de los hechos. En tanto las mujeres agredidas fueron amenazadas por familiares de los militares, les ofrecieron dinero en varias ocasiones, lo que provocó que al menos dos se retractaran de sus dichos, lo que afectaría la sentencia.
De los 20 soldados que participaron, 12 fueron denunciados por las trabajadoras. Ocho detenidos, uno más fue puesto en libertad en sólo una semana gracias a la declaración de un superior jerárquico, se trataba de Héctor Méndez de la Cruz, liberado en sólo ocho días y sin escuchar el testimonio de la mujer a la que agredió. Tres más permanecen prófugos: Ricardo Hernández, quien habría dirigido el ataque, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez.
El juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, finalmente dio a conocer la sentencia el 1 de octubre de 2007. El resultado sorprendió a las mujeres y a la sociedad que había estado pendiente del largo proceso:
Omar Alejandro Rangel Fuentes, señalado como el soldado que agredió sexualmente a cinco trabajadoras la noche del 11 de julio de 2006, fue condenado a 41 años, cuatro meses.
Juan José Gaytán Santiago, acusado inicialmente por seis mujeres, una de las cuales se retractó, fue condenado a 21 años de prisión, lloró al escuchar el fallo.
Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión.
Ángel Antonio Hernández Niño, quien habría sido acusado de violación a una de las mujeres de Castaños, fue condenado por lesiones a policías, a tres años nueve meses de prisión, lo cual libró al pagar una multa por 20.843 pesos, lo que equivale a 1.929 dólares aproximadamente.
Los militares absueltos fueron Norberto Francisco González, quien violó a una de las mujeres, la misma que se retractó ocho meses después de los hechos, se le acreditó el delito de lesiones y el pago de 482.10 pesos, unos 38 dólares.
Rosendo García Jiménez también obtuvo su libertad por el fuero común, luego de que la parte acusadora se retractara de sus dichos.
Los otros dos liberados fueron Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendría que pagar 482.10 pesos, y Norberto González Estrada, liberado y quién pagará la misma multa por "lesiones leves a preventivos".
La Procuraduría General de la República nunca inició investigación alguna por el uso indebido de armas, uniformes y vehículo propiedad de la nación.
Actualmente se espera la resolución de la apelación que tendrá que dar a conocer en breve el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que se puede decir que en el caso de Castaños lo que hubo fue justicia a medias.
Villa Cloete, 30 de octubre 2007
Hubo una nueva "incursión militar" sucedió la noche del martes 30 de octubre en la villa Cloete, municipio de Sabina, como lo hicieron en Castaños el 11 de julio de 2006, seis militares estaban uniformados, armados y utilizaron vehículos del Ejército y eran, como en Castaños, elementos del 14 Regimiento de Caballería.
Pero esta vez fue quizá la inmediata intervención policiaca lo que impidió que los militares llegaran a más. Podría pensarse que ya aprendieron la lección las corporaciones policiacas quienes se sabe intervinieron casi de inmediato y trataron de detenerlos. Pero lograron llegar a su base militar.
Cuatro Ciénegas, mayo 2008
En el municipio de Cuatro Ciénegas, las autoridades policiacas decidieron ocultar el asalto con armas en la mano y portando uniformes de un grupo de militares a la zona de tolerancia, donde "se divirtieron con mujeres" y bebieron en el Salón Cruz Blanca, minutos antes otro grupo hizo disparos contra la pared del antro, nadie hizo ninguna denuncia.
Soledad Atzompa, Veracruz. 2007
En la comunidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, en la sierra de Zongolica, una de las más pobres del país, Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue violada por elementos castrenses al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del día domingo 25 de febrero de 2007.
En testimonio dado a sus familiares afirmó que "los militares se le vinieron encima", dato que obtuvieron pues fue la última declaración de la mujer antes de morir. Más tarde, debido a su crítico estado de salud, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco en donde el día domingo 4 de marzo falleció.
El caso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación en un principio y fue atraído por autoridades federales para su investigación. El cadáver se exhumó para su investigación. Hubo presiones para la familia. El entonces presidente Felipe Calderón, quien era criticado por la presencia militar en el país, dijo que la señora había muerto de gastritis y debido a una anemia, incluso días antes de que oficialmente las autoridades dieran a conocer los resultados de sus investigaciones. La versión fue ratificada el 3 de septiembre de 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para los organismos sociales hubo irregularidades en el caso, uno de ellos, la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de Ministerio Público.
Nocupétaro, Michoacán 2007
Cuatro jóvenes que trabajan en el restaurante La Estrellita de Nocupétaro, Michoacán, fueron víctimas de violación y abuso sexual por parte de elementos de ejército mexicano, el 2 de mayo de 2007, supuestamente los militares estaban investigando los vínculos de la dueña del restaurante, Carmela, con Los Zetas.
En su relato las cuatro jóvenes cuentan que fueron detenidas con violencia en el restaurante. Llevadas en helicóptero hasta Michoacán, les dijeron que la tirarían al mar. El caso fue tomado por la CNDH, relata que también fueron abusadas sexualmente por los soldados, quienes las llevaron a un cuartel y ahí dormidas habrían sido violadas.
Después de varios días fueron entregadas a la Agencia Federal de Investigaciones, ahí denunciaron las agresiones de que fueron víctimas.
Los retos, la impunidad carta abierta para los soldados
El reto más importante para el gobierno mexicano es su voluntad política para no permitir más impunidad por parte de elementos que tendrían que resguardar la seguridad e integridad de la población mexicana.
Otra idea importante es la presentada por la diputada Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, en una iniciativa a fin de que cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles, los soldados deben ser juzgados por la vía civil.
La propuesta es realmente importante, pues como está visto, los soldados están en las calles del país para combatir el crimen organizado. Eso parece bueno, pero sus efectos colaterales tienen ya varias víctimas civiles, muchas de ellas mujeres, quienes han sido sometidas a todo tipo de vejaciones.
Voces internacionales como la de Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, insiste en que los hechos de violación de derechos humanos, deben ser investigados por una jurisdicción ordinaria y no militar.
De esta forma sostiene sería la única forma de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación, ya que la jurisdicción militar no es el órgano competente para investigar casos de violaciones cometidas por elementos del ejército", señala Long en entrevista.
México no es distinto a otros países pese a su "tradición pacifista". Igual que en otras naciones del mundo, cuando estallan los conflictos, el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla.
Los cuerpos de coerción se distinguen porque muchos violadores pertenecen a ellos, el Ejército y las distintas policías. Al privilegio genérico se suman el privilegio y la supremacía del poder militar y policiaco sobre los civiles y la sociedad, sostiene la especialista.
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