EL SALVADOR: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
"Es negar el derecho a una vida digna"
“El derecho al cuidado implica que los Estado debe garantizar derechos fundamentales para las niñas, las mujeres y personas gestantes como el derecho a la vida digna, la salud, educación, a la protección contra todo tipo de violencia y el derecho al aborto legal y seguro”, dice a Página 12 Sara García, activista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, donde el aborto está criminalizado sin excepciones, se han condenado a 30 y 40 años de cárcel a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y ni siquiera se interrumpen los embarazos ectópicos. García es una de las protagonistas del documental “Cuerpos Juzgados”, que este miércoles se exhibirá a las 20 en el cine Gaumont como parte de las actividades paralelas y oficiales de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de la Cepal que se inauguró oficialmente este martes. Estrenado este año, el film aborda las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en el país centroaméricano. A finalizar la exhibición está previsto un panel donde participará García, Fernanda Doz Costa, de Amnistía Internacional y la mexicana María Antonieta Alcalde de Ipas LAC, una organización que busca garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en cuatro continentes.
El documento del Foro Feminista que se leyó este martes en la inauguración de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de la Cepal hace un llamado especial a los gobiernos que participan de esta cumbre sobre la región centroamericana en “donde la penalización del aborto es absoluta”, en particular en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Honduras, y en particular, además, sobre la imposibilidad en este último país para acceder a la anticoncepción hormonal de emergencia. Además, destaca que en 2023 la Corte IDH tratará el caso de Beatriz, una joven a la que el Estado salvadoreño le negó la interrupciónde un embarazo de feto anencefálico, es decir, sin posibilidades de sobrevida, donde se espera una condena al país por “los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ella enfrentó debido a la penalizaciónabsoluta del aborto”. “En un marco de retrocesos democráticos en la región centroamericana este caso trae esperanzas para avanzar en la justicia reproductivaen toda América Latina y el Caribe”, expresa el documento consensuado entre las más de dos mil participantes del Foro Feminista, que se desarrolló el lunes, en el predio de la Ex ESMA.
--¿Cómo impacta en las mujeres y personas gestantes centroamericanas la criminalización absoluta del aborto? –le preguntó Página 12 a Sara García.
--Se niega el derecho a tener una vida digna, se impone la criminalización, persecución y discriminación interseccional; estas violencias de Estado contra las mujeres, atraviesa a los cuerpos de mujeres jóvenes, que viven en situación de pobreza. Es importante, plantear que el contexto centroamericano, hace que se profundicen desigualdades, debido a todos los retrocesos democráticos, la creciente militarización y dictaduras, que ponen en riesgo a las defensoras de derechos humanos.
--¿Y cuáles son las consecuencias en particular en El Salvador de este marco tan restrictivo?
-- Desde que se penalizó de forma absoluta el aborto en El Salvador en 1998 a la fecha, 197 mujeres han enfrentado procesos judiciales por aborto o emergencias obstétricas. Además, es preocupante la situación de las niñas madres, porque se impone la tortura a chicas de 10 a 14 años que son obligadas a continuar gestaciones forzadas, violentando la posibilidad de construir un proyecto de vida digna --señaló García.
A partir del trabajo de la Agrupación Ciudadana junto a otras organizaciones, han recuperado su libertad más de sesenta mujeres en El Salvador, que habían sido injustamente encarceladas luego de enfrentar pérdidas de embarazos como consecuencia de emergencias obstétricas, y haber sido denunciadas por aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Pero en el último año se registraron otras dos condenas por causas similares, una de ellas a una pena de 50 años de cárcel.
--¿Por qué el caso de Beatriz que tratará la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer trimestre de 2023 es la esperanza ante estos marcos normativos?
--Ante el continuum de injusticias reproductivas que se viven en El Salvador, el caso de Beatriz en la Corte IDH es la posibilidad de que esta realidad cambie. Esta es la primera vez que la Corte conocerá el caso de una mujer que se atrevió a solicitar un aborto en medio de un contexto tan conservador y punitivista. Beatriz desafió al sistema y con su fuerza y valentía, ha generado un precedente fundamental. Ella tenía lupus y un embarazo que los médicos le recomendaron interrumpir pues el feto no había desarrollado el cráneo ni el cerebro. Esto ocurrió en el año 2013. Continuar el embarazo afectaría su frágil salud y pondría en peligro su vida. La Sala Constitucional le negó una autorización para abortar. Recién luego de que la Corte IDH obligó al Estado a interrumpir ese embarazo, se hace la práctica. Esperó 81 días. Pero su salud quedó afectada. Nunca vuelve a ser la misma. El 8 de octubre de 2017 Beatriz muere por una neumonía adquirida en un hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito. Después de todo lo que le pasó, su salud era demasiado frágil para resistir. Su hijo quedó huérfano a los 5 años al cuidado de su familia. Esperamos que el Estado sea condenado, y que una de las medidas de no repetición sea la despenalización del aborto. Beatriz es esperanza para todas, su historia nos conmueve y por eso, luchamos, por la justicia y reparación.
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