El apoyo de los grupos feministas nicaragüenses a la denuncia de Thelma Fardin en ese país
15 de diciembre de 2018
El apoyo de los grupos feministas nicaragüenses a la denuncia de Thelma Fardin en ese país
“El tiempo de la impunidad debe terminar”
Colectivos
de mujeres nicaragüenses brindaron respaldo a la actriz argentina y
preparan la continuidad del reclamo de justicia, aunque prima el
escepticismo: en Nicaragua hay un “sistema de justicia adverso y
misógino”, denuncian.
La activista feminista Martha Meneses, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
“El
tiempo de la impunidad para los abusadores sexuales debe terminar”. Con
estas y otras consignas, el movimiento feminista de Nicaragua no solo
acompañó sino que apoya la denuncia de violación contra Juan Darthes. En
un país con altos grados de violencia y una cultura del abuso sexual
instalada en la sociedad, con un presidente acusado de violar a su
hijastra y en un marco de persecución de las organizaciones sociales y
de retroceso sobre los derechos de las mujeres, las feministas se
organizan para seguir luchando y hacer oír voz.
La Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua condenó el abuso cometido contra Thelma Fardin y exigió que “se investigue los hechos denunciados contra el agresor sexual Juan Darthes para que el delito no quede en la impunidad y prevalezca la justicia para la víctima”. Algo que parece difícil por lo que definieron como un “sistema de justicia adverso y misógino” que funciona en Nicaragua. Aun así, “debemos mantener la denuncia y seguir exigiendo justicia. Sigamos sumando voces para exigir que ‘El tiempo de la impunidad para los abusadores sexuales debe terminar’”, apuntaron en un comunicado publicado en Facebook el miércoles.
El miércoles se conoció que le quitaron la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización que asesoró y acompañó en la denuncia a Thelma Fardin y que hace más de veinticinco años defiende derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, entre otros colectivos vulnerados.
Esta medida no es aislada ni directamente relacionada con su rol en la denuncia contra Darthes. Hay otras organizaciones sociales en estado de alerta por la amenaza del quite de personería. “Actualmente las organizaciones feministas y de mujeres están en la lista de quitar las personería jurídicas. Muchas de ellas están en exilio o escondidas por amenazas y asedio por parte de los paramilitares”, contó a este diario la activista feminista Martha Meneses.
Desde hace años, el movimiento feminista nicaragüense viene denunciando retrocesos en derechos de las mujeres. Uno de los ejemplos es la penalización del aborto sin excepción, aun cuando el embarazo sea producto de una violación o esté en riesgo la vida de la mujer. La ley del país permitía el aborto terapéutico en algunas causales pero desde 2006 la prohibición es total, poniendo en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas, como viene denunciando desde entonces Human Rights Watch, entre otros organismos y organizaciones.
Meneses es artista, trabaja en el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo y es parte del movimiento feminista de Nicaragua. Desde allí, respondió algunas preguntas para PáginaI12.
–¿Están organizando acciones de apoyo a Fardin?
–En cuanto a lo poco que podemos hacer como movimiento de mujeres, esta denuncia nos agarra en un momento muy difícil ya que la represión se agudizó aún más. En Nicaragua está prohibido hacer plantones o actividades que aglutinen gente, han criminalizado todo tipo de actividades que exijan justicia por lo que no tenemos esa posibilidad. Hasta el momento nos hemos centrado en denunciarlo en las redes sociales (Facebook y Twitter).
–¿Cuál fue su reacción al conocer al denuncia?
–Cuando vi la denuncia pues te imaginarás... es de terror lo que ese depredador sexual le hizo a la joven. Ese es el pan nuestro de cada día en mi país, la violencia sexual es ya parte de la cotidianidad de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. Es una epidemia, quienes más la sufren son las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
Nicaragua tiene los índices más elevados tanto de embarazo adolescente como de mortalidad materna de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A nivel centroamericano, ocupa el segundo lugar, en mayor índice de tasa de denuncias de delitos sexuales. Según el último informe del Instituto de Medicina Legal, de 4941 peritajes registrados en el 2016, 4296 fueron de mujeres. Al desagregar las edades de 0 a 12 años denunciaron 1991 (1548 niñas y 443 niños); de 13 a 17 años, 2142 (2011 mujeres adolescentes y 131 hombres adolescentes); de 23 a 59 años, 469 (mujeres 453 y hombres 43) y de 60 años (2 hombres adultos y 13 mujeres adultas).
–¿Qué hacen las autoridades?
–Pues absolutamente nada, no hay campañas de prevención y en cuanto a la Justicia brilla por su ausencia. Según el gobierno de Ortega, la tendencia de las violaciones es de disminución al pasar de 1757 ocurridas en 2007 a 980 denunciadas hasta octubre de 2017. Pero si lo contrastamos con la realidad en los territorios donde trabajamos las organizaciones de mujeres, “bajando los índices” para nada. En el municipio de Esquipulas donde trabajamos, la violencia sexual es una de las más denunciadas por mujeres, niñas y adolescentes. El problema se agranda con el cierre de las Comisarías de la Mujer. Y por si fuera poco el dictador Daniel Ortega fue denunciado por su hijastra Zoilamérica Narváez por violación y quedó en la total impunidad.
–¿Cómo son las condenas en casos de abuso sexual en Nicaragua?
–En Nicaragua tenemos la Ley Integral Contra la Violencia de Género, en la cual los delitos sexuales son uno de los delitos más graves, las penas van de 15 o 20 años de prisión. En la última modificación del Código Penal impulsada por el gobierno de Ortega en el 2008, se disminuyeron las penas por delitos de violencia sexual.
