NICARAGUA: Murillo, una mujer en el poder, soporte fundamental del neo somocismo y el machismo
OPINIÓN
Nuevo “somocismo”: el oscuro legado de
Ortega-Murillo en Nicaragua
por Mladen Yopo 26 marzo, 2022, EL MOSTRADOR, Chile
El 7 de marzo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, presentó un informe lapidario sobre la represión del gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua. En este se identifica un “patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos” que suprimieron las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021 y que “creó un ambiente poco propicio para que se lleven a cabo elecciones genuinas, imparciales y creíbles”. Estos graves abusos han incluido la detención arbitraria de 39 críticos del gobierno antes de las elecciones, dentro de los cuales se encontraban siete candidatos presidenciales.
Cristiana Chamorro fue la séptima opositora y aspirante a la presidencia de Nicaragua en ser declarada culpable y condenada por los “delitos de lavado de dinero o traición a la patria”. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, quien fue embajador de Ortega en Estados Unidos (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro; el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite por internet; el líder campesino Medardo Mairena; y el abogado y político conservador, Noel Vidaurre.
La maquinaria judicial del gobierno de Ortega-Murillo (en la práctica no hay separación de poderes, están concentrados al igual que en la dictadura de Somoza) condenó a 13 años de cárcel a Miguel Mora, a Medardo Mairena, a Juan Sebastián Chamorro y a Félix Maradiaga, y a 9 años a Arturo Cruz y Noel Vidaurre. La condena de Cristiana Chamorro (13 años), que se basó en un informe preliminar y testigos que no fueron capaces de fundamentar las acusaciones, forma parte de una serie de procesos judiciales a líderes opositores y críticos al gobierno, acusados por “traición a la patria” o “lavado de dinero”. Además de las penas de prisión se les impuso a todos (menos a Pedro Joaquín Chamorro) una en córdobas y otra en dólares, imposibles de pagar y, si estas se llegaran a conmutar, equivaldrían a prisión perpetua, denunció el Centro Nicaragüense de los DD.HH. (CENIDH) al ascender a 56 millones de córdobas y 1600 millones de dólares, de acuerdo a un abogado de la defensa.
Según la Alta Comisionada, la mayoría de esas personas han sido procesadas por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Sus derechos y garantías más básicas han sido violadas, como el debido proceso. A muchos se los mantuvo absolutamente incomunicados y a algunos en régimen de aislamiento durante un período prolongado (lo que podría constituir tortura sicológica), incluso cuando se permitían visitas familiares, estas eran muy restringidas. Además, los detenidos no recibían suficiente comida ni tenían dietas adecuadas, lo que se reflejó en visibles pérdidas de peso. No se les permitía recibir alimentos de familiares, y los guardias mantenían las luces de sus celdas encendidas toda la noche. A algunos detenidos con enfermedades crónicas se les negó la atención médica especializada. Además, siguen presos más de una centena de personas críticas al gobierno, detenidas de forma arbitraria y abusivas, según organizaciones nicaragüenses de DD.HH.
Adoptando leyes represivas que violan el derecho a la participación política y a la libertad de expresión, el gobierno de Ortega-Murillo también ha atacado a organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos y periodistas. Por ejemplo, la Fiscalía acusó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas como beneficiarios de platas para la supuesta desestabilización del gobierno. Desde el 2018 las autoridades han cancelado la personería jurídica de varias organizaciones no gubernamentales y universidades aduciendo “conspiración” en contra del orden público.
De acuerdo a Human Rigths Watch (08/10/2020), entre otras, en septiembre de 2020 legisladores oficialistas presentaron un proyecto rotulado “agentes extranjeros”, que permitiría al gobierno controlar las actividades de cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de DD.HH. y medios de comunicación. En el mismo mes, se presentó otro proyecto sobre “ciberdelitos” para penalizar la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet, que podría usarse para limitar la libre expresión al establecer penas de hasta 4 años de cárcel para quien, valiéndose de las tecnologías, “publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”. También se castigaría con hasta 5 años de cárcel a quienes publiquen “información falsa o tergiversada” que “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, todos términos imprecisos, no definidos y que los caracterizarían instituciones del gobierno.
