España se encamina a ampliar el derecho al aborto
España se encamina a ampliar el derecho al aborto
La norma devolverá la capacidad para abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento parental. Esa posibilidad fue prohibida en su momento por el Partido Popular.
Para evitar esta circunstancia, la nueva norma tiene previsto regular la objeción de conciencia, creando un registro de médicos objetores en cada comunidad autónoma (quienes tienen las competencias en sanidad) y así poder planificar plantillas que aseguren la interrupción del embarazo en centros públicos y hospitales. En 2020, últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, cinco comunidades autónomas no habían realizado ningún aborto en centros públicos y el número en las restantes es anecdótico.
Tal como ha afirmado la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, en una reciente entrevista con Público, la nueva norma eliminará todas las trabas y "tutela patriarcal" hacia las mujeres. En este sentido se eliminarán los tres días obligatorios de reflexión que existen en la actualidad y la obligación de recoger un sobre previo con información antes de interrumpir el embarazo. Algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, incluyen en el sobre información de ayudas para mujeres embarazadas, pero no información concreta sobre el proceso. La norma garantizará el derecho a la información, una de las trabas que desde hace años denuncian las organizaciones de defensa de la salud sexual y reproductiva en nuestro país.
Blindar la ley de la inconstitucionalidad
El texto contiene también una disposición que supondría la derogación de la actual ley del aborto de 2010 cuando se apruebe el nuevo texto. La ley vigente fue recurrida hace doce años por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, un recurso que aún está por resolverse. Con esta medida, el Gobierno quiere asegurar que desactiva dicho recurso dejándolo sin valor.
Los vientres de alquiler, un tipo de violencia
El anteproyecto considera como violencia hacia la mujer los vientres de alquiler, es decir, contratar a mujeres para gestar un bebé, una práctica prohibida en España pero que muchas parejas realizan en el extranjero (principalmente el Estados Unidos y en países de la Europa del este como Ucrania). Además incluye la prohibición de la publicidad de las empresas intermediarias en España, una medida contenida ya en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, que la consideran como una "mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas" y que ha sido anunciada desde el inicio de la legislatura por la ministra Irene Montero.
Pero Igualdad ha ido un paso más allá en la persecución de esta práctica que con esta norma se consideraría delictiva y ha incluido en la norma la posibilidad de que los tribunales persigan a las parejas que recurran a esta práctica en el extranjero.
Derecho a la salud menstrual
La nueva norma incluye un amplio capítulo sobre el derecho a la salud menstrual, como una baja laboral por tener la regla, que será de tres días y el hecho de que los centros educativos deban garantizar productos higiénicos para la menstruación, como forma de combatir lo que se conoce como "pobreza menstrual". Contempla, también, el acceso a los productos higiénicos de forma gratuita a mujeres en situaciones de exclusión y eliminará el IVA para estos productos. Un impuesto que en la actualidad es del 10%. La norma contempla también una baja laboral tras la interrupción voluntaria del embarazo.
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