ARGENTINA: Masacre de la calle Corro: diez represores procesados por el operativo
Entre ellos está Guillermo César Viola, un excoronel que preside una agrupación defensora de genocidas. Habían sido detenidos en diciembre pasado por orden del magistrado, que logró reconstruir cómo fue el procedimiento en el que asesinaron a cinco personas y secuestraron a otras cuatro.
El Ejército mandó más de 200 hombres. La Gendarmería envió tres tanquetas y la Policía Federal dispuso efectivos para rodear la zona. En esa mañana del 29 de septiembre de 1976, el cielo era especialmente plomizo en el barrio de Villa Luro, donde las fuerzas habían montado un operativo para atrapar a cinco integrantes de la Secretaría Política de Montoneros que mantenían una reunión. La acción terminó con los cinco militantes muertos –una de ellos era María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh– y con una familia secuestrada y paseada por distintos centros clandestinos de detención. A casi 46 años de los hechos, el juez federal Daniel Rafecas procesó a diez militares retirados que participaron de la masacre de la calle Corro al 105.
Vicki llegó a la casa de la calle Corro el 28 de septiembre de 1976. Ese día cumplía 26 años. Como no había encontrado con quien dejarla, entró con su hijita de un año, Victoria. Juntas pasaron la noche en esa vivienda hasta que las despertó el operativo del Ejército, según relató Rodolfo Walsh en “Carta a mis amigos”.
Junto con Vicki estaban otros miembros del Secretariado Político de Montoneros: Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Todos ellos fueron asesinados en la mañana del 29 de septiembre de 1976 mientras resistían el ataque que se había organizado desde el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, con asiento en Ciudadela. Vicki, al verse rodeada y saber que no tenía otra alternativa que la tortura y la muerte, se disparó en la sien.
Una vez terminada la resistencia en la casa, los militares ingresaron --incluso con una tanqueta-- y se llevaron a la familia que vivía ahí. A Lucy Matilde Gómez de Mainer y a su hijo Juan Cristóbal Mainer. También a su hija Maricel Mainer, que estaba de visita junto con su marido, Ramón Alcides Baravalle. A ellos los trasladaron inicialmente al centro clandestino conocido como Vesubio –ubicado en el cruce de la Autopista Riccheri y el Camino de Cintura– y después a la Superintendencia de Seguridad Federal, más conocida como Coordinación Federal. Lucy y Juan Cristóbal Mainer continuaron después detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
En la casa, estaba Victoria Costa, la hijita de un año de Vicki Walsh. Los militares también pasaron a buscar a la menor de los Mainer, Milagros, que estaba en la escuela. Las dos nenas fueron entregadas después a una tía de los Mainer.
Por los secuestros de los Mainer, por los homicidios de Molina Benuzzi, Bertrán, Salame y Coronel y por la tentativa de homicidio de Vicki Walsh, Rafecas procesó a diez militares que prestaron funciones en el GADA 101: Guillermo César Viola Viola, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González Ramos y Abel Enrique Re. Una de las curiosidades es que Viola es el titular de la Unión de Promociones (UP), que agrupa a uniformados que se resisten a los juicios por delitos de lesa humanidad.
“Junto con los familiares, como Patricia Walsh y Lucía Coronel, lo esperábamos hace mucho, ya que su lucha contra la impunidad alberga siempre la expectativa de justicia efectiva”, le dijo a Página/12 el abogado Matías Aufieri, que querella en la causa junto con Myriam Bregman. “Seguiremos peleando por la prisión común y efectiva, y para que se haga extensiva la investigación a las otras fuerzas que participaron del operativo y del genocidio en su conjunto: la Policía Federal, la Gendarmería, y desde ya, a los miembros del Batallón de Inteligencia 601 y otros miembros de inteligencia del Ejército”, agregó.
Una investigación de años
La causa se inició con una presentación que hizo el exPrograma Verdad y Justicia --de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-- después de analizar los documentos del GADA 101, legajos militares y testimonios de las víctimas. Una prueba clave fue el libro histórico del GADA 101 en donde quedaron asentados datos muy relevantes a la hora de entender cómo fue el armado de la operación.
En el libro histórico figura que el GADA envió a tres oficiales jefes al operativo de la calle Corro junto con otros trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados. La operación consistió en el armado de dos cercos concéntricos: el externo estuvo a cargo de la Policía Federal y el interno del GADA 101. Según esta documentación, el combate duró 45 minutos y, a las dos horas, los militares estaban regresando hacia Ciudadela. En el Juzgado Federal 3 les tomaron declaración a 81 exconscriptos y 40 de ellos, que estuvieron presentes, aportaron datos para entender cómo se preparó la operación de septiembre de 1976.
Los militares a quienes Rafecas detuvo en diciembre pasado buscaron desvincularse y dijeron que el GADA era unidad de reserva, que no pudo haber tenido un rol central en la masacre de la calle Corro. Sin embargo, eso no fue lo que dejó por escrito el que era el jefe de Operaciones del GADA 101 al momento del operativo. En noviembre de 1983, Julio César Romano hacía distintos reclamos administrativos porque no le daban la calificación que necesitaba para convertirse en coronel. Una de sus quejas decía que no tenían en cuenta que él había sido quien planificó y ejecutó la operación de la calle Corro de la que participó casi la totalidad del personal del GADA 101.
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