El informe de la expresidenta Bachelet también indica que las autoridades no han realizado avances para garantizar justicia por violaciones de DD.HH., entre ellos, los cometidos por la policía durante la feroz represión que desplegó el gobierno contra manifestantes en 2018 (hablamos de 300 muertos y centenas de heridos). No hay información que indique que algún policía esté siendo investigado por estos hechos, dada la absoluta falta de independencia judicial en Nicaragua, que hace altamente improbable que haya justicia para las víctimas dentro del país y, por lo mismo, los miembros del Consejo de DD.HH. de la ONU deben ofrecer una vía alternativa para investigar estos delitos.
Nicaragua representa hoy una de las principales crisis de la democracia y de los DD.HH., cuyo gobierno une el autoritarismo y la violencia en el ejercicio del poder, efectos que incluso han alcanzado a figuras tradicionales del sandinismo. El País del 14/06/2021, por ejemplo, informaba que Daniel Ortega, “exguerrillero reconvertido en autócrata”, asestaba un duro golpe al viejo sandinismo al ordenar la detención de tres relevantes figuras y antiguos compañeros de armas en la lucha contra la dictadura de la dinastía Somoza (1937-1979): Dora María Téllez (la Comandante 2), Víctor Hugo Tinoco (exvicecanciller) y Hugo Torres (este formó parte de un comando guerrilleros que en 1974 irrumpió en la casa de un importante ministro de Somoza y participó junto a Téllez en el asalto al Palacio Nacional). El exguerrillero Hugo Tinoco, detenidos desde el año pasado, está "grave de salud" y se teme por su vida, advirtieron hace poco familiares y organismos de DD.HH. (DW 15/03/2022).
Téllez, Tinoco y Torres representan a ese viejo sandinismo que, al sentir traicionada la causa revolucionaria, se alejaron del ahora partido Frente Sandinista de Liberación Nacional controlado por Ortega, convirtiéndose en opositores al régimen de Ortega-Murillo. Dora María Téllez, la mítica Comandante 2, en una entrevista con El País en 2016, acusó que Ortega pretende “institucionalizar la sucesión familiar” para garantizar la permanencia en el poder del Frente Sandinista, que, en opinión de la exguerrillera, Ortega “parasitó” para convertirlo en “una entidad dominada por un caudillo” y una “organización familiar”.
El autoritarismo y la violencia en Nicaragua articulan a las élites empresariales, militares y políticas en respuestas conjuntas (represión sistémica) ante las protestas de trabajadores, campesinos, estudiantes, movimientos sociales y demás sectores sociales.
Otro alejado y perseguido por el régimen de Ortega-Murillo, es Sergio Ramírez, novelista y poeta (Premio Cervantes), miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el poder en Nicaragua tras el triunfo de la Revolución (19/07/1979) y posteriormente vicepresidente (1985-1990). Ramírez ha dicho que “la sostenibilidad de un régimen de cualquiera naturaleza que sea… se basa en un mínimo de consensos sociales o políticos, y en Nicaragua no hay ninguno. La única arma del régimen es la represión, y eso desgasta obviamente a larga… (y) la revolución deja de ser de izquierdas y de derechas" (EFE, 22/02/2022). Al preguntársele si hay una dictadura, su respuesta es un “Sí. Hay una suspensión virtual de todas las garantías constitucionales” (La Tercera, 02/07/2021).
Irónicamente, Ramírez ha dicho que el de Nicaragua es "el único régimen del mundo que es esotérico. Unos gobernantes que creen en los árboles de la vida, en la estrella de cinco picos, en el ojo de Fátima y lo usan como símbolo de poder", lo que no deja de ser "una seducción para alguien que escribe novelas". Sin embargo, detrás de esta ironía está el modelo cultural de dominación narrado en la autoridad patriarcal del hombre fuerte atada una vez más a la autoridad de Dios y la construcción de una representación femenina de la nación con base en el modelo familiar. Como lo relatan Antonio Monte y Juan Pablo Gómez en su artículo “Autoritarismo, violencia y élites en Nicaragua. Reflexiones sobre la crisis (2018-2019)”, precisamente este cambio de discurso por parte de Ortega, de ateo declarado a líder místico de una nación “Cristiana, Socialista y Solidaria”, fue en paralelo al cambio experimentado en la estructura del FSLN. En el FSLN se concentró el poder en el liderazgo absoluto de Ortega, mientras que este pactaba con las élites políticas, militares, empresariales y religiosas. Esta transición que se vivió dentro de la estructura del FSLN en la década de los noventas, convierte al Frente en partido político, poder económico y estructura de caudillo.
