CHILE : LICENCIA PARA MATAR - las patrañas de la violencia estatal.
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Nuevo decreto sobre violencia policial debe ser perfeccionado
El protocolo de Gobierno dado a conocer este martes, responde a un compromiso del Estado de Chile ante la CIDH por el caso del joven mapuche Alex Lemún, asesinado en Ercilla durante el 2002 por el mayor de Carabineros Marco Treuer.
Cuatro años después, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó una denuncia ante la comisión, condenando al Estado por la muerte del comunero como resultado del uso excesivo de la fuerza policial.
La determinación de perfeccionar el reciente reglamento se tomó durante una reunión tripartita realizada, este martes, en la sede del órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.
Así lo comunicaron desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes participaron en el encuentro junto a miembros de la CIDH y del Estado de Chile, representados por el Director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Pablo Crisóstomo, y Gonzalo Candia, de la subsecretaría de Derechos Humanos.
La abogada y directora de CEJIL programa Cono Sur, María Noel Lioni, indicó que las autoridades nacionales se comprometieron a presentar un plan para ajustar el nuevo decreto, donde se incluirá la opinión de la sociedad civil con la realización de una consulta.
Además, se presentará información detallada de cómo se implementarán los nuevos programas de capacitación relacionados, efectuados en Carabineros y el Poder Judicial.
“Deben participar académicos, instituciones afines, organizaciones y, por supuesto, las propias comunidades mapuches. En el contexto de la reunión, dejamos eso bastante claro, y el Estado se comprometió a presentar un plan de trabajo para detallar la forma de cómo se realizará la consulta y cómo se convocará a los sectores interesados, así que esperamos esa propuesta para poder ajustarla”, afirmó.
La abogada de la familia de Alex Lemún, María Noel Lioni, aclaró que los nuevos protocolos policiales internos representan un avance importante de los compromisos asumidos por el Estado.
Sin embargo, la jurista precisó que el decreto no refleja todos los principios y estándares internacionales fundamentales en materia de violencia policial.
“Esos lineamientos no reflejan necesariamente todos los principios fundamentales en materia de derechos humanos que deben aplicarse al uso de la fuerza. No habla de los criterios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, los cuales son esenciales. No hacen referencia al trato discriminatorio, al uso de la fuerza, poco dice sobre los controles que se va a tener sobre eso y no hace referencia a las especificidades que puedan tener los contextos en La Araucanía, que es donde se dan principalmente estos problemas. Sobre todo, es poco claro respecto de cómo se piensa cumplir con el aspecto fundamental que está en el acuerdo del caso de Alex Lemún, de actualizar estos estándares”, argumentó.
Sobre el homicidio del joven mapuche Alex Lemún, donde el Estado fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una serie de acciones reparatorias, la jurista del centro con sede en Buenos Aires, María Noel Lioni, aseveró que se constatan avances, pero que estos no son suficientes.
“En el marco de este proceso se reabrió la investigación penal por la muerte de Alex Lemún, y, hasta ahora, el carabinero responsable está en prisión preventiva. También ha habido avances en cuanto a reparaciones importantes para la familia, pero el motivo principal de la reunión era expresar nuestra denuncia y preocupación por el poco cumplimiento de las medidas más estructurales, a las que se comprometió implementar el Estado”, subrayó.
La reunión realizada en la sede de la CIDH estuvo marcada por el reciente homicidio de Camilo Catrillanca, que evidenció, según la representante de CEJIL, que el Estado de Chile ha fallado en implementar medidas preventivas necesarias para que Carabineros no vuelva a incurrir en abusos en el uso de la fuerza.
A horas de darse a conocer el reglamento presidencial que contiene lineamientos generales sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros, este fue considerado insuficiente durante una reunión realizada, este martes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rodrigo Fuentes
Miércoles 5 de diciembre 2018 RadioU de Chile
El nuevo decreto presidencial que pretende fijar lineamientos generales sobre violencia policial en manifestaciones públicas y territorio mapuche fue catalogado como insuficiente durante una audiencia cerrada, efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cuatro años después, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó una denuncia ante la comisión, condenando al Estado por la muerte del comunero como resultado del uso excesivo de la fuerza policial.
La determinación de perfeccionar el reciente reglamento se tomó durante una reunión tripartita realizada, este martes, en la sede del órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.
Así lo comunicaron desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes participaron en el encuentro junto a miembros de la CIDH y del Estado de Chile, representados por el Director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Pablo Crisóstomo, y Gonzalo Candia, de la subsecretaría de Derechos Humanos.
La abogada y directora de CEJIL programa Cono Sur, María Noel Lioni, indicó que las autoridades nacionales se comprometieron a presentar un plan para ajustar el nuevo decreto, donde se incluirá la opinión de la sociedad civil con la realización de una consulta.
Además, se presentará información detallada de cómo se implementarán los nuevos programas de capacitación relacionados, efectuados en Carabineros y el Poder Judicial.
“Deben participar académicos, instituciones afines, organizaciones y, por supuesto, las propias comunidades mapuches. En el contexto de la reunión, dejamos eso bastante claro, y el Estado se comprometió a presentar un plan de trabajo para detallar la forma de cómo se realizará la consulta y cómo se convocará a los sectores interesados, así que esperamos esa propuesta para poder ajustarla”, afirmó.
La abogada de la familia de Alex Lemún, María Noel Lioni, aclaró que los nuevos protocolos policiales internos representan un avance importante de los compromisos asumidos por el Estado.
Sin embargo, la jurista precisó que el decreto no refleja todos los principios y estándares internacionales fundamentales en materia de violencia policial.
“Esos lineamientos no reflejan necesariamente todos los principios fundamentales en materia de derechos humanos que deben aplicarse al uso de la fuerza. No habla de los criterios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, los cuales son esenciales. No hacen referencia al trato discriminatorio, al uso de la fuerza, poco dice sobre los controles que se va a tener sobre eso y no hace referencia a las especificidades que puedan tener los contextos en La Araucanía, que es donde se dan principalmente estos problemas. Sobre todo, es poco claro respecto de cómo se piensa cumplir con el aspecto fundamental que está en el acuerdo del caso de Alex Lemún, de actualizar estos estándares”, argumentó.
Sobre el homicidio del joven mapuche Alex Lemún, donde el Estado fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una serie de acciones reparatorias, la jurista del centro con sede en Buenos Aires, María Noel Lioni, aseveró que se constatan avances, pero que estos no son suficientes.
“En el marco de este proceso se reabrió la investigación penal por la muerte de Alex Lemún, y, hasta ahora, el carabinero responsable está en prisión preventiva. También ha habido avances en cuanto a reparaciones importantes para la familia, pero el motivo principal de la reunión era expresar nuestra denuncia y preocupación por el poco cumplimiento de las medidas más estructurales, a las que se comprometió implementar el Estado”, subrayó.
La reunión realizada en la sede de la CIDH estuvo marcada por el reciente homicidio de Camilo Catrillanca, que evidenció, según la representante de CEJIL, que el Estado de Chile ha fallado en implementar medidas preventivas necesarias para que Carabineros no vuelva a incurrir en abusos en el uso de la fuerza.
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