–¿Cómo cree que puede avanzar judicialmente esta denuncia?
–Judicialmente veo muy poco probable que la denuncia prospere, la impunidad y el poco o casi nulo acceso a la justicia es lo que más se da, peor en el contexto en el que nos encontramos con una policía que, en vez de hacer su trabajo, se dedica a apresar, perseguir a la ciudadanía que demanda justicia por los más de 500 asesinados, los desaparecidos y las presas y presos políticos por la dictadura Ortega y Murillo .
La Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua condenó el abuso cometido contra Thelma Fardin y exigió que “se investigue los hechos denunciados contra el agresor sexual Juan Darthes para que el delito no quede en la impunidad y prevalezca la justicia para la víctima”. Algo que parece difícil por lo que definieron como un “sistema de justicia adverso y misógino” que funciona en Nicaragua. Aun así, “debemos mantener la denuncia y seguir exigiendo justicia. Sigamos sumando voces para exigir que ‘El tiempo de la impunidad para los abusadores sexuales debe terminar’”, apuntaron en un comunicado publicado en Facebook el miércoles.
El miércoles se conoció que le quitaron la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización que asesoró y acompañó en la denuncia a Thelma Fardin y que hace más de veinticinco años defiende derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, entre otros colectivos vulnerados.
Esta medida no es aislada ni directamente relacionada con su rol en la denuncia contra Darthes. Hay otras organizaciones sociales en estado de alerta por la amenaza del quite de personería. “Actualmente las organizaciones feministas y de mujeres están en la lista de quitar las personería jurídicas. Muchas de ellas están en exilio o escondidas por amenazas y asedio por parte de los paramilitares”, contó a este diario la activista feminista Martha Meneses.
Desde hace años, el movimiento feminista nicaragüense viene denunciando retrocesos en derechos de las mujeres. Uno de los ejemplos es la penalización del aborto sin excepción, aun cuando el embarazo sea producto de una violación o esté en riesgo la vida de la mujer. La ley del país permitía el aborto terapéutico en algunas causales pero desde 2006 la prohibición es total, poniendo en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas, como viene denunciando desde entonces Human Rights Watch, entre otros organismos y organizaciones.
Meneses es artista, trabaja en el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo y es parte del movimiento feminista de Nicaragua. Desde allí, respondió algunas preguntas para PáginaI12.
–¿Están organizando acciones de apoyo a Fardin?
–En cuanto a lo poco que podemos hacer como movimiento de mujeres, esta denuncia nos agarra en un momento muy difícil ya que la represión se agudizó aún más. En Nicaragua está prohibido hacer plantones o actividades que aglutinen gente, han criminalizado todo tipo de actividades que exijan justicia por lo que no tenemos esa posibilidad. Hasta el momento nos hemos centrado en denunciarlo en las redes sociales (Facebook y Twitter).
–¿Cuál fue su reacción al conocer al denuncia?
–Cuando vi la denuncia pues te imaginarás... es de terror lo que ese depredador sexual le hizo a la joven. Ese es el pan nuestro de cada día en mi país, la violencia sexual es ya parte de la cotidianidad de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. Es una epidemia, quienes más la sufren son las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
Nicaragua tiene los índices más elevados tanto de embarazo adolescente como de mortalidad materna de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A nivel centroamericano, ocupa el segundo lugar, en mayor índice de tasa de denuncias de delitos sexuales. Según el último informe del Instituto de Medicina Legal, de 4941 peritajes registrados en el 2016, 4296 fueron de mujeres. Al desagregar las edades de 0 a 12 años denunciaron 1991 (1548 niñas y 443 niños); de 13 a 17 años, 2142 (2011 mujeres adolescentes y 131 hombres adolescentes); de 23 a 59 años, 469 (mujeres 453 y hombres 43) y de 60 años (2 hombres adultos y 13 mujeres adultas).
–¿Qué hacen las autoridades?
–Pues absolutamente nada, no hay campañas de prevención y en cuanto a la Justicia brilla por su ausencia. Según el gobierno de Ortega, la tendencia de las violaciones es de disminución al pasar de 1757 ocurridas en 2007 a 980 denunciadas hasta octubre de 2017. Pero si lo contrastamos con la realidad en los territorios donde trabajamos las organizaciones de mujeres, “bajando los índices” para nada. En el municipio de Esquipulas donde trabajamos, la violencia sexual es una de las más denunciadas por mujeres, niñas y adolescentes. El problema se agranda con el cierre de las Comisarías de la Mujer. Y por si fuera poco el dictador Daniel Ortega fue denunciado por su hijastra Zoilamérica Narváez por violación y quedó en la total impunidad.
–¿Cómo son las condenas en casos de abuso sexual en Nicaragua?
–En Nicaragua tenemos la Ley Integral Contra la Violencia de Género, en la cual los delitos sexuales son uno de los delitos más graves, las penas van de 15 o 20 años de prisión. En la última modificación del Código Penal impulsada por el gobierno de Ortega en el 2008, se disminuyeron las penas por delitos de violencia sexual.
–¿Cómo cree que puede avanzar judicialmente esta denuncia?
–Judicialmente veo muy poco probable que la denuncia prospere, la impunidad y el poco o casi nulo acceso a la justicia es lo que más se da, peor en el contexto en el que nos encontramos con una policía que, en vez de hacer su trabajo, se dedica a apresar, perseguir a la ciudadanía que demanda justicia por los más de 500 asesinados, los desaparecidos y las presas y presos políticos por la dictadura Ortega y Murillo .
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