Poder, enriquecimiento y corrupción
La concertación entre el gobierno y los empresarios fue elevada a rango constitucional, institucionalizando la relación entre estos dos sectores. La unión entre el Consejo Superior de la Empresa Privada - COSEP y el gobierno del FSLN se consolidó en 2009. Ortega se acercó a los empresarios para resolver los efectos de la crisis financiera internacional en Nicaragua. Además, las elecciones municipales de 2008, teñidas de irregularidades que provocaron protestas de la oposición política, sumado esto a sanciones de los EE.UU. y la UE, propiciaron que el régimen designara al COSEP y a los grandes empresarios como el principal interlocutor en la sociedad nicaragüense. A este modelo se le denominó “Modelo COSEP” y/o “corporativismo autoritario”.
Antonio Monte y Juan Pablo Gómez expresan que las élites empresariales, militares y políticas recurrieron a una larga práctica de “pactos” y amarres políticos para implementar un modelo de desarrollo, el cual volvió a concentrarse en la agroexportación, el extractivismo y la explotación de mano de obra barata. A su vez, agregan que el modelo descansó en las inyecciones de la ayuda venezolana (hasta que pudo) que fue utilizada indiscriminadamente y sin control público para financiar programas sociales y enriquecer, al mismo tiempo, a la familia en el gobierno. “Esta política pactista fue encubierta mediante el discurso católico y colonial de larga duración en Nicaragua”.
Este pacto trajo aparejada la corrupción. En un artículo de Ciper (22/02/2022) de Octavio Enríquez, se expresa que la fortuna de la familia presidencial en Nicaragua se maneja como un secreto de Estado. Hace veinte años los Ortega-Murillo declararon un patrimonio conjunto de US$ 375.000. Sin embargo, la existencia de 22 compañías privadas, a nombre de 18 ejecutivos de empresas y cinco abogados (todos allegados a la familia presidencial), revela una red de negocios que ha tenido un crecimiento exponencial tras el regreso al poder de Ortega, calculada en US$ 5.000 millones entre 2007 y 2016.
Una investigación de Confidencial, agrega el artículo de Octavio Enríquez, comprueba también el aprovechamiento que hacen estas empresas “del clan presidencial” de los fondos del Estado a través de contratos con instituciones públicas, y las ventajas obtenidas a cambio de la concesión otorgada a la empresa de telecomunicaciones Xinwei (del empresario chino Wang Jing), que les cedió un 30% de acciones, así como en la red de gasolineras DNP-Petronic, y en el caso de la televisora estatal Canal 6, manejada por una empresa privada. Asimismo, a partir de esta investigación se confirma el nepotismo de los Ortega-Murillo con los parientes con cargos en el Estado y otros que reciben salarios de las compañías de la red, incluyendo ocho hijos de la pareja. Se confirma, además los intereses económicos de los Ortega-Murillo en petróleo, con compañías como Alba de Nicaragua S. A. (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) en el rubro de gasolineras. También está en bienes raíces con ICSA Inmobiliaria y Urbanizadora Industrial, S. A. (URBISA), en publicidad como Lumicentro o Difuso, en servicios como Desarrollo, Tecnología y Comercio Global y en medios de comunicación. Y quizás este último rubro sea el más visible hasta ahora, por la presencia de los hijos de la pareja presidencial al frente de empresas como Canal 4, 8, 13 y en radioemisoras como la Sandino y Variedades, entre otras.
Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua, identificó en 2016 una disputa establecida entre las élites y una mayoría de la sociedad orientada a lograr mayor equidad (una contradicción de clase). La investigadora planteaba un panorama en que los intentos por construir un sujeto colectivo crítico y distanciado de la tradición autoritaria coexistía con sectores acomodados a prácticas clientelistas y patrimonialistas
Monte y Gómez relatan que, desde el inicio de la crisis en abril de 2018 –una ola de protestas por demandas sociales que se extendió por todo el país y se prolongó por varios meses–, el discurso gubernamental se ancló a un patrón de descalificación y desconocimiento hacia la ciudadanía opositora y crítica de la represión. Los organismos nacionales e internacionales de DD.HH. han incluido en esta estrategia comunicacional la estigmatización de las protestas sociales como uno de los elementos que caracterizan el patrón de violencia estatal. Como bien señala Hannah Arendt en su análisis sobre los orígenes del autoritarismo, el terror solo puede gobernar sobre personas que están aisladas y, por lo mismo, desde la irrupción de esta crisis el gobierno de Ortega-Murillo ha tratado de romper el tejido social nicaragüense hasta su forma más esencial. Su objetivo ha sido obstaculizar cualquier lazo de interdependencia entre la ciudadanía en la perspectiva de “precarizar” la vida de la ciudadanía disidente. Con este término en el discurso oficial, dicen Monte y Gómez, “nos referimos a que el trato de los disidentes como enemigos, cuyas muertes no son tomadas en cuenta, anula la vida misma del adversario político”, lo que le permite operacionalizar su esquema de poder y justificar la violencia que lo sostiene en la triple dimensión que plantea Slavoj Žižek: la violencia subjetiva, objetiva y sistémica.
El autoritarismo y la violencia en Nicaragua articulan a las élites empresariales, militares y políticas en respuestas conjuntas (represión sistémica) ante las protestas de trabajadores, campesinos, estudiantes, movimientos sociales y demás sectores sociales. A pesar de las 2 rondas de negociaciones fallidas que se efectuaron en mayo de 2018 y febrero de 2021, desde el 2018, y como lo expresa Elvira Cuadra Lira (Nueva Sociedad, 02/2021), “se ha instalado una política de represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y familiares de víctimas de la represión”.
A pesar de esta realidad represiva, el autor de Tongolele no sabía bailar, que retrata la represión a las protestas sociales en el 2018, Sergio Ramírez, dice que todavía hay una vieja izquierda en la región que está dispuesta a defender a Ortega como si se tratara de una revolución a la imagen de lo que era la revolución en los 60 y 70. Ramírez también apunta a Estados Unidos: “Yo veo que, mientras el secretario de Estado hace declaraciones muy fuertes contra Ortega, el FMI, sobre el que EE. UU. tiene una gran influencia, le da a Ortega un préstamo de US$ 400 millones” (Deutsche Welle), quizás para mediatizar la influencia rusa y de China.
Las denuncias sobre el legado de Ortega-Murillo en Nicaragua (autoritarismo, violencia, nepotismo y corrupción, un nuevo somocismo) no paran. Recientemente fue el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, quien en un discurso apunto a las arbitrariedades de la “dictadura de Daniel Ortega”, como la falta de libertad de prensa, de separación de poderes, la confiscación de universidades, cancelación de 130 organizaciones civiles, además de abogar por la liberación de los más de 170 presos políticos. “La gente de adentro del Gobierno está cansada de la dictadura”, dijo (El País, 23/03/2022).
El fallecido Ernesto Cardenal, sacerdote sandinista y ministro de Cultura del primer gobierno post Somoza (1985-1990), que se distanció del sandinismo a principio de los 90 del pasado siglo y tras el regreso de Ortega al poder (2007) se convirtió en férreo crítico de lo que llamó "la nueva dictadura", acusó a Ortega de traicionar los ideales de la revolución para quedarse con el poder, “empezaron a robar, hicieron grandes fortunas que todavía las tienen y que son los que ahora gobiernan llamándose sandinistas, pero no lo son” (RFI, 02/03/2020). En una entrevista a DW el 2019, Cardenal expresó: "Y lo sigo diciendo: no al diálogo. Queremos simplemente que la pareja presidencial se vaya, no hay nada que dialogar”